Zaragoza, 2 de octubre de 2007.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió ayer por escrito a las Cortes de Aragón, haciendo uso del derecho de petición a la Cámara, para solicitar de dicha institución que, en el ejercicio de sus funciones de control y supervisión de la actuación del Gobierno de Aragón, proceda a analizar la regularidad del nombramiento de José Angel Biel como Vicepresidente del Gobierno de Aragón, al no reunir la condición previa de Consejero, tal y como exige la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón en su artículo 4.1.
Dicho precepto legal, en el que se exige para el nombramiento como Vicepresidente del Gobierno de Aragón ostentar la previa condición de Consejero, ha de entenderse plenamente vigente, al no haberse visto afectado su contenido por la aprobación de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, más allá de la referencia que se hace a los Vicepresidentes como miembros potestativos del Gobierno de Aragón.
Entiende esta Asociación que el pleno sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico y el escrupuloso respeto del principio de legalidad debe asegurarse en todas las decisiones adoptadas por las instituciones aragonesas, incluyendo las que hacen referencia a los requisitos que han de cumplir quienes acceden al ejercicio de los diferentes cargos o funciones públicas.
Al señalar la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón que “el Presidente, mediante Decreto, podrá nombrar a uno de sus Consejeros como Vicepresidente”, las facultades de nombramiento del Presidente deben entenderse legalmente condicionadas, al imponer que el nombramiento de Vicepresidente deba recaer necesariamente en quien, previamente, reúna la condición de Consejero.
Frente a la claridad con que se establece en la Ley la condición que ha de reunirse para ser nombrado Vicepresidente del Gobierno de Aragón, el Decreto de nombramiento no acredita tal condición, razón por la cual cabe albergar razonables dudas sobre la legalidad o regularidad del citado nombramiento.
Entiende esta Asociación que la labor de control de la acción del Gobierno de Aragón que atribuye el Estatuto de Autonomía a las Cortes de Aragón ha de comenzar por la legalidad de su misma constitución o nombramiento, pues el incumplimiento de las condiciones legales establecidas para su composición podría cuestionar la legitimidad del conjunto de su actividad, socavando la confianza de los ciudadanos en el correcto funcionamiento de las instituciones políticas de la Comunidad Autónoma.
La Asociación va a dirigirse igualmente al Justicia de Aragón, para solicitar su intervención en relación con el citado nombramiento, al entender que las circunstancias en que se ha producido podrían implicar una vulneración del ordenamiento jurídico aragonés, al inaplicarse lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
31 comentarios:
Muy oportuna la acción realizada.
¿No es todo esto una papeleta difícil para los partidos de la oposición, pues el asunto hubiese requerido alguna intervención por su parte?
Me alegra que alguien ponga un poco de rigor en el desbarajuste que existe en la Administración autonómica.
Hay que recordar a nuestros gobernantes que ellos son los primeros obligados a respetar la legalidad.
Supongo que desde las máximas instancias de la Administración este asunto no se va a querer cuestionar y se despachará como siempre se hace con las cosas incómodas y cuando no hay argumentos de peso con los que contrarrestar las objeciones: negando la evidencia. Es un privilegio del poder, por lo visto. Hacer las cosas mal y no reconocerlo ni quererlas modificar o corregir. Error y abuso siempre van de la mano.
Felicitaciones a esa Asociación por poner de manifiesto algo que muchos han detectado pero que prefieren no exponer públicamente, por razones de interés personal o exceso de prudencia.
Se dijo que se haría el camino al andar y parece que esta Asociación no ha dejado de dar pasos cada vez más firmes desde su creación.
¡Magnífica carga de profundidad a la arbitrariedad como forma de gobierno! Ahora hay que confiar en que las instituciones democráticas cumplan con su función de control político.
Bien está que se vea que la sociedad civil no está dormida ni es indiferente al respeto de la ley.
Si seguimos con el argumento que se sostiene, tampoco podría disponer el Vicepresidente de gabinete o asesores, pues los órganos de asistencia inmediata no se contemplan para el Vicepresidente sino para el Presidente y los Consejeros, y el Vicepresidente podría contar con ellos en la medida en que fuese consejero, pero sin esta condición queda sin apoyo legal la existencia de gabinete exclusivo de la Vicepresidencia.
