PETICIÓN DE CONTROL A LA CÁMARA DE CUENTAS SOBRE LA ORDEN DE CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.

La Cámara de Cuentas, prevista en el artículo 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón, es el órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.

De acuerdo con su ley reguladora, en el ejercicio de la función fiscalizadora, la Cámara de Cuentas verificará el efectivo sometimiento de la actividad económico-financiera de los entes integrantes del sector público de Aragón a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

De acuerdo con ello, entendemos que las operaciones de cierre, y en concreto los términos y circunstancias en la que se ha dictado la Orden 6 de octubre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de operaciones de cierre del ejercicio 2014, deben quedar plenamente sometidas a dicha fiscalización y control, analizándose si las previsiones de dicha Orden son respetuosas con la legalidad presupuestaria y otros principios básicos de la actuación administrativa, como son la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, la eficacia administrativa y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, además de velar por el respeto a los derechos que puedan corresponder a particulares y entidades públicas y privadas por los diferentes servicios prestados a la Administración autonómica.

Los informes de fiscalización emitidos por la Cámara de Cuentas debieran prestar especial atención a la práctica, a nuestro juicio irregular y abusiva, en que incurre el Gobierno de Aragón con las medidas de cierre del ejercicio presupuestario aprobadas cada año, y en relación con las mismas señalar las infracciones, abusos o prácticas irregulares en que se viene incurriendo, proponiendo a su vez las medidas que se estimen adecuadas para la mejora de la gestión económico-financiera y la adecuación de las operaciones de cierre al marco normativo de obligado respeto.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición dirigido al Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón:

“Excmo. Sr. Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón

c/ Jerusalén, 4

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 28 de octubre de 2014.

Estimado señor:

A través del presente escrito, deseamos expresarle nuestra preocupación en relación con la Orden 6 de octubre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de operaciones de cierre del ejercicio 2014, así como solicitarle, en ejercicio del derecho fundamental de petición, que desde esa institución de control, y en el marco de las competencias previstas por la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, se revisen, dentro de la memoria anual correspondiente a 2014, las condiciones, fundamentos, fines y contenido necesario que corresponde a la norma que ordena las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario y la adecuación a tales términos de la dictada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Consideramos que toda norma o disposición general, al margen de su contenido concreto, ha de ajustarse plenamente a los principios básicos del ordenamiento jurídico y de la actuación de la Administración Pública, como son los de jerarquía normativa, seguridad jurídica, eficacia administrativa e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Tales principios han de ser respetados también por la Orden de cierre del ejercicio que se dicte por el Consejero de Hacienda y Administración Pública.

Las circunstancias y términos propios de la citada Orden de 6 de octubre de 2014, a nuestro juicio, pudieran sin embargo contradecir los citados principios, pues el cierre anticipado del ejercicio –tal y como se viene practicando- constituye una clara contradicción con el principio de anualidad del ejercicio presupuestario, al venir a dejar sin eficacia un conjunto de créditos presupuestarios acordados para atender fines de interés público por una ley aprobada por las Cortes de Aragón. La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma no constituye una mera habilitación de gasto para el Gobierno de Aragón, de la que éste pueda dejar de hacer uso libremente a la altura del ejercicio que libremente decida. Es también una norma legal dictada por el Parlamento autonómico, en el marco establecido por el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, y que obliga a atender una serie de fines de interés público con los recursos disponibles.

Debieran quedar, por ello, claramente precisados los límites temporales a los que ha de ajustarse el dictado de una Orden de cierre, de manera que dicho cierre venga a coincidir con la finalización del ejercicio, sin que el mismo pueda anticiparse de forma anómala, como ha venido a hacer la referida Orden de 6 de octubre de 2014, e igualmente debieran quedar perfectamente delimitados los contenidos propios de dicha norma, evitando que a través de ella puedan alterarse los términos de la Ley de Presupuestos o de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, con claro desconocimiento del principio de jerarquía normativa. Asimismo, los principios de seguridad jurídica y de eficacia administrativa debieran imponer que toda Orden de cierre prevea un plazo razonable para la tramitación de procedimientos de gasto pendientes, asegurando así el interés público que pudiera verse afectado o lesionado por un cierre precipitado como el que viene siendo habitual en las Órdenes aprobadas por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Finalmente, y toda vez que no cabe admitir la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos ni resulta posible la realización de gastos sin respaldo presupuestario, debiera analizarse tanto la procedencia de las excepciones discrecionales que se reserva el Consejero responsable de hacienda para tramitar expedientes concretos de gasto, facultad expresamente prevista en la disposición final primera de la Orden de 6 de octubre de 2014, como también, por último, habría que precisar las posibles responsabilidades en que puedan incurrir los diferentes gestores públicos, como resultado de las restricciones impuesta por la Orden de cierre, a tenor de lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dentro del Título II de esta Ley, relativo a Buen Gobierno, cuyo contenido es de aplicación directa a todas las Administraciones Públicas, se recoge la tipificación de infracciones en materia de gestión económico-financiera, cuyos supuestos debieran ser expresamente considerados a la hora de confeccionar la Orden de cierre. Igualmente debieran contemplarse las exigencias derivadas de la legislación que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, parcialmente modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio).

Consideramos en definitiva que la trascendencia de los efectos que comporta la Orden de cierre en la gestión presupuestaria, con su directa incidencia sobre los órganos gestores y sobre los diferentes acreedores de fondos públicos, exige un detenido y riguroso estudio de los fundamentos, fines, contenido y demás circunstancias que condicionen su funcionalidad.

Por ello, y al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, le solicitamos que por parte de esa Cámara de Cuentas de Aragón, de conformidad con lo previsto en su Ley reguladora, se proceda a analizar de forma precisa las circunstancias e implicaciones que debe tener en cuenta una Orden de cierre, para ajustarse al marco legal de la gestión presupuestaria y respetar los principios del ordenamiento jurídico señalados en este escrito, proponiendo en su caso las adaptaciones normativas que se consideren precisas. Creemos que con ello se avanzaría notablemente en mejorar la gestión pública, asegurar la legalidad presupuestaria y reforzar las garantías de los ciudadanos en su relación con la Administración de la Comunidad Autónoma.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”