miércoles, 5 de septiembre de 2007

LA ASOCIACIÓN PROPONE CONSTITUIR UNA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA EL ESTUDIO Y LA DEFINICIÓN DEL NUEVO MARCO LEGAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Zaragoza, 5 de septiembre de 2007.

La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, efectuada mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, por las Cortes Generales, ha venido a establecer el régimen común aplicable al personal funcionario y laboral de todas las Administraciones Públicas, dando con ello desarrollo a lo previsto en los artículos 103.3 y 1491.18ª de la Constitución española.

Coherentemente con las competencias que corresponden a las diferentes Comunidades Autónomas para regular el régimen de función pública de sus respectivas Administraciones, dentro del respeto a las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos fijado por el Estado, el artículo 6 de la citada Ley 7/2007 señala que “en desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

La trascendencia que la definición del nuevo modelo de función pública aragonesa cuenta para el futuro de la Comunidad Autónoma aconseja que el citado desarrollo legislativo vaya precedido de un profundo ejercicio de análisis y reflexión sobre las diferentes opciones posibles y sobre las razones que permitan decantarse por alguna de ellas, determinando asimismo las medidas que en otros ámbitos de la organización y funcionamiento de la Administración deban adoptarse para obtener un modelo de función pública eficaz y congruente.

Con el fin de alcanzar tal objetivo, sería oportuno, a juicio de esta Asociación, la constitución de una Comisión de Expertos para el estudio y preparación del anteproyecto de ley de función pública aragonesa, aplicando con ello similar medida a la adoptada por la Administración General del Estado para el estudio y elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público, a través de la comisión constituida por Orden de 16 de septiembre de 2004, del Ministerio de Administraciones Públicas (BOE de 21 de septiembre de 2006).

Dicha Comisión debería integrar a expertos del ámbito académico y de las propias Administraciones Públicas, contando con el apoyo material preciso por parte de la Administración autonómica y la posibilidad de mantener reuniones con autoridades, otros expertos nacionales e interlocutores sociales, asegurando con ello el principio básico de participación ciudadana y diálogo social. Los trabajos de la Comisión deberían gozar de publicidad suficiente en la web, en un formato que permita ser seguidos y valorados puntualmente por los ciudadanos.

9 comentarios:

Anónimo dijo...

Imagino que ahora que se vuelven a constituir las Cortes se volverá a pedir la comparecencia ante la Comisión correspndiente. A ver qué pasa. Hay que darse a conocer.

Anónimo dijo...

Imagino que ahora que se vuelven a constituir las Cortes se volverá a pedir la comparecencia ante la Comisión correspndiente. A ver qué pasa. Hay que darse a conocer.

Anónimo dijo...

¿Perder el anonimato?

Anónimo dijo...

Bien está el exponer las propuestas de la Asociación ante las Cortes de Aragón, pero debería insistirse en el modo de designar a los miembros de los Tribunales en las oposiciones.

Anónimo dijo...

Aunque sea en formato breve, el Heraldo de Aragón recoge hoy bastante bien la iniciativa de la Asociación.

Parece que las propuestas de esta Asociación no son indiferentes a los medidos de comunicación. Con suerte, la Administración Pública pasará a estar en la agenda de los medios, como no podía ser de otro modo.

Anónimo dijo...

Me convence la idea de que las leyes con amplia incidencia en lo organizativo se elaboren con un previo estudio elaborado por expertos en la materia y profundos conocedores de la realidad a regular.

Eso, lógicamente, supone que el nivel político quiera regular para mejorar y no por mera estadística legislativa, generando normas que ni siquiera el Gobierno acaba por tomarse en serio, aplazando sine die su desarrollo o su aplicación, como ocurre en el caso de la Cámara de Cuentas -algo que debería sonrojar a cualquier responsable político con un mínimo de pudor democrático-.

Esos trabajos de reflexión previa aportan un rico caudal de ideas, permiten diseños más maduros o consistentes de los elementos a introducir en la regulación y, sobre todo, incorporan transparencia y razonabilidad al trabajo normativo.

Eso, por supuesto, no debe desplazar ni eclipsar el imprescindible debate parlamentario sobre la orientación y el contenido de la norma.

Anónimo dijo...

Hay que insistir en el principio de transparencia en la gestión pública y combatir la inevitable tendencia a la opacidad de todo responsable público.

Anónimo dijo...

Espero que la Asociación informe en el propio blog respecto a cualquier posible respuesta del Consejero de Presidencia sobre esta cuestión.

Anónimo dijo...

De momento no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera un protocolario acuse de recibo, pero nada es descartable.