Esta Asociación, cuando se constituyó en febrero de 2007 -hace ya más de cinco años-, lanzó como principal mensaje la necesidad de un giro ético en la función pública y en el conjunto de las instituciones públicas, y para ello se formularon diversas propuestas para avanzar en el buen gobierno y la buena administración. No se pretendía otra cosa que reaccionar frente a un acelerado deterioro de las señas de identidad de la función pública - entendidas como profesionalidad, compromiso con la legalidad y servicio al interés general- y reclamar una vigorosa ética pública para fortalecer las instituciones democráticas y hacerlas resistentes frente al flagelo de la corrupción.
El Gobierno de Aragón -el de entonces, al menos- reaccionó de la peor manera posible, con una mezcla de desdén y de animosidad hacia todas las propuestas que se formularon, acaso porque entendían que el papel de los funcionarios públicos se debía limitar a la ejecución obediente de las decisiones políticas, desconociendo con ello el compromiso que corresponde a todo funcionario público con la legalidad y con el Estado de Derecho, lo que puede llevarle a oponerse a la ejecución de determinadas decisiones políticas contrarias a la ley y al interés general.
No fue mucho mejor la reacción de las Cortes de Aragón, cuyas decisiones frente al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación mereció la expresa y contundente condena del Tribunal Constitucional. Pese a ello no ha habido ningún cambio sustancial de comportamiento en el Parlamento autonómico, en lo que a las iniciativas de esta Asociación se refiere. Los estándares de la ética pública siguen sin considerarse, acrecentando con ello la falta de confianza ciudadana en los titulares de las instituciones.
No nos complace en absoluto contemplar el panorama actual, con el fracaso del modelo de desarrollo de nuestro país y el cuestionamiento de las más altas instituciones del Estado, a causa de comportamientos alejados de la ejemplaridad exigible a quienes ejercen responsabilidades públicas. Tampoco los funcionarios públicos hemos estado a la altura de las circunstancias en estos años de deriva, pues hemos consentido en silencio la desnaturalización de gran parte de las tareas que corresponde ejercer a las Administraciones Públicas. La contaminación del enriquecimiento ilícito, propiciado desde diferentes instancias, ha minado el prestigio de numerosas Administraciones Públicas, y el desvirtuado régimen retributivo de la Administracíón autonómica aragonesa -y, previsiblemente, de las restantes- es un ejemplo del escaso vigor ético existente en la función pública, pues no cabe ser exigente con los ciudadanos y flexible con uno mismo en el respeto a las leyes.
Hay quien piensa que esta Asociación ha dejado de ejercer el papel que le era propio, o que lo ejerce con una energía claramente menor. Es posible que suceda algo de ello, a pesar de que las sentencias obtenidas en materia de oferta habrán de ser ejecutadas por los actuales responsables y a ellos exigiremos el respeto debido no sólo al fallo judicial recaído, sino sobre todo al derecho fundamental de los ciudadanos que viene a restablecer dicho fallo.
Frivolizaban los representantes del Gobierno anterior cuando les acusábamos de vulnerar derechos fundamentales -denuncia que luego se convirtió en condena judicial, por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional-, y cualquiera puede entender que cuando los que ejercen el poder político desprecian los derechos fundamentales de los ciudadanos -como sucedía en Aragón- las alarmas del sistema democrático debían saltar, salvo que estuviesen desgraciadamente inutilizadas. Llegar al poder con los votos de los ciudadanos no legitima cualquier forma de gobierno, y ese fue el gran error cometido por muchos de los que gobernaban municipios, provincias y comunidades autónomas, y el resultado de todo ello es el panorama de desolación actual. El giro ético que era posible entonces es ahora una condición del rescate de nuestro país, y la ética reclama lógicamente la asunción de responsabilidades por parte de los autores de decisiones lesivas para el país y los ciudadanos.
El Gobierno de Aragón -el de entonces, al menos- reaccionó de la peor manera posible, con una mezcla de desdén y de animosidad hacia todas las propuestas que se formularon, acaso porque entendían que el papel de los funcionarios públicos se debía limitar a la ejecución obediente de las decisiones políticas, desconociendo con ello el compromiso que corresponde a todo funcionario público con la legalidad y con el Estado de Derecho, lo que puede llevarle a oponerse a la ejecución de determinadas decisiones políticas contrarias a la ley y al interés general.
No fue mucho mejor la reacción de las Cortes de Aragón, cuyas decisiones frente al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación mereció la expresa y contundente condena del Tribunal Constitucional. Pese a ello no ha habido ningún cambio sustancial de comportamiento en el Parlamento autonómico, en lo que a las iniciativas de esta Asociación se refiere. Los estándares de la ética pública siguen sin considerarse, acrecentando con ello la falta de confianza ciudadana en los titulares de las instituciones.
