Al
igual que hicimos el pasado año, en relación con la aprobación de la oferta de
empleo público de 2015, hemos vuelto a reiterar a la Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales, María Victoria Broto, como responsable en materia de
transparencia pública, la necesidad de que el Portal de Transparencia del
Gobierno de Aragón contenga los documentos básicos de la tramitación de los
proyectos de decreto de oferta de empleo público, tal y como exige la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana.
Nuestra
petición de 2015 no solo no fue atendida –como puede comprobarse con la
persistencia del incumplimiento señalado-, sino que ni siquiera obtuvo respuesta,
a pesar de formularse en ejercicio del derecho fundamental de petición, que
obliga a la autoridad pública que la recibe a dar una respuesta razonada en un
plazo no superior a tres meses desde su recepción.
Pero
el silencio no es una estrategia compatible con el Estado de Derecho, los
principios democráticos de gobierno y la obligada transparencia de la actividad
pública, por lo cual esta Asociación vuelve y volverá a dirigirse a la Consejera del Gobierno
responsable en la materia para que ponga fin al incumplimiento señalado y también
para que respete el ejercicio del derecho de petición, en los términos
establecidos por el ordenamiento jurídico.
En
el caso de no obtener satisfacción a nuestra petición, nos veremos en la
obligación de elevar nuestra queja al Consejo de Transparencia de Aragón, en
cuanto órgano al que le corresponde, entre otras, la función de control sobre
el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como al Justicia
de Aragón, en cuanto a la reiterada lesión del derecho de petición ejercido, al
no obtener la respuesta debida por parte de la citada Consejera.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición dirigido
a la Consejera
de Ciudadanía y Derechos Sociales:
“Excma. Sra. Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales
Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 17 de agosto de 2016.
Estimada señora:
La aprobación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, ha introducido el deber de publicidad
activa para la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, entendiendo por ésta la obligación de difundir de forma permanente,
veraz y objetiva la información que garantice la transparencia de la actividad
pública.
Dicha información pública
ha de ponerse a disposición de todos los ciudadanos a través del Portal de
Transparencia del Gobierno de Aragón, siendo responsables de dicho cumplimiento
tanto el Departamento competente en la materia, actualmente el Departamento de
Ciudadanía y Derechos Sociales, como las
respectivas unidades de transparencia de los diferentes Departamentos, que han
de facilitar la información de inclusión obligada en el citado Portal de
Transparencia.
Entre la información
sujeta al régimen de publicidad activa figura la información de relevancia
jurídica que señala el artículo 15 de la
Ley 8/2015, como son los proyectos de reglamento o
disposición general, así como las memorias, informes y dictámenes emitidos con
motivo de su tramitación.
A pesar de la claridad
con que se formula la obligación de publicidad activa respecto a la tramitación
de las disposiciones generales elaboradas y aprobadas por el Gobierno de
Aragón, cabe constatar que los Decretos del Ejecutivo autonómico relativos a la
aprobación de Oferta de Empleo Público han sido sistemáticamente omitidos en el
Portal de Transparencia, con la reciente excepción de los relativos a la oferta
de empleo para 2016 para personal docente no universitario. En particular, se
omite toda información respecto al Decreto 109/2016, de 26 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2016 en el ámbito de la
Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Por ello, y de acuerdo
con el derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución
Española, le reiteramos nuestra solicitud de que adopte las
medidas necesarias para que el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón
incluya, como contenidos de relevancia jurídica sujetos al deber de publicidad
activa, todos los proyectos normativos elaborados por el Gobierno de Aragón, y
en particular los diferentes Decretos que aprueban las ofertas anuales de
empleo público.
Agradeciendo de antemano
su atención, reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente
de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa”
14 comentarios:
Desde la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración de la Comunidad Autónoma se han dirigido por carta a los Grupos Parlamentarios y entre otras cosas dicen lo siguiente:
"De los asuntos sobre los que la Junta de Personal de Servicios Centrales se ha
dirigido reiteradamente a la Dirección General de la Función Pública, que se detallan
en la relación adjunta y cuyos escritos de referencia se acompañan a la misma, no se
ha obtenido ninguna respuesta. No se atienden las demandas de las personas a las
que representamos, y ni siquiera se contesta o da acuse de recibo a nuestros escritos.
Y siguen en su carta:...Asuntos relacionados con la selección de personal, la provisión de puestos de trabajo, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, las retribuciones, la prevención de riesgos laborales que, a nuestro entender, entran plenamente en las competencias que nos atribuye la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quedan reiteradamente sin respuesta por nuestra Administración autonómica.
Por esta misma falta de respuesta de la D.G. de Función Pública, la Junta de Personal
de Servicios Centrales presentó el 22 de abril denuncia ante la Inspección de Trabajo
para conseguir que la DGA elabore y remita a este órgano de representación el plan
de evacuación y de autoprotección de los edificios en los que presta servicios el
personal al que representamos...
Habría que pedir ceses
Las comunidades siguen teniendo un tamaño elefantiásico a pesar de que España acumula una deuda que roza el 100% de su Producto Interior Bruto (PIB), de que no consigue cumplir con los objetivos de déficit público y de que Bruselas ha estudiado incluso imponerle una multa al país por no reducir los números rojos. Apesar de los recortes que se han anunciado a bombo y platillo desde que se inició la crisis, lo cierto es que las autonomías aún acumulan más funcionarios y más gasto público que antes de la crisis, según los datos oficiales que maneja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El aumento del personal de las administraciones públicas durante los últimos ocho años de crisis -sigue habiendo 7.242 empleados públicos más en 2016 que en 2007 a pesar de la congelación de la tasa de reposición o del cierre de empresas públicas- se ha producido básicamente por culpa de las autonomías, ya que tanto el Estado como los ayuntamientos han reducido su plantilla en este mismo periodo.