Ese tema también deberíais abordarlo, para prolongar el razonamiento.
¿Se ha formulado ya la queja al Justicia de Aragón?
¿No se quiere dar difusión al tema en los medios de comunicación? De todas maneras, puede que sea lo más inteligente, y que sean las instituciones las que actúen, debido a la trascendencia del tema.
Creo que algo debiera hacerse o decirse con la tardía convocatoria de oposiciones de los Grupos C y D de la Oferta de 2004, aparecidas en el BOA del lunes. Desde luego, más vale tarde que nunca, pero eso no quita para que su publicación con tres años de retraso no sea puesta de manifiesto ante quien proceda, dejando claro que esa demora no es responsabilidad del actual Consejero de Presidencia ni de su Directora General sino de los Consejeros Biel y Larraz y del anterior Director General de Función Pública, Luis Roldán.
Me parece bien que se trate de ser justos y no imputar a los nuevos responsables de función pública los incumplimientos de los anteriores, que se han debido de quedar bien descansados con la herencia que han dejado a otros.
Nuevamente os veo fecundos y facundos. Confío en que siga así la cosa
Sobre las convocatorias tardías de la Oferta de 2004, se ha formulado queja al Justicia de Aragón sobre el incumplimiento de plazos de las convocatorias, pues los tres meses que impone la Ley para publicar las bases de las distintas pruebas selectivas se han convertido, en estos casos, en tres años. Excesiva demora para dejarla pasar sin más.
¿No es asunto demasiado "serio" el que se ha planteado con el nombramiento del Vicepresidente?
Esperemos que las instituciones aborden el asunto con seriedad y corrijan el cúmulo de errores y torpezas en que han incurrido los responsables de la Administración autonómica.
Vamos a ver cómo abordan el tema en las Cortes de Aragón, pero esperemos que no hagan de este escrito de petición un arma arrojadiza entre partidos.
¿Cómo es posible que este asunto no haya suscitado ningún tipo de polémica? ¿Dónde está la oposición política? ¿Acaso les parece un asunto menor que se constituya irregularmente un Gobierno, si la objeción formulada tiene fundamento?
¿No tienen nada que decir los Secretarios Generales Técnicos, como responsables de personal, con la posible situación irregular de los asesores de los Gabinetes? ¿Y la Inspección General de Servicios?
¿Consienten los altos cargos de los Departamentos la inasistencia o el incumplimiento de sus funciones por los Asesores? ¿Ceden ante la conveniencia política marcada por los Consejeros? ¿Es una corrupción amparada y tolerada por todo el equipo directivo de la Administración autonómica? ¿A tal nivel hemos llegado de degradación organizativa? Imagino que las Cortes de Aragón deberían poner coto a esto, antes de que haya que acudir al Fiscal Anticorrupción.
Lo peor es que ya nada percibe las cosas como algo intolerable sino simplemente como algo que pasa y que tiene difícil arreglo.
¿cuesta más cambiar las cosas que adaptarse a ellas y simplemente vivir?
El Justicia ha acusado ya recibo de la queja formulada por el dudoso nombramiento de Biel. A ver ahora si decide admitirla o no, en razón de su contenido. Estaremos al tanto.
Por el contrario el Presidente del Gobierno de Aragón no ha acusado jamás recibo de ninguno de los escritos que se le han hecho llegar. Llamativo proceder en un gobernante
Eso no le ha impedido promover una Dirección General de Participación Ciudadana en el Departamento de Presidencia.
¿Qué pueda hacer el Justicia de Aragón en este terreno?
Me parece que no ha trascendido nada sobre este tema, cosa que me sorprende por la importancia que tiene o precisamente sea por eso.
Una cuestión de interés que se debería publicitar en su momento es la decisión del Justicia sobre la admisión o no de la queja, con las razones dadas para tomar la decisión.
Es un derecho de los ciudadanos conocer la actuación del Justicia en este tema que pone a prueba su independencia y su rigor.
La actuación de las instituciones ha de ser transparente y en especial las destinadas a la defensa de los derechos o a la tutela del ordenamiento jurídico, como es el caso del Justicia.
¿qué hay de nuevo sobre este asunto?
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