No nos complace en absoluto contemplar el panorama actual, con el fracaso del modelo de desarrollo de nuestro país y el cuestionamiento de las más altas instituciones del Estado, a causa de comportamientos alejados de la ejemplaridad exigible a quienes ejercen responsabilidades públicas. Tampoco los funcionarios públicos hemos estado a la altura de las circunstancias en estos años de deriva, pues hemos consentido en silencio la desnaturalización de gran parte de las tareas que corresponde ejercer a las Administraciones Públicas. La contaminación del enriquecimiento ilícito, propiciado desde diferentes instancias, ha minado el prestigio de numerosas Administraciones Públicas, y el desvirtuado régimen retributivo de la Administracíón autonómica aragonesa -y, previsiblemente, de las restantes- es un ejemplo del escaso vigor ético existente en la función pública, pues no cabe ser exigente con los ciudadanos y flexible con uno mismo en el respeto a las leyes.
Hay quien piensa que esta Asociación ha dejado de ejercer el papel que le era propio, o que lo ejerce con una energía claramente menor. Es posible que suceda algo de ello, a pesar de que las sentencias obtenidas en materia de oferta habrán de ser ejecutadas por los actuales responsables y a ellos exigiremos el respeto debido no sólo al fallo judicial recaído, sino sobre todo al derecho fundamental de los ciudadanos que viene a restablecer dicho fallo.
Frivolizaban los representantes del Gobierno anterior cuando les acusábamos de vulnerar derechos fundamentales -denuncia que luego se convirtió en condena judicial, por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional-, y cualquiera puede entender que cuando los que ejercen el poder político desprecian los derechos fundamentales de los ciudadanos -como sucedía en Aragón- las alarmas del sistema democrático debían saltar, salvo que estuviesen desgraciadamente inutilizadas. Llegar al poder con los votos de los ciudadanos no legitima cualquier forma de gobierno, y ese fue el gran error cometido por muchos de los que gobernaban municipios, provincias y comunidades autónomas, y el resultado de todo ello es el panorama de desolación actual. El giro ético que era posible entonces es ahora una condición del rescate de nuestro país, y la ética reclama lógicamente la asunción de responsabilidades por parte de los autores de decisiones lesivas para el país y los ciudadanos.
10 comentarios:
Por supuesto que es necesario, mejor, imprescindible, que el dichoso giro ético del que viene hablando la Asociación en estos años se ponga en marcha, pero me parece que es vivir en los mundos de Yupy pensar que sea gobierno actual quien lo lidere. Quizá sería mucho más realista incidir en la responsabilidad de cada empleado público en su área de trabajo, y, a lo mejor, la Asociación tendría una importante labor de pedagogía (que palabra más horrible) que realizar. Visto que las sentencias han sido algo menos que victorias pírricas, que no han tenido plasmación en el devenir de la Administración, podría ser interesante que la Asociación salga de sus cuarteles de invierno y haga lo posible por acercarse al mundo real de la Función Pública, donde cunde el desencanto, la inseguridad y el desapego con el compromiso diario de la gestión de los intereses públicos. En fin, yo que se.
Después de las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, una de ellas ratificada po el Tribunal Supremo ¿Sería posible pedir responsabilidades penales para el Sr. Iglesias, Sr. Velasco y Sra. Almunia, entre otros, por el incumplimento sistemático de la normativa vigente en materia de acceso a la función pública? Ya que el acceso a la misma es un derecho fundamental, no deberían irse "de rositas", al menos, inhabilitarlos para cargo público, por ejemplo.
Los funcionarios que hemos aprobado una oposición, no hemos podido hacer nada. No es que no veamos lo que sucede, no es que no queramos cambiar las cosas. Lo que sucede es que al funcionario que se atreve a mostrar su malestar ante determinadas actuaciones, es poco menos que repudiado. Después, estan los interinos(que no han aprobado una oposición y a los que esta Asociación defiende con pasión)y son los que prefieren muchos jefes, no por la calidad y rigor en su trabajo sino porque son obientes y no cuestionan decisiones arbitrarias.
¿Debemos reaccionar frente a un acelerado deterioro de las señas de identidad de la función pública - entendidas como profesionalidad, compromiso con la legalidad y servicio al interés general- y reclamar una vigorosa ética pública para fortalecer las instituciones democráticas y hacerlas resistentes frente al flagelo de la corrupción?.
