Días
atrás, mediante escrito fechado el 29 de marzo de 2016, el Director General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, Ignacio Zarazaga, se dirigió a esta Asociación para informarnos
de la toma de conocimiento por parte del Gobierno de Aragón del Anteproyecto de
Ley de la Función Pública
de Aragón, cuyo texto se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del
Gobierno de Aragón, y ofrecernos la posibilidad de realizar aportaciones, sugerencias
o propuestas en relación al mismo.
Dicho
ofrecimiento fue valorado en la reunión de la Junta Directiva de esta
Asociación, celebrada el pasado 7 de abril, en la que se acordó declinar el
ofrecimiento realizado, reservándose esta Asociación la formulación de sus
observaciones a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón,
con el fin de contribuir, en su caso, a la valoración, debate y enmienda del
texto aprobado por el Gobierno de Aragón, en el momento de su tramitación
parlamentaria.
Entendemos
que las actuaciones y omisiones en las que, a lo largo de la presente
legislatura, ha incurrido el actual Gobierno de Aragón nos impiden atender el
ofrecimiento realizado. Este Gobierno ha recurrido las sentencias obtenidas por
esta Asociación a favor del derecho de acceso a la función pública, sin atender
ni responder siquiera a la petición realizada en sentido contrario, buscando su
anulación o, al menos, el aplazamiento de su ejecución, con la lesión que ello
comporta al derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos. Este
Gobierno ha desatendido todas las peticiones realizadas, al amparo del derecho
reconocido en el artículo 29 de la Constitución
Española, sin acusar recibo ni dar respuesta a ninguna de
ellas, y finalmente, hasta la fecha, no se ha facilitado ninguna de las
informaciones solicitadas al amparo del derecho de acceso a la información pública
reconocido en la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón.
Tal
cúmulo de actuaciones e incumplimientos por parte del Gobierno de Aragón, y en
tanto no se subsanen debidamente, nos llevan necesariamente a rechazar
cualquier colaboración activa en el procedimiento de elaboración y aprobación
del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, lo que en modo alguno supone
que restemos trascendencia al contenido de dicho texto.
Esta
Asociación analizará con detalle las previsiones del texto elaborado –como hizo
con el anterior texto en la legislatura pasada-, y remitirá sus valoraciones a
los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, por si se estiman de interés
para su labor parlamentaria.
Se
reproduce a continuación el texto íntegro del escrito del Director General de
Función Pública y Calidad de los Servicios dirigido al Presidente de esta
Asociación:
“El
pasado 22 de marzo, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento del Anteproyecto
de Ley de la Función Pública
de Aragón, comenzando así la tramitación formal de un nuevo texto legal que
lleve a su aprobación como proyecto de ley y posterior remisión a las Cortes de
Aragón.
En
el marco de este proceso y con el objetivo de propiciar la aportación de los
implicados en el mismo, el texto del Anteproyecto está disponible en el Portal
del Gobierno de Aragón (http:/transparencia.aragon.es/content/normas.en-tramite-de-elaboracion),
para tu conocimiento y para que, si lo consideras oportuno, nos hagas llegar
vuestras consideraciones sobre el mismo. Sin duda, cada una de las
aportaciones, sugerencias o propuestas que estiméis conveniente realizar, será
valorada para su posible inclusión en el texto del Anteproyecto.
Agradeciendo
de antemano tu colaboración en este Anteproyecto que viene a desarrollar el
marco estatutario aragonés de la función pública, recibe un cordial saludo.
Zaragoza,
29 de marzo de 2016.
Director
General de Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga
Chamorro”
Hola! estoy pensando en hacerme socia de vuestra Asociación, podríais darme información al respecto?
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ResponderEliminarEl Departamento de Estado de Estados Unidos ha denunciado la "corrupción sistemática de funcionarios gubernamentales" como uno de los tres problemas de derechos humanos más "significativos" que padece España.
El Departamento de Estado ha mencionado esos problemas en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo correspondiente a 2015, que se ha divulgado en Washington.
"Los problemas de derechos humanos más significativos -afirma- incluyeron el retorno forzado y maltrato de personas que buscan asilo por parte de la policía, la corrupción sistemática de funcionarios gubernamentales y la violencia contra mujeres y niños".
"El Gobierno generalmente tomó medidas para enjuiciar funcionarios, tanto en los servicios de seguridad como en el Gobierno, que cometieron abusos. En algunos casos, funcionarios mantuvieron prácticas corruptas y crearon la impresión de impunidad", apunta el informe.
"La ley contempla penas por la corrupción de los funcionarios y el Gobierno generalmente aplicó esas leyes de forma efectiva, aunque las acusaciones y condenas fueron escasas en comparación con las demandas interpuestas", indica el Departamento de Estado.