El
Gobierno de Aragón aprobó ayer la oferta de empleo público para 2016
correspondiente al ámbito de administración general, cuyos números constituyen
una manifiesta vulneración del derecho de acceso a la función pública que la Constitución
Española y el Estatuto Básico del Empleado Público reconocen
a los ciudadanos. Según información de prensa, única información de la que
disponemos –a pesar del deber de transparencia de los proyectos normativos del
Gobierno de Aragón-, la oferta aprobada contiene 262 plazas, de las cuales 132
corresponden al turno libre. Unas cifras que no guardan ninguna congruencia con las necesidades de personal y con el volumen de interinidad existente.
Esta
Asociación no puede sino deplorar la nueva decisión del Gobierno de Aragón, que
no hace sin volver a confirmar el desprecio de la legalidad administrativa y
constitucional, y el desconocimiento de las cinco sentencias, tanto del
Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que en años
precedentes han declarado contrarias a derecho las ofertas de empleo de 2007,
2010, 2011, 2014 y 2015, al no incluir la totalidad de las plazas cubiertas por
interinos, incumpliendo con ello lo exigido por el artículo 10.4 del Estatuto Básico
del Empleado Público y por el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
El
Gobierno de Aragón carece de proyecto para la función pública aragonesa. Sus
actuaciones no son otra cosa que el mantenimiento de las inercias y malas prácticas
acumuladas en los últimos años, cuando proliferaron las empresas y entidades públicas
y se buscó una Administración paralela, apta para todas las prácticas
clientelares que abundaron en anteriores legislaturas. Pero como Asociación no
nos resignamos al actual estado de cosas, y creemos necesario reaccionar desde
la reflexión crítica y el compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho.
Por
ello, y por coherencia con las acciones judiciales que han propiciado una línea
jurisprudencial claramente comprometida con la realización del derecho de
acceso a la función pública –aunque el Gobierno de Aragón intente
incomprensiblemente combatirla, para permitir la continuidad de la precariedad,
la desprofesionalización y la discriminación laboral-, esta Asociación se
siente obligada a recurrir nuevamente ante los Tribunales para que la oferta
aprobada sea declarada nula y contraria a Derecho y se requiera al Gobierno de
Aragón a aprobar una oferta conforme a lo señalado en el Estatuto Básico del
Empleado Público.
Las
exigencias del Estado de Derecho y del sometimiento pleno a la Ley son el requisito primero
al que han de ajustar su actuación todos los poderes públicos, algo que
desgraciadamente han olvidado los responsables políticos de la Comunidad Autónoma
de Aragón y otras tantas instituciones del Estado, dando con ello lugar a una
Administración con unas tasas de temporalidad inaceptables. Por ello resulta
doblemente necesario que los ciudadanos y servidores públicos asumamos la
defensa de la legalidad administrativa y constitucional, reclamando una función
pública que en su actuación, y también en su ordenación, haga realidad los
proclamados principios de profesionalidad, imparcialidad, servicio a los
ciudadanos y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico.
5 comentarios:
¿Otra vez es necesario ir a los Tribunales? ¿Esto no tiene fin?
Y no sacan plazas de administrativos ni de administradores superiores por turno libre, ole sus narices
Volvemos a estar donde estábamos.
Esto no mejora, sino todo lo contrario. Da lo mismo quien esté en el Gobierno, todos hacen lo mismo. Sin ir más lejos, las empresas públicas o entidades de derecho público van a colocar a quienes no han pasado ninguna oposición ni (no nos engañemos) la van a pasar. Es un mero teatrillo para colocar a los incondicionales. A que coinciden los aprobados con los que actualmente desempeñan los puestos. Nos jugamos algo?
¿Pero no se puede ir directamente a la Fiscalía?
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