¿Debe la Asociación salir de sus cuarteles de invierno y hacer lo posible por acercarse al mundo real de la Función Pública, donde cunde el desencanto, la inseguridad y el desapego con el compromiso diario de la gestión de los intereses públicos?.
¿ Los funcionarios que hemos aprobado una oposición, no podemos hacer nada?.
La Admón Pca, la Función Pca. es un cachondeo y el funcionario que ha aprobado una oposición lo mejor que puede hacer es arrimarse a “su señor” jefe, olvidarse del flagelo de la corrupción, y no acercarse a la asociación no vaya a ser que les da por asomarse a ese mundo real de la Función Pública y caer todos en una grave depresión.
¡Menos mal que los “nuevos” iban a cambiar las cosas!
Cuando entramos en generalizaciones se corren riesgos y es que no se pueden meter en el mismo "saco" a todos los interinos lo mismo que tampoco a todos los funcionarios de carrera. Dicho esto si bien es cierto que "afortunadamente" esta asociación defiende a los interinos es porque creo que ha quedado de sobra plasmado y hasta judicialmente reconocido, gracias a esta asociación;que han sido muchos los años en los que como consecuencia de una mala Gestión de la función pública quienes queremos hacer del servicio público nuestra profesión hemos visto como se ha visto mermardo un derecho fundamental, con ofertas irreales o inexistentes,y que sirva de ejemplo para aquello de que no se puede generalizar muchas veces el beneficiar a un determinado número de interinos con el "blindaje" de sus plazas no ha hecho más que perjudicar a otros muchos interinos o no que desean acceder a la administración y dedican su tiempo y esfuerzo a ello.
Yo soy funcionario de oposición, tenía una plaza por concurso, pero mi perfil personal no encaja en lo requerido por algún jefe, muy responsables ellos, ocupados y preocupados por el buen funcionamiento del servicio, vacían de contenido y trasvasan las funciones de un puesto a otro que se había quedado sin contenido, al cabo de dos meses la receptora, pasa a ocupar en COMISION (debería salir a concurso) otro de nivel superior, siendo sustituida a su vez -en COMISION-, por otra compañera que ocupaba puesto de nivel inferior, específico B, y esta a su vez se le da a otra compañera -en COMISION- que tenía un específico A, se supone de perfil afín también y “otro agradecido mas” .
Después de pasar mas de dos años en “encomienda temporal de funciones” en otro sitio, antes de suprimir mi puesto, ahora en “adscripción temporal de funciones” con la consiguiente merma en las retribuciones, a pesar de que legalmente tenían que haberme asignado un puesto, aquí sigo en el “rincón” pasando la mañana al lado de gente encantadora. Menos mal que cualquier año saldrá ese “concursazo de octubre”, y que el ciudadano sigue pagando sus impuestos.Viva el compadreo, la dedocracia y la COMISIÓN.
USTEDES DICEN QUE ES POSIBLE QUE LA "Asociación ha dejado de ejercer el papel que le era propio, o que lo ejerce con una energía claramente menor. Es posible que suceda algo de ello" ¿Y ESO PORQUÉ? ¿PORQUÉ YA NO PONEN LA ENERGÍA DE ANTES? ¿ACASO LOS DE AHORA ESTÁN HACIENDO MEJOR LAS COSAS? YO CREO QUE NO. TODO SIGUE IGUAL. SALVO USTEDES, QUE VAN A PEOR.
Nada mejor que reconocer la realidad, aunque cueste hacerlo.
Esta Admón, esta función publica es un cachondeo, una berbena de señores y amiguetes, un cortijo de cortijos
Verdad es que parece que la Asociación haya perdido algo de energía. Puede ser fruto del desencanto y la falta de apoyos por parte de los funcionarios.
Porque también es verdad lo que la Asociación afirma: los funcionarios no hemos sabido estar a la altura de lo que se nos exige éticamente.
Así, el Gobierno anterior acentuó la campaña contra los funcionarios -que viene desplegándose hace ya muchos años-, y este gobierno actual la ha acentuado aún más, porque nos ha convertido en los "nuevos judíos". Más amenazas de reducción de sueldo, supresión de moscosos,merma en las vacaciones, propuestas de horario que reducen la flexibilidad y por ende la conciliación de la vida familiar con la laboral, mismo despotismo a la hora de nombrar cargos, completa ausencia de profesionalización...
Toda una campaña contra el funcionario y el servicio público.Y aquí estamos nosotros, dejándonos hacer de todo, sin parpadear, como corderos al matadero. ¿Será el miedo a la libertad del que hablaba Fromm?
Saludos.
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