COMPROMISO NECESARIO.

Razones de diferente índole han venido retrasando la celebración de la asamblea anual de la Asociación, en la que, además de renovar parcialmente la Junta Directiva –incluidos los cargos de Presidente y Tesorero-, deberemos proceder a revisar los contenidos del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración que aprobamos al comienzo de la presente legislatura, y cuyas propuestas siguen siendo válidas en su práctica totalidad, dados los escasos avances institucionales que se han producido en materia de regeneración democrática y profesionalización de la función pública.

Frente a quienes sufren la tentación de desistir al observar la lentitud de los avances, por dificultades objetivas o por falta de verdadera voluntad política, o al detectar incluso retrocesos en el funcionamiento de la función pública y en la calidad democrática de nuestras instituciones, que lleva a pensar en la inutilidad de cualquier esfuerzo que pueda realizarse para invertir la tendencia actual, desde esta Asociación insistimos en la necesidad de mantenernos firmes en nuestras exigencias y planteamientos, aunque los vientos no soplen a favor. Justamente, en circunstancias adversas es cuando más necesario resulta mantener el rumbo y perseverar en el esfuerzo, tanto personal como colectivo.

Los ciudadanos –entre los que debemos entendernos incluidos los servidores públicos-, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación hemos de procurar que las organizaciones políticas y los responsables institucionales incluyan en sus objetivos prioritarios y en sus modos de actuación y desempeño el fortalecimiento de todos los valores democráticos y la indispensable regeneración institucional.

Hemos de reclamar que los “corruptos” que han desvirtuado el papel que corresponde a la política en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes y han deslegitimado en gran medida a nuestras instituciones democráticas, instrumentalizándolas al servicio de sus intereses personales y de su afán de lucro ilegítimo, sean expulsados de la vida pública, juzgados por todos sus abusos, inhabilitados y obligados a reintegrar todo el dinero público del que se han apropiado. Esa obligación de reintegro debe alcanzar también a las organizaciones (en particular, partidos políticos) que se han beneficiado de la gestión irregular de sus cargos políticos.

La corrupción es amplia y ramificada y la lucha contra la arbitrariedad del poder político –en cualquiera de los campos en que se produzca- es una contribución válida en la estrategia global contra la corrupción, en la que debemos sentirnos involucrados todos los ciudadanos, pues nuestra actitud es el más poderoso anticuerpo de la democracia para imponerse frente a quienes hacen de la actividad política mera oportunidad para el enriquecimiento personal y la degradación de nuestras instituciones públicas.

La defensa de la legalidad, es decir, la exigencia de que todos los poderes públicos actúen con pleno sometimiento a la ley, sin excepciones, es la primera y principal contribución a la prevención y lucha contra la corrupción, y en ello está y seguirá estando comprometida esta Asociación, al margen de que sus actuaciones e iniciativas puedan resultar más o menos acertadas, puedan obtener  o no algún resultado. Defender la legalidad es un compromiso ineludible para todo servidor público y debiera serlo para todo ciudadano que desea contribuir a la calidad de la democracia.