Según el Registro Central de Personal que actualiza el Ministerio de Hacienda cada seis meses, el número de asalariados de las comunidades ha pasado de 1.260 millones en enero de 2007 a 1.294 millones en enero de 2016, un incremento del 2,7% (34.000 efectivos más) que contrasta con las exigencias de austeridad a la que han sido sometidos los ciudadanos mediante subidas masivas de impuestos, creación de tributos y tasas o recortes salariales.
expansión
Hay datos especialmente llamativos si se tiene en cuenta que el ministro Cristóbal Montoro aún no ha activado ningún procedimiento coercitivo contra las autonomías que han incumplido los límites de déficit año tras año de manera sistemática. Por ejemplo, cinco comunidades han incrementado más de un 10% su personal durante la crisis. La autonomía que más ha disparado su plantilla pública es Baleares, que ha elevado un 28,9% el número de empleados en sólo ocho años. Le sigue de cerca Navarra, con un 17% más de trabajadores públicos; Aragón, con un 13,3%; Cataluña, con un repunte del 11,92%; y País Vasco con una subida del 10,07%. Sólo Andalucía (con un 5,5% de empleados públicos menos que antes de la crisis), Valencia (que ha recortado su plantilla un 5,1%) y Castilla y León (-1,46%) han aprovechado los recortes para reducir el número de empleados públicos durante la crisis económica más intensa de las últimas décadas.
Pero no sólo la Administración autonómica ha aumentado su plantilla a pesar de que no le ha tocado gestionar nuevas competencias y de que la población apenas ha crecido durante la recesión. Las universidades públicas -cuyo Presupuesto también depende de las comunidades autónomas- han pasado de tener a 96.256 personas en nómina antes de la crisis a 147.770 a comienzos de este año, un repunte del 53% incompatible con la reducción de los números rojos comprometida con las autoridades comunitarias en el marco del Protocolo de Déficit Excesivo.
expansión
En 2015 las comunidades dispararon el gasto público desoyendo las múltiples exigencias de austeridad del Gobierno, de la Unión Europea y de diversos organismos internacionales. En conjunto, la partida autonómica destinada a pagar la remuneración de los asalariados aumentó, por ejemplo, un 4% el año pasado; el gasto corriente se elevó un 4,1%, y las subvenciones crecieron un 5,2%.
En contra de quienes afirman que se han desmantelado los pilares del Estado del Bienestar, el gasto total de las comunidades autónomas en Sanidad y en Educación es, hoy en día, más elevado que al comienzo de la crisis, según un informe que publicó la patronal a comienzos del verano en el que se analizaba el traspaso de competencias en el sector público. Este incremento del gasto en sanidad y en educación no es razonable si se tiene en cuenta que el traspaso de competencias se culminó durante la segunda legislatura de José María Aznar. En sólo una década el gasto por habitante en sanidad ha pasado de 1.147 a 1.251 euros.
expansiòn
Comentario:
El problema está en que el funcionario es un ente improductivo al que hay que mantener vía impuestos. Así es imposible reducir la deuda pública.
Los hay que responden a ese perfil, pero no se puede aplicar al conjunto en absoluto.
Siempre el mismo debate, totalmente desenfocado y sesgado.
http://cincodias.com/cincodias/2016/04/21/economia/1461252281_446757.html
Os aconsejo leer esta noticia en la que se refleja el gasto público y los ingresos públicos de España en comparación con el resto de los países de la UE, según los últimos datos de Eurostat, que son del 2015.
En gasto público, España se encuentra 5,3 puntos por debajo de la media de la zona euro y 4,1 puntos por debajo de la media de la UE de los 28.
En ingresos públicos, nos situamos el quinto país por la cola: 8,4 puntos por debajo de la media de la zona euro y 6,8 puntos por debajo de la media de los países de la UE28. Una triste pena...
Por tanto, España no tiene un problema de gasto público sino de ingresos públicos, en gran medida provocado por la considerable cantidad de fraude fiscal y de economía sumergida.
Un saludo
Con respecto a la noticia de Expansión que han publicado en comentarios anteriores, en la que dice lo siguiente:
"El aumento del personal de las administraciones públicas durante los últimos ocho años de crisis -sigue habiendo 7.242 empleados públicos más en 2016 que en 2007 a pesar de la congelación de la tasa de reposición o del cierre de empresas públicas-..."
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el número de efectivos a Enero de 2016 es de 2.519.280, mientras que en Enero de 2007 era de 2.512.038. La diferencia es de 7.242 empleados públicos más en 2016 que en 2007.
Sin embargo, esto no es correcto ya que en el Boletín de Enero de 2007 solo se incluía en el ámbito de las Universidades al personal inscrito en el RCP. Por ello, si eliminamos el personal de Universidades no inscrito en el RCP que se contempla en el Boletín de Enero de 2016 (55.891), el número de efectivos en Enero de 2016 sería de 2.463.389. Es decir, 48.649 empleados menos que en Enero de 2007 y no 7.242 más como dice la noticia.
Saludos.
Muy clarificadores los dos anteriores comentarios.
Pues en mi centro de trabajo han amortizado varias plazas, todas de atención al público. ¿Dónde está ese ahorro?
Para empezar habría que suprimir todas las empresas públicas, con todo el personal seleccionado a dedo. Deberían ser meros servicios adcrito al Departamento correspondiente y, con personal funcionario.
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