Zaragoza, 5 de noviembre de 2008.
El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la institución del Justicia de Aragón un destacado papel en la protección de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses –entre ellos, lógicamente los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española, como es el caso del derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación frente al titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, quien no da a las peticiones realizadas la preceptiva respuesta que exige la Ley Orgánica 4/2001- y en la tutela del ordenamiento jurídico aragonés –cuya vulneración e inobservancia se produce cuando el Departamento de Presidencia inaplica de forma permanente los controles de eficacia y eficiencia que contempla la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón-.
Dicho papel se ve reforzado por el deber de colaboración activa por parte de los responsables de la Administración autonómica, deber previsto expresamente en la Ley del Justicia de Aragón y cuyo incumplimiento, además de una evidente falta de colaboración institucional, puede ser constitutivo de infracción penal, según dispone el vigente Código Penal.
Pese a ello, El Justicia de Aragón, en numerosos casos, se ve en la necesidad de reiterar una y otra vez su solicitud de información a los responsables de la Administración de la Comunidad Autónoma, ante la ausencia de respuesta por parte de éstos. Si ello es censurable en todos los casos, reviste una especial gravedad que tal actitud la adopte el titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, toda vez que entre las competencias que tiene asignado su Departamento figura la de “coordinación de las relaciones del Gobierno de Aragón con las Cortes de Aragón y con El Justicia de Aragón”. ¿Es imaginable acaso que esa coordinación pudiera ser para no permitir a El Justicia de Aragón el ejercicio de sus funciones estatutarias?
El ejercicio legítimo del poder en una democracia viene determinado por el sometimiento a la legalidad y por el respeto de los controles institucionales establecidos, constituyendo el Justicia de Aragón un relevante órgano o institución de control para supervisar el funcionamiento de la Administración, al objeto de asegurar tanto el respeto de los derechos de los ciudadanos como la observancia del ordenamiento jurídico aragonés.
Cuando se tiene la Cámara de Cuentas en una “hibernación” que dura ya siete largos años –a la par que se fomenta una frenética expansión del sector público empresarial, al margen del control financiero deseable-; cuando se niega información sobre las empresas públicas a las mismas Cortes de Aragón, invocando unas razones que resultan inadmisibles en una democracia parlamentaria; cuando se incumple de forma sistemática la normativa de función pública con el fin de gestionar la selección y la provisión de puestos de trabajo desde la discrecionalidad más absoluta, menoscabando con ello los valores de igualdad, mérito y profesionalidad que debieran presidir el quehacer de los servidores públicos; cuando se avanza en la opacidad del sistema retributivo de la Administración de la Comunidad Autónoma –tanto para los altos cargos como para el conjunto del personal, alimentando una imparable espiral de gasto al margen de la exigible transparencia y legalidad-; cuando no se concede el respeto debido a los derechos fundamentales ejercidos por los ciudadanos ante los poderes públicos; cuando el carácter vinculante de las normas de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía es puesto en entredicho por las acciones de Gobierno; cuando todo ello y más sucede, e instituciones como el Justicia de Aragón no reciben la obligada colaboración por parte del Gobierno de Aragón, hay que preguntarse, necesaria y urgentemente, por la salud democrática de nuestro autogobierno.
Las Cortes de Aragón, como representación de todos los aragoneses, no pueden inhibirse cuando se constata la resistencia del Gobierno de Aragón frente al ejercicio de la función supervisora por parte de El Justicia de Aragón. Que se produzca tal situación de resistencia frente a la labor que el Estatuto de Autonomía asigna a El Justicia de Aragón constituye, a nuestro juicio, un supuesto de grave responsabilidad política, al cuestionar la premisa básica del sistema democrático, como es el control del poder y su sometimiento al imperio de la ley. Si esto no se hace valer, ¿no estamos haciendo todos, instituciones y ciudadanos, una consciente dejación de nuestros deberes públicos y de nuestro compromiso cívico más elemental?
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
2 comentarios:
¿Y eso puede quedar así? ¿Sin consecuencias? ¿No se dice que es una infracción penal? ¿Hay impunidad, entonces, para los políticos que se resisten a los controles institucionales?
¿No merece todo esto una reprobación parlamentaria?
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