En
la tarde del pasado jueves, en los locales de la Junta Municipal Centro del
Ayuntamiento de Zaragoza, y de acuerdo con el orden del día fijado en la
convocatoria previamente remitida y publicada en el blog, para conocimiento
general, conforme a los criterios de transparencia establecidos, tuvo lugar la
prevista reunión de la Junta Directiva
de la Asociación.
Tras
la aprobación del orden del día propuesto y del acta de la reunión anterior,
celebrada el día 21 de mayo de 2015, el Presidente pasa a realizar un breve
informe de la actividad desarrollada desde la anterior reunión de la Junta, empezando por la
ejecución de los acuerdos adoptadas en dicha sesión. De conformidad con lo
acordado, se ha promovido recurso contencioso-administrativo, por el
procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales contra los
Decretos del Gobierno de Aragón que aprobaron la Oferta de Empleo Público
para 2015, relativa a los sectores de administración general, personal docente
no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, al
haber considerado que los mismos no garantizar el cumplimiento de lo
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público ni en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en cuyos preceptos se viene a dar desarrollo a las condiciones de
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido por
el artículo 23.2 de la Constitución
Española. Debido al carácter abreviado de los trámites de
este procedimiento especial, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha
remitido ya a la Asociación,
como parte actora, los expedientes administrativos correspondientes a los tres
Decretos de Oferta impugnados, al objeto de que formulemos el escrito de
demanda con anterioridad al próximo día 2 de julio. Toca, por lo tanto, en
estos días realizar un detallado análisis del contenido de dichos expedientes,
al objeto de fundamentar el recurso promovido: la fundamentación, al igual que
en anteriores procesos, no solo se referirá a la motivación insuficiente de los
Decretos aprobados –al no quedar en ningún caso acreditado que el número de
plazas incluidas es el que exige la normativa aplicable-, sino también al
cuestionamiento de la aplicabilidad de las tasas de reposición de efectivos a
los puestos ocupados por funcionarios interinos, lo que directamente vulnera el
régimen establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y,
consecuentemente, como ya señaló el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de
octubre de 2010, afecta al contenido esencial del derecho fundamental de acceso
a la función pública, incurriendo en una vulneración del derecho.
Asimismo,
se comunicó a los responsables de la Asociación contra la corrupción y por la
regeneración social (ACCORS) la voluntad de suscribir con ellos un acuerdo de
colaboración para el impulso de medidas de prevención de la corrupción en el
sector público, habiendo recibido la plena conformidad de dicha entidad, de
manera que queda solo convenir lugar y fecha para proceder a la firma del
citado convenio, al entender oportuno que dicha firma sirva de motivo para
mantener un contacto directo entre las dos asociaciones.
El
Presidente informa del escrito dirigido al nuevo Presidente de las Cortes de
Aragón, al objeto de felicitarle por su nombramiento y darle a conocer la labor
de nuestra Asociación, y la actividad que en estos ochos años hemos llevado a
cabo en el ámbito parlamentario, con numerosos escritos dirigidos a los Grupos
Parlamentarios y el ejercicio del derecho de petición ante la Cámara o las comparencias
efectuadas ante sus Comisiones.
Seguidamente,
se aborda la posible adopción de medidas en relación con la destrucción
documental en Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma,
de la que tuvimos noticia en la
Asociación por diferentes fuentes, y frente a la cual
reaccionamos con diferentes escritos a todos los miembros del Gobierno de Aragón
y a los Secretarios Generales Técnicos de todos los Departamentos, queja al
Justicia de Aragón y denuncia a la Inspección General
de Servicios, debiendo acordarse por la Junta Directiva la posibilidad
de adoptar otro tipo de medidas de mayor alcance, como la posible denuncia al
Ministerio Fiscal o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras
intenso debate entre todos los asistentes, vista la respuesta dada por el
Consejero de Presidencia y Justicia, en la que se niega la destrucción de
documentos de valor oficial o patrimonial –aunque se reconoce la destrucción de
otra documentación-, y la información de que la destrucción se ha detenido como
resultado de las escritos remitidos, se acuerda aguardar al resultado de las
actuaciones que puedan realizar tanto la Inspección General
de Servicios como el Justicia de Aragón. No obstante, se plantean como
posibilidades de actuación, para prevenir la repetición de hechos como éstos en
el futuro, la posibilidad de dirigir un escrito a los nuevos responsables de
los Departamentos, así como reclamar de la Comisión de Valoración de Documentos
Administrativos la fijación de criterios claros relativos a los documentos
generados en las Consejerías –por el Consejero y sus órganos de apoyo directo-,
e incluso plantear una comparecencia parlamentaria, conjuntamente con APUDEPA,
para alertar sobre las medidas que deben aplicarse para la debida conservación
de la documentación administrativa y el especial cuidado que ha de tenerse en
los procesos de traspaso de poderes.
Por
último, se aborda el proceso de cierre del Documento de Propuestas de Buen
Gobierno y Buena Administración, mediante el sometimiento de sus contenidos –tal
y como fueron conocidos en la asamblea ordinaria de la asociación por todos los
socios- a un doble proceso de consulta: general a través de su inserción por
entregar en el blog asociativo, y particular mediante la remisión de su
contenido a un conjunto de personas expertas, al objeto de someter las medidas
formuladas a observaciones o críticas que puedan permitirnos reconsiderarlas o
matizarlas. En dicho proceso, ya se ha comenzado a recibir diferentes
observaciones, las cuales sin duda van a contribuir a mejorar y completar el
documento inicialmente elaborado, lo que viene a confirmar el acierto que
supuso abrir esta fase de contraste externo del Documento, aun renunciando a su
cierre con anterioridad a la celebración de las elecciones autonómicas.
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