Zaragoza, 17 de septiembre de 2007.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se va a dirigir a la Consejera de Salud y Consumo y al Gerente del Servicio Aragonés de Salud, para manifestarles su preocupación ante la prevista externalización de la gestión de los procedimientos de movilidad de personal estatutario, convocados por el Servicio Aragonés de Salud, solicitándoles que tal iniciativa se anule o se revise en todo aquello que contraviene el ordenamiento jurídico.
El pasado día 29 de agosto de 2007, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón un anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca la licitación, mediante concurso abierto, de una consultoría y asistencia para la realización de los procedimientos de movilidad de diferentes categorías estatutarias, a convocar por el Servicio Aragonés de Salud.
A juicio de esta Asociación, tal licitación persigue, como parece acreditarlo el pliego de prescripciones técnicas del referido contrato, encomendar a una empresa externa a la Administración de la Comunidad Autónoma todo el procedimiento de gestión y valoración de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo correspondientes a personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, cuya convocatoria se prevé efectuar entre noviembre de 2007 y junio de 2008.
En particular, resulta llamativo que se encomiende a la empresa que resulte adjudicataria del contrato la tarea de valoración de los méritos de los candidatos concursantes (eufemísticamente denominada en el pliego de prescripciones “análisis de puntuaciones”), así como la labor de propuesta de adjudicación, con la emisión de listados de adjudicaciones de plazas, tareas que constituyen la gestión del núcleo de la carrera administrativa de dicho colectivo profesional, competencia y responsabilidad irrenunciables de la Administración y que no cabe “sacar fuera” de la propia organización administrativa.
Esta Asociación considera que tal convocatoria de concurso es contraria a derecho, por vulnerar lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, de las Cortes Generales.
El ámbito de aplicación del Estatuto engloba al personal estatutario de los Servicios de Salud (artículo 2.2), señalando, además, que “cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud”. Así, la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público relativa a los principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera debe entenderse aplicable al personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, resultando incompatible la fórmula de externalización pretendida por este Organismo con la atribución de tales tareas de valoración de méritos a “órganos colegiados de carácter técnico” (artículo 79.1 del Estatuto Básico), mención que implica la naturaleza administrativa y pública de los mismos.
Por último, la Asociación entiende que tal iniciativa no puede considerarse congruente con el diseño y desarrollo de la costosa aplicación informática de gestión de personal impulsada por el Gobierno de Aragón para el conjunto de su personal, denominada Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón (SIRHGA), herramienta de gestión que queda privada de sentido si, contrariamente a lo previsto, cuestiones de tanta importancia como la movilidad del personal se atribuye a empresas externas.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
14 comentarios:
Me alegra enormemente que la asociación cuestione una iniciativa como la señalada, pues encomendar a una empresa privada la tramitación de los concursos de traslados me parece una verdadera vulneración de los derechos y garantías del procedimiento.
¿esto es que quieren curarse en salud?
La libre designación y la ley del péndulo
Xosé Luís Barreiro Rivas
http://www.lavozdegalicia.es/portada/index.htm
La Xunta, por inspiración de Méndez Romeu, parece dispuesta a afrontar de una vez por todas la profesionalización de la función pública, que, más allá de ser la asignatura pendiente de la democracia, da la sensación de estar en acelerada regresión hacia el enchufismo y la endogamia. Por eso es justo comenzar este artículo alabando la Ley 13/2007, que hoy entra en vigor, y que implica una severa limitación de la libre designación.
Claro que a los responsables de esta reforma les vendría bien un toque de realismo, para no creer que la ley es una herramienta infalible, y para recordar que, como dice el pueblo, detrás de cada ley hay una trampa. Antes de esta norma hubo magníficas leyes que, pensadas para acabar con idéntico problema, fueron degradadas o desalojadas por leyes posteriores que, bajo el señuelo de la modernización, sirvieron para someter la función pública al poder político.
La ley franquista de 1964, verdadero germen de la Administración moderna, estuvo a punto de lograr el salto a la profesionalización definitiva, hasta que la democracia, con algunas razones muy entendibles, movió el péndulo hacia el lado contrario. La ley socialista de 1983, más moderna pero menos rigurosa, también se malogró en sus infinitos retoques. Pero tanto la ley de 1964 como la de 1983 demostraron que no hay nada que hacer si no se detiene la ineficiente diarrea legislativa que padecemos. Y por eso cabe temer que esta Ley 13/2007 también sea matizada por nuevas leyes e interpretaciones pactadas a conveniencia, y que su duración no sea mayor que la señalada por el regreso del PP al poder. La experiencia -en todas las Administraciones- lleva al más absoluto pesimismo, y a prestar más acuerdo con la letra que hoy estrenamos que a su previsible resultado.
Para justificar y aumentar este derrotismo, la Xunta bipartita no pudo sustraerse a la tentación de desalojar a la Administración fraguista antes de iniciar el proceso de profesionalización. Y por eso me temo que la acumulación de designaciones realizada en las últimas semanas -formalmente correcta, legalmente impecable y políticamente comprensible- esté poniendo las bases para que el Partido Popular introduzca en su programa una nueva reforma legal que sea un reflejo especular de la de Méndez Romeu: profesionalizar la Administración solo después de desalojar de ella al social-nacionalismo. El vaivén sólo acabará cuando un Gobierno valiente y generoso asuma la idea de profesionalizar a los que ya están dentro. Porque profesionalizar a los que uno metió por la puerta falsa, o puso en franca disposición para ganar un concurso, ni es mérito ni garantía. Solo es una forma, ahora legalizada, de seguir el penduleo.
¿me pregunto si el tema de la externalización de concursos le preocupa a alguien o no?
Supongo que a los participantes en el concurso, desde celadores a médicos pasando por ats, a los que les va a valorar los méritos una empresa privada. Según la propia administración podrían participar unos 4.000 trabajadores fijos que supongo que tendrán los mismos derechos legales que los que tendrían los funcionarios que participasen en un concurso de méritos.
¿Y el Estatuto Marco del Personal Estatutario no puede prever algo distinto al Estatuto Básico? ¿Se ha contemplado esa posibilidad?
Supongo que los sindicatos no dejarán pasar este tema, pues inmplicaría una dejación completa de su función.
A mí me parece particularmente grave la inseguridad jurídica que genera la Administración con iniciativas como la comentada. ¿Qué ocurre si después se anula, por ilegal, las resoluciones de los concursos de traslados? ¿Cómo es posible que se actúe con tanta ligereza?
Perdón, con tanta irresponsabilidad.
¿Hacemos un repaso de los incumplimientos que acumula en estos momentos la Dirección General de la Función Pública?
No me extraña que ante tal panorama tengan la sensación de externalizar: es un modo de huir de la propia responsabilidad.
Perdón, rehuir su responsabilidad.
Veo que Comisiones Obreras se moviliza con este tema. Me alegro de que los sindicatos conserven sensibilidad para estos temas.
Pues tengo entendido que el tema, como sucede casi siempre, va a ser objeto de negociación entre Administración y sindicatos, por lo que de nuevo las normas quiebran en su fase de ejecución.
¿No hay respuesta pública de la Administración a las declaraciones de CCOO en prensa?
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