EL VOTO CIUDADANO: ORIGEN DE LA LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS.

Hoy es una jornada trascendental en la vida democrática de nuestro país, pues los ciudadanos vamos a determinar con nuestro voto la composición de las Cortes Generales y, en consecuencia, el futuro Gobierno de España. Al margen de las necesarias medidas de regeneración democrática que venimos reclamando, es indudable que el primer factor de democracia en un país es el ejercicio del derecho de voto por el conjunto de sus ciudadanos, un voto universal, igual, libre y secreto. No hay más decisiva participación en la vida política para los ciudadanos que la designación de quienes han de dirigir las instituciones públicas: las elecciones democráticas, como la que hoy celebramos en España, generan representación y gobierno, pero lo importante de ello es que la voluntad de los ciudadanos es la que otorga legitimidad a los parlamentos y gobiernos que resultan de las elecciones celebradas.

Desde esta Asociación hemos trabajado continuamente por reivindicar las exigencias del Estado de Derecho -el respeto a la ley, la efectiva división de poderes y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que figura el acceso en condiciones de igualdad a la función pública-, pero lo hemos hecho respetando siempre la función de dirección política que corresponde a las instituciones democráticas, resultantes de la directa expresión de la voluntad popular.

Jamás hemos cuestionado la legitimidad democrática de las instituciones, sino el correcto ejercicio de las funciones públicas que les ha atribuido la confianza ciudadana. Hemos querido distinguir la legitimidad de origen -resultante de la voluntad popular- y la legitimidad de ejercicio -resultante de la sujeción al ordenamiento jurídico-, pues como bien afirma nuestra Constitución los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, y no cabe apelar al voto ciudadano para ignorar o vulnerar las normas, pues la naturaleza democrática de las instituciones no justifica que su actuación se aparte del principio de legalidad que impone el Estado de Derecho.

La función pública se debe al Gobierno -que la dirige- y a la Ley -pues su tarea es servir con objetividad al interés general, con sujeción plena a la ley y al derecho-, es instrumento del Gobierno para aplicar las políticas públicas, pero también es un elemento esencial del Estado de Derecho para evitar el posible abuso de poder por parte de los cargos políticos y asegurar el respeto a la ley, razón por la cual los servidores públicos cuentan con un estatuto propio que asegura su inamovilidad, como garantía para el cumplimiento de su deber de imparcialidad.

Poderes públicos y servidores públicos tienen en los ciudadanos el origen de todas sus potestades y la finalidad de su labor. Al igual que los poderes públicos han de evitar que su legitimidad de origen se quiebre en un ejercicio indebido de sus funciones -sin sujeción a la legalidad-, lo mismo ha de decirse de los servidores públicos. La legitimidad de origen de éstos -basada en el mérito y capacidad demostrados en su proceso de selección- no puede justificar ni amparar actuaciones irregulares o negligentes que deslegitiman socialmente a quienes están llamados a servir al interés general, es decir, al interés de todos los ciudadanos.

Celebramos el valor democrático que tiene toda cita electoral -al margen del resultado concreto que arroje- y confiamos en que a lo democrático, a las instituciones que hoy se renuevan, se añada un ejercicio exigente de las responsabilidades públicas, reforzando con ello el Estado de Derecho y el papel que dentro del mismo corresponde ejercer a la función pública.