De
acuerdo con lo previsto, iniciamos la publicación de los contenidos del
Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, con el fin de
que todas las personas interesadas en realizar aportaciones o críticas al
mismo, puedan formular las mismas ya sea como comentarios en el propio blog, o
mediante correos a la dirección asocfuncionpublica@yahoo.es.
El Documento presentado es fruto de muchas horas de trabajo y debate, pero
estamos convencidos de que las aportaciones que puedan recibirse a lo largo de
este proceso de exposición pública puedan enriquecerlo, incorporando
perspectivas y consideraciones ahora omitidas.
Comenzamos
con un apartado de presentación general y un esquema de la estructura y
contenidos del Documento, para en notas sucesivas adentrarnos en los contenidos
de las diferentes propuestas.
NOTA PRELIMINAR.
El
documento de propuestas que se presenta pretende recoger un conjunto de medidas
orientadas a reforzar objetivos de buen gobierno y buena administración en la Comunidad Autónoma
de Aragón y en las entidades locales aragonesas, insistiendo en la centralidad
del papel que en dicha estrategia corresponde a una función pública eficiente y
altamente profesionalizada.
Algunas
de las propuestas formuladas aconsejan un riguroso y pausado debate, para
madurar soluciones de amplio consenso político y social, y otras reclaman un
diseño definitivo y un impulso lo más inmediato posible para corregir
insuficiencias que hoy lastran el funcionamiento eficiente de la Administración
Pública.
La
Asociación para la Defensa de la Función Pública
Aragonesa considera que un factor decisivo para el logro de los objetivos de
buen gobierno y buena administración es disponer de una función pública
profesional e imparcial, seleccionada conforme a criterios objetivos de mérito
y capacidad, y plenamente comprometida en su actividad con los valores
constitucionales, en los que ha venido a plasmarse la ética pública de nuestra
sociedad.
Unos
servidores públicos conscientes de los principios éticos que rigen su función y
comprometidos con su plena vigencia son un factor imprescindible para
contribuir al éxito de funcionamiento del Estado social y democrático de
Derecho y del Estado autonómico que ha configurado la Constitución Española
de 1978.
El
buen gobierno y la buena administración son conceptos cada día más consolidados
en lo que se refiere al ejercicio del poder político dentro de una sociedad
democrática, a la calidad de sus instituciones y al establecimiento del marco
adecuado para asegurar o fomentar el respeto a los derechos de los ciudadanos,
la calidad de los servicios públicos, la confianza de los ciudadanos hacia las
instituciones y el buen funcionamiento de la economía, propiciando inversión,
transacciones económicas y generación de empleo estable y de calidad.
Ambos
conceptos tienen una enorme potencialidad para condensar la aspiración de los
ciudadanos de contar con unas instituciones cuya ordenación y funcionamiento se
rija por la calidad, la integridad, la transparencia y el respeto a la ley, sin
otro objeto que procurar la libertad, seguridad y bienestar de los ciudadanos.
El
Documento elaborado se estructura en dos grandes bloques, en los que se agrupan
las propuestas de Buen Gobierno, por un lado, y las de Buena Administración,
por otro. A su vez, dentro de cada bloque, las diferentes medidas se ordenan
temáticamente bajo los epígrafes de “Organización institucional y calidad de
las instituciones” y “Marco de Integridad Institucional”, en el primer caso, y de
“Gestión pública” y “Función Pública”, en el segundo.
Pasamos
ya a presentar, de manera esquemática, los contenidos del Documento, cuya
redacción concreta se irá abordando en futuras notas, agrupando las diferentes
medidas dentro de los bloques temáticos señalados.
Estructura y contenido del Documento.
- PROPUESTAS DE BUEN GOBIERNO.
1.A. Organización institucional y calidad de las
instituciones:
1.- Calidad institucional. 2.- Revisión del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Aragón. 3.- Responsabilidad y lealtad
institucional. 4.- Consolidación del sistema de control externo de la gestión
económica del sector público aragonés. 5.- Reforzamiento del Justicia de
Aragón. 6.- Colaboración de los responsables públicos con los órganos de
control externos: Justicia de Aragón, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas y
Tribunal de Cuentas. 7.-Rigor, transparencia y participación en la elaboración
del Proyecto de Ley de Presupuestos y remisión en plazo a las Cortes de los antecedentes
del Proyecto. 8.- Participación ciudadana y control social de las políticas
públicas. 9.- Publicidad de la actuación de los órganos de consulta y
participación. 10.- Reordenación del sector público autonómico. 11.- Control
parlamentario del cumplimiento de los
mandatos. 12.- Calidad normativa.
1.B. Marco de integridad institucional:
1.- Desarrollo de las previsiones de la Convención de Naciones
Unidas contra la
Corrupción. 2.- Aprobación de un Código de Buen Gobierno. 3.-
Creación de una Comisión de Ética Pública en las Cortes de Aragón. 4.-
Regulación del régimen de conflictos de intereses de altos cargos. 5.-
Establecimiento de un sistema de alertas éticas (wistleblowing). 6.-
Transparencia y acceso a la información pública.
- PROPUESTAS DE BUENA ADMINISTRACIÓN.
2.A. Gestión pública:
1.- Implantación de un Código de Buena Conducta
Administrativa. 2.- Calidad y mejora continua de la gestión pública.
3.-Racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos. 4.-
Evaluación de las políticas públicas. 5.- Consolidación y extensión de la Administración
electrónica. 6.- Reforma de los órganos de control: Intervención General e
Inspección General de Servicios. 7.- Control de la convalidación de gastos por
parte del Gobierno de Aragón. 8.- Eficiencia energética y liderazgo
medioambiental. 9.- Reestructuración del sector público empresarial.
2.B. Función pública:
1.- Aprobación de una Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón. 2.- Garantía del derecho de acceso a la función pública: Oferta
Pública de Empleo y procesos selectivos. 3.- Competencia profesional de altos
cargos y directivos. 4.- Ordenación y publicidad de las relaciones de puestos
de trabajo. 5.- Profesionalización de la función pública: sistema de provisión
objetivo y formación continua. 6.- Garantías de transparencia y legalidad de la
negociación colectiva. 7.-Datos estadísticos de la función pública aragonesa.
8.- Análisis del clima laboral de la Administración autonómica. 9.- Eliminación del
complemento de alto cargo. 10.- Prohibición de préstamo de trabajadores de
empresas públicas. 11.- Legalidad retributiva. 12.- Publicación de
nombramientos y ceses de personal eventual y personal con contrato de alta
dirección. 13.- Eliminación de los contratos de alta dirección para desempeño
de puestos reservados a funcionarios. 14.- Limitación del acceso de
funcionarios públicos al desempeño de funciones políticas.
ResponderEliminar¿No hay nada en materia electoral? ¿Primarias? ¿Listas abiertas?
ResponderEliminarUna asociación de jueces avisa a Colau que incumplir la Ley es una forma de "corrupción". Si la renovación es el desprecio a la ley, estamos arreglados.
ResponderEliminarEl portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sesmero Iglesias, advirtió hoy a la candidata a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, que la desobediencia a las leyes es también "corrupción" y puede incurrir en responsabilidad penal por prevaricación "por mucho que a ella le parezca injusta la ley que incumpla".
Sesmero realizó estas declaraciones tras la afirmación de Colau, en una entrevista concedida a El País, en la que asegura que "si hay que desobedecer las leyes que nos parezcan injustas, se desobedecerán" y apuntaba directamente a la realización de la consulta por la independencia de Cataluña.
Dejó claro que "la desobediencia está castigada y cualquier responsable político, por mucho que considere injustas las leyes, puede incurrir en responsabilidad penal por prevaricación". Además, advirtió que "la mejor manera de que un responsable político dure poco en un cargo es incumplir las leyes, como se ha visto en casos más recientes".
En opinión de Sesmero, "incumplir las leyes no deja de ser un elemento y una forma de corrupción". De hecho, explica, "para otorgar determinados hechos administrativos se utiliza el atajo de incumplir la ley y eso no es más que un acto de corrupción".
En el caso que plantea Ada Colau de incumplir la ley para realizar la consulta soberanista, el portavoz de Francisco de Vitoria recuerda las resoluciones en contra de esta decisión adoptadas por los tribunales en los intentos realizados por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
En este sentido, aclara que si Ada Colau llega a la alcaldía y comienza a incumplir las leyes que no le gusten podría incurrir en prevaricación, que no conlleva pena de cárcel pero sí de "multa e inhabilitación para ejercer el cargo".
Y aclara, además, que si para incumplir esas leyes acaba por realizar algún otro tipo de delito como falsedad documental, entonces sí puede llegar a incurrir en "pena de cárcel".
ha
Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente, dejó claro que la desobediencia de las leyes "va contra el Estado de Derecho que es la base de la democracia y puede animar a otros a incumplir las leyes que, a su vez, les parezcan injustas". "Eso y el caos es lo mismo", apostilló.
ResponderEliminarGallardo estima que el incumplimiento del ordenamiento jurídico es una "falta de respeto a los demás y una falta de sentido democrático". "Así lo establece el Consejo de Europa", aclaró y añadió que "la democracia, si no se respeta el derecho, conduce a la segunda guerra mundial, porque lo que les permitió llegar al poder a Hitler y a Mussolini fue no respetar las normas por las que fueron elegidos". En su opinión, "estamos hablando de experiencias que deberíamos tener completamente asumidas".
Avisa también a Colau de que si incumple las leyes "incurrirá en delito como cualquier otro ciudadano". Si lo que hace es una consulta independentista, dijo, el delito puede llegar a ser el de "rebelión o sedición", pero, concluyó, "hasta que no se produzca la desobediencia no se sabrá el delito que ha cometido".
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, asegura que la desobediencia a las leyes puede llegar a tener consecuencias penales, aunque, precisa, que depende del "caso concreto".
En este sentido, explicó que "las Leyes y el resto del ordenamiento jurídico se deben cumplir por parte de los ciudadanos y de los cargos públicos y este tipo de opiniones de desobediencia civil hay que enmarcalos en un contexto de reivindicaciones políticas".
En ese contexto, recuerda las que tienen "tradición histórica como la desobediencia de Gandhi, la de Martin Luther King, o la practicada por los insumisos contra el servicio militar obligatorio". "Lo que hicieron fue desobedecer las leyes para que cambiaran".
Pero dejó claro que, en cualquier caso, "el ordenamiento se tiene que aplicar y puede llevar a consecuencias. En muchos casos la respuesta penal fue la cárcel y en otro tipo de casos, tuvo otras consecuencias".
"Habría que ver el caso concreto, y ver las consecuencias jurídicas, no toda desobediencia tiene una consecuencia idéntica. Puede ser nulidad administrativa y en otros casos, consecuencia penal", apostilló.
El portavoz de Jueces para la Democracia discrepa de su compañero de la Asociación Francisco de Vitoria y cree que la desobediencia de una Ley no es corrupción: "la corrupción es otra cosa diferente, es buscar un beneficio personal al margen de un interés general para enriquecerse u obtener ventajas en el caso político como financiación ilegal".
Sin embargo, considera que "la desobediencia civil no pretende un enriquecimiento personal, sino un cambio de las leyes". "Si el que las desobedece asume la sanción que le corresponda lo tendrá que valorar en función de su ideología y de su estrategia política, pero todas las personas han de cumplir las normas".
En cuanto a la posibilidad de que pueda llegar a ser inhabilitada, Joaquín Bosch explicó que "depende de la infracción jurídica que se cometa". "De hecho --añadió-- los insumisos querían que se derogara el servicio militar obligatorio y la respuesta jurídica fue la prisión, aunque también es cierto que consiguieron su objetivo que fue derogar la ley".
ha
ResponderEliminarEl portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Alvaro Girón, dejó claro que el cumplimiento de la ley es el "principio básico del Estado de Derecho que garantiza la igualdad para los más desfavorecidos". Esto, recalcó, que las leyes las cumplan todos es lo que lo garantiza.
En su opinión, "una cosa son las manifestaciones y luego los hechos". Por ello, cree que "habrá que estar en su momento a lo que haga" la señora Colau si accede a la alcaldía de Barcelona. Pero insistió, de cualquier modo, en que "cumpliendo la ley es cómo se defiende que los débiles estén protegidos". "La ley protege al más débil no al más fuerte", concluyó.
Sobre las posibles sanciones que podría acarrear la desobediencia del ordenamiento jurídico, afirmó que es necesario distinguir la manifestación de la realidad de los hechos y ver "cómo se concretan", para poder establecer los delitos y, en su caso, las penas.
ha
ResponderEliminarEl portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, aseguró, que incumplir la Ley "puede implicar un delito de prevaricación", que conlleva una pena de "inhabilitación" para ejercer el cargo.
"Las leyes las hacen los Parlamentos, donde reside la soberanía popular, ya sean las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos y todos los ciudadanos estamos obligados a su cumplimiento, sobre todo los funcionarios públicos y desde luego los cargos electos".
Emilio Frías no se muestra tan categórico a la hora de calificar el incumplimiento de la Ley como "corrupción". En su opinión, "el problema es qué entendemos por corrupción, si consideramos que lo es todo delito cometido por un funcionario público, entonces sí lo es". "No lo sería si lo que entendemos por corrupción es meter la mano en el bolsillo de otro o de un organismo público. Habría que ver caso por caso", explicó.
De cualquier modo, dijo que ambos delitos están recogidos en el Código Penal y "desde luego --puntualiz-- una de las consecuencias puede ser la inhabilitación para ejercer el cargo".
En este sentido, Emilio Frías explica que el artículo 404 del Código Penal establece pena de inhabilitación, no de prisión. Pero añade que si para incumplir la ley se cometen otros delitos como el de falsedad en documento público, eso sí conlleva pena de cárcel.
ha
En el punto 2.b.3 creo que debiera apostarse por un adecuado desarrollo de los directivos públicos profesionales, en los términos que se recogen en la nota que transcribo:
ResponderEliminarRepresentantes de la sociedad civil (asociaciones estatales de directivos de la Salud, los Servicios Sociales, y otras del mundo local – policía, recursos humanos, desarrollo…-) piden a los nuevos gobiