El
pasado mes de abril, nos dirigimos por escrito a los diferentes Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados, para plantearles la oportunidad de
que promoviesen, dentro de la
Cámara, la creación de una Comisión de Estudio sobre la
situación del régimen de acceso a la función pública en el conjunto de las
Administraciones Públicas, revisando el impacto real que en el mismo producen
las tasas de reposición de efectivos que contemplan las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y su afección negativa al derecho fundamental de acceso
que otorga a los ciudadanos el artículo 23.2 CE.
Estamos
en condiciones de compartir la necesidad de contener el gasto público, de
manera que las Administraciones resulten a un tiempo eficientes y sostenibles,
y así lo expresamos en nuestro escrito a los diferentes Grupos Parlamentarios,
pero ello debiera perseguirse a través de los mecanismos de planificación de
recursos humanos y racionalización de estructuras administrativas, y no a
través de una medida tan imprecisa e ineficiente como la prohibición o
restricción de incorporación de nuevo personal a las distintas
Administraciones, conservando con ello e incrementando unas tasas de
interinidad que resultan incompatibles con el régimen jurídico previsto para la
función pública, pues la inamovilidad de su personal es una garantía legal para
asegurar su imparcialidad y pleno compromiso con el Estado de Derecho.
Consideramos
que las Cortes Generales deben abordar, en un formato sereno como es una Comisión
de Estudio, la situación que vive la función pública en el conjunto de las
Administraciones, y proceda a evaluar y considerar la inidoneidad de una técnica
aplicada durante las últimas décadas, como es el establecimiento de tasas de
reposición de efectivos como límite al acceso a la función pública, límite que
no está contemplado en el Estatuto Básico del Empleado Público y que, por lo
tanto, debe estimarse contrario al contenido esencial del derecho fundamental
de acceso a la función pública.
Con
independencia de que nuestra sugerencia o propuesta sea finalmente atendida por
los Grupos Parlamentarios, valoramos y agradecemos siempre que dichos Grupos
acusen recibo de los escritos remitidos, aunque solo sea como expresión de la
apertura hacia los ciudadanos por parte de sus representantes institucionales. Algo
tan básico resulta, sin embargo, excepcional, de manera que la comunicación
entre los ciudadanos y sus representantes parece quedar condenada al silencio y
la indiferencia de los representantes, que se consideran liberados del deber de
prestar atención a las comunicaciones de los ciudadanos. Un signo claro de la
distancia que separa a los ciudadanos de sus representantes, y que pone de manifiesto
el desinterés de gran parte de los parlamentarios hacia las propuestas o
sugerencias realizadas por parte de la sociedad civil. Algo que debiera verse
modificado radicalmente, para mejorar la calidad de nuestro sistema político.
Se
reproduce a continuación el escrito remitido desde el Grupo Parlamentario
Popular del Congreso de los Diputados:
“Madrid, 5 de mayo de 2015.
Estimado amigo:
Por indicación del
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Don
Rafael Hernando Fraile, le agradezco sinceramente la carta que ha tenido la
amabilidad de remitirle, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
En este sentido, y
agradeciéndole nuevamente su amabilidad, me complace comunicarle que hemos
procedido a dar traslado del contenido de su escrito al Portavoz Adjunto del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Don Rafael Merino, quien le dedicará
su interés a los efectos oportunos.
Reciba, con este motivo,
el cordial saludo de,
Jaime Fraile Martín
Director de Gabinete del
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular”
No hay comentarios:
Publicar un comentario