Zaragoza, 4 de mayo de 2007. Ayer, en una de las salas de reuniones de la Junta Municipal Centro (C/ Hernán Cortés, 33), del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró la tercera reunión de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
Tras aprobar el orden del día propuesto y el acta de la sesión anterior, el Presidente de la Asociación informó de las diferentes actuaciones realizadas, en particular del acto de presentación de la Asociación en Huesca, realizado el día anterior en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, con un desarrollo satisfactorio, y con un amplio eco en los medios de comunicación, principalmente en Radio Huesca y Diario del Altoaragón, y del ciclo de conferencias sobre “El futuro de la función pública”, señalando los avances obtenidos para la realización de las sesiones de los días 16 y 23 de mayo, dedicados a una conferencia sobre “Ética pública y gobierno democrático”, impartida por Pablo García Mexía, Letrado de las Cortes Generales, y a una mesa redonda de las fuerzas políticas aragonesas con representación en las Cortes de Aragón para conocer sus propuestas en materia de administración y función pública.
Posteriormente, tras el informe del Tesorero sobre la apertura de la cuenta bancaria de la Asociación y el inicio de los trámites para pasar al cobro de los socios el importe de la cuota fijado por la asamblea constitutiva (30 euros), el debate se centró en el inicio de la campaña pública para reclamar la aprobación de una oferta de empleo público que atienda debidamente las necesidades de funcionamiento de los diferentes servicios de la Administración autonómica, acordándose, tras una amplia participación de todos los miembros de la Junta, el ejercicio de acciones legales para exigir al Gobierno de Aragón el cumplimiento de la legalidad en cuestión de oferta de empleo público, autorizándose al Presidente las actuaciones necesarias para la impugnación del Decreto 38/2007, de 27 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007, de personal docente no universitario, al entender que la misma no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Finalmente, se debatió ampliamente el contenido del documento de propuestas que la Asociación va a remitir a los diferentes partidos políticos, con motivo de las elecciones autonómicas del 27 de mayo, formulando un conjunto de recomendaciones y sugerencias referidas al funcionamiento de la Administración autonómica, a la ordenación de la función pública aragonesa y al conjunto del sistema institucional de la Comunidad Autónoma.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
4 comentarios:
Me parece muy atractiva la conferencia prevista para el próximo 16 de mayo y creo que debería darse a la misma la máxima difusión, ya que su interés trasciende no sólo la Administración autonómica, sino también el conjunto de las Administraciones, siendo de interés para el conjunto de la ciudadanía. Es un modo también de dar a conocer a la Asociación al conjunto de la sociedad.
Creo que debería informarse de la forma en que van a formarse los grupos de trabajo, en los que puedan integrarse los asociados o los que deseen participar en su actividad. Creo que seguís sin publicar las normas de funcionamiento de los mismos.
Hago aquí un comentario o referencia a la creación, aparecida hoy en el BOA, de una nueva empresa pública, porque, por más que lo pienso, es decir, por más vueltas que le doy a la cabeza,no soy capaz de comprender la lógica que subyace en dicha decisión.
Se crea una sociedad anónima, participada al cien por cien, por la empresa pública Suelo y Vivienda (parecería ser que el Gobierno de Aragón ha dicho a las empresas públicas lo de creced y multiplicaos) y su objeto es exclusivamente la ejecución de unos concretos proyectos de obras de institutos de enseñanza y centros de salud.
No parece que tal forma de proceder pueda considerarse mínimamente normal, pues dicha lógica nos llevaría a que aquellos Departamentos que tuviesen que ejecutar alguna obra pública, en lugar de tramitar el procedimiento de contratación oportuno, optasen por la constitución de la correspondiente empresa pública, generando así un conglomerado de empresas de difícil o imposible control o gobierno.
Salvo que se justifique lo contrario, la única razón que veo para todo ello es la posibilidad que ofrece dicho modelo de hurtar la gestión pública a los funcionarios, es decir, a los profesionales de la gestión pública, y de ofrecerla a aquellos amigos o correligionarios que se puedan colocar como directivos de las nuevas empresas.
El dinero público y las inversiones dejan de estar controlado por funcionarios públicos y, de paso, proliferan los consejos de administración societarios, donde los altos cargos perciben dietas extraordinarios por el ejercicio de sus responsabilidades públicas. ¡Quién sabe si, el próximo año, además, los Consejeros ganarán el premio a la excelencia empresarial!
Creo que esta proliferación de entes y empresas ha de denunciarse sin paliativos, pues no es sino un fraude a la función pública entendida en el mejor sentido de su expresión: profesionalidad, objetividad, imparcialidad, legalidad. Todo eso molesta y se evita por el fácil expediente de generar una clase empresarial pública, que ni es empresarial ni pública, sino un híbrido de lo peor de cada cosa.
Creo que la asociación debe posicionarse en este asunto defendiendo la profesionalidad de los funcionarios y la validez de la normas de contratación pública.Es posible que muchos politicos que hacen de la politica su profesión (esos que se meten en politica para encontrar trabajo cómodo o para huir de trabajos de bajo perfil ) no entiendan ni la función pública ni sus normas , porque no les llegan las entendederas o porque forman parte de la parte gris de la corrupción.
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