Zaragoza, 31 de mayo de 2007.
Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo.
Estimado Señor:
En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle mi preocupación por el hecho de que la Oferta de Empleo Público para el año 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, al contemplar el turno de acceso al empleo público para personas discapacitadas, reserve para el mismo solamente un tres por ciento de las plazas ofertadas, en lugar del cinco por ciento que prevé el artículo 56.3 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y que, igualmente, establece el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.
Si bien es cierto que para el personal funcionario cabría aplicar la reserva del 3 por ciento, prevista en la Disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, precepto no derogado por el Estatuto Básico en la fecha de aprobación del Decreto 67/2007, dicho porcentaje no resulta válido para el personal laboral. Además, toda vez que el citado Decreto 67/2007 incorpora en su contenido previsiones materiales del Estatuto Básico del Empleado Público, pese a no haberse producido en dicha fecha su entrada en vigor, nada impide que la reserva para el turno de discapacitados contemple el cinco por ciento de las plazas ofertadas, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, dando con ello aplicación a un criterio de acción positiva que se ha querido común para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Por todo ello, y al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, solicitamos la modificación de los términos del artículo sexto del Decreto 67/2007, con el fin de adecuar el número de plazas reservadas al turno de discapacidad a lo ya señalado en el vigente Convenio Colectivo así como al criterio fijado por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Al margen de lo señalado, esta Asociación considera que la Oferta de Empleo Público incurre en muchas otras deficiencias que requerirían una revisión en profundidad de la misma, razón por la cual le comunico nuestra voluntad de promover diferentes acciones para garantizar el necesario respeto al derecho constitucional de acceso al empleo público de todos los ciudadanos y la adecuada atención de las necesidades de funcionamiento de la Administración autonómica.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragones
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
14 comentarios:
Os agradezco que hayáis comenzado a poner en el blog, a disposición de todos, los documentos o escritos elaborados por la Asociación y dirigidos a Consejeros o instituciones, pues eso permite conocer mucho mejor el tipo de trabajo desarrollado.
Gracias por este esfuerzo de transparencia.
¿Se ha contestado alguno de los escritos enviados con anterioridad al Consejero de Economía?
De momento, nada de nada.
Justamente lo que imaginaba. ¿por qué nunca nos sorprenden los políticos con una respuesta atenta y diligente? Nos harían pensar por un momento que les importa algo la gente.
Desengañémonos, lo que verdaramente les preocupa es mantenerse en el cargo, y eso se comprueba en momentos como el presente. ¿Se cuida, acaso, la coherencia de los pactos?
Todos los días un escrito, por lo menos. Como los plátanos.
No hay que obsesionarse con estar hablando todos los días. Vale más madurar las cosas, sopesarlas y lanzarlas cuando se está seguro de lo que se dice y en la crítica se contiene, de paso, la alternativa posible.
Insisto, y veo que así se hace, en la conveniencia de formular este tipo de escritos como derecho de petición, pues aunque no aprecien el matiz, ya que cuentan con unos gabinetes de ignorantes, como cabe comprobar a diario, el derecho de petición obliga a acusar recibo de los escritos y a contestarlos, y en su momento cabrá denunciar ese incumplimiento ante el Defensor del Pueblo o ante el Justicia de Aragón.
Ya veo que también la Asociación elabora su estategia hasta en la formulación de los escritos.
¿Se ha contactado con las entidades representativas de discapacitados, para exponerles el incumplimiento que supone la oferta de empleo público aprobada por el Gobierno de Aragón? Creo que es necesario que estén informados de cualquier actuación de la Asociación que afecte a la cuestión.
Transcribo para conocimiento general lo que dice una disposición adicional de la Ley de la Dependencia, concretamente la octava: "Las referencias que en los textos normativos se efectúan a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones utilizarán los términos persona con discapacidad o
personas con discapacidad para denominarlas".
El Decreto que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007 incumple dicho precepto, por desconocimiento de la norma hay que suponer, pues su artículo sexto lo titula "Personas con minusvalía".
Un simple detalle que sería menor si no llevase aparejado, además, el incumplimiento del porcentaje de plazas reservadas al turno de personas discapacitadas. Esto último ya no es un problema de terminología sino de legalidad y justicia.
¿Dónde queda aquello tan bonito que decían los manuales de derecho administrativo de que la Administración pública debía ser un empleador modélico?
Hoy dará traslado la Asociación a las entidades representativas de discapacitados de su posición sobre el incumplimineto del turno de reserva a personas con discapacidad.
¿Seguimos sin respuesta?
Publicar un comentario