No
son solo las medidas de restricción y ajuste las que han marcado un claro
desencuentro entre el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón y el nivel político de dirección en la actual legislatura. El
desencuentro, cada día más profundo, se debe a un estilo de creciente falta de
respeto por las pautas de funcionamiento de la función pública y por la
profesionalidad de los funcionarios públicos, donde a los responsables de los
servicios se les señala la puerta de salida si no están conformes con una
determinada decisión adoptada –arbitraria, por supuesto- o se les sustituye por
personas carentes de idoneidad, cuyo único mérito es la lealtad política o
personal a los responsables departamentales. Un estilo que, al no
desautorizarse, ha de concluirse que se comparte y respalda.
Va
a ser difícil, de seguir la actual dinámica, mantener la necesaria relación de
confianza de los profesionales de la Administración hacia el actual equipo de gobierno
de Luisa Fernanda Rudi, por mucho que el texto del Anteproyecto de Ley de Función
Pública de Aragón se someta a la opinión del conjunto de los empleados públicos.
El estilo lo marcan los valores con los que se dirigen los servicios públicos y
la capacidad de formar y motivar equipos, algo que no parece estar al alcance
ni en la voluntad de muchos responsables políticos, con el consiguiente daño a
la organización administrativa. Es inadmisible el tono de desprecio de algunos
directivos hacia el personal funcionario, así como la arbitrariedad, por tratar
de ser asépticos, con que se actúa sobre el ejercicio de competencias de los diferentes
órganos, tratando de vaciar de contenido funcional aquellos puestos que ocupan
funcionarios poco proclives a ceder a presiones improcedentes. Se quiere una
Administración a la medida del capricho y la ocurrencia, y se aparta a quienes
no admiten semejante despropósito.
Vemos
la evolución de la situación con enorme preocupación, y hemos de alertar de una
obviedad, como es que nada podrá hacer un Gobierno –un Consejero o un Director
General- si con su estilo de dirección, impropio de instituciones democráticas,
se pone en contra a los profesionales de la función pública. La gestión
corresponde a la
Administración y la llevan a cabo los funcionarios públicos,
con sujeción al ordenamiento jurídico y a la dirección del Gobierno. La dirección,
la buena dirección, es necesaria para una buena gestión administrativa, pero la
profesionalidad de los funcionarios públicos es imprescindible para la
actividad de la
Administración, y este Gobierno, que parece jugar con fuego, se
arriesga a provocar el más profundo divorcio del personal de la Administración
autonómica con el Gobierno de Aragón, al haber ignorado éste los más básicos
deberes de lealtad hacia el personal de la Administración,
comenzando por el respeto como trabajadores.
11 comentarios:
Hay que leer algo entre líneas?
¿Insoportable arbitrariedad de las medidas de personal?
Los diferentes órganos vacían de contenido funcional (trasvasan ese contenido) aquellos puestos que ocupan funcionarios poco proclives a ceder a presiones improcedentes y aumentan el clan borreguil de allegados y amiguetes “proclives” a la "causa". Pero no pasa nada, a los "poco proclives" los adscriben a un "puesto" de asesor técnico, que fichará religiosamente todos los días y asunto concluido. el ciudadano ya pagará sus impuestos.
El divorcio de una gran parte del personal con la Admón ya se ha producido por haber ignorado, y seguir ignorando ésta los más básicos deberes de lealtad, respeto al trabajador no solo como profesional sino tambien, y sobre todo como persona. Se ha sustituido la legalidad por el cortijo y el clientelismo.
Opinión del catedrático Bastida Freijedo:
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles es considerado acoso laboral. Igual que reprenderle reiteradamente delante de otras personas, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada y tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo.
¿Esto se aplica?
Creo que deberíamos formular todos una denuncia por "mobbing laboral", que es lo que están ejerciendo sobre nosotros. Yo por lo menos me siento maltratada e insultada por todos los políticos.
Un Gobierno, cualquier Gobierno, que renuncia al principio de mérito y capacidad para seleccionar al personal que va a ser responsable de ejecutar sus políticas y que prefiere primar la confianza y el servilismo está condenado, por capaces y voluntariosos que puedan ser algunos individuos aislados de mérito, a una falta de gestión, en el mejor de los casos, o a una gestión desastrosa, en el peor. O para ser más exactos, condena a sus ciudadanos, lo que es particularmente grave en una situación de crisis excepcional como la que vivimos.
La mayor parte de funcionarios, al menos los que no tenemos veleidades políticas, que somos unos cuantos, estamos deseosos de tener sobre nosotros a políticos que ejerzan como auténticos líderes, sin ningún ánimo de competir con ellos ni arrebatarles sus funciones. Lo que no queremos son mediocres sin esa capacidad de liderazgo (ni ninguna otra, que suele ser hoy día lo habitual.
Tenemos el caso sangrante de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas lleva años denunciando cómo la GISS contrata con Empresas privadas la llevanza de los Sistemas informáticos de la Seguridad Social. Estos se hallan, “de facto”, en manos de empresas privadas, y no de los funcionarios. La Seguridad Social tiene su “cerebro”, su Sistema informático, totalmente en manos de Empresas privadas. La Agencia Tributaria no , ya que son sus propios funcionarios quienes controlan el Sistema informático de la AEAT. Convendría analizar estos casos en profundidad. No podemos dejar a toda una Seguridad Social, con las billonarias cifras que maneja, en manos de Empresas privadas. Eso es burlarse de nuestra Constitución y del sentido común.
la directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Cristina Gavín, ha decidido destituir a Susana Barriga, hasta ahora jefa de servicio de Atención a la Dependencia. La decisión, confirmada a este diario por el Departamento de Sanidad, se produce por "pérdida de confianza" de la directora del IASS, que "agradece su trabajo".
El puesto, de libre designación, podría ser ocupado, según ha podido saber EL PERIÓDICO, por Javier Gallardo, procedente del Ayuntamiento de Calatayud.
El Periódico de Aragón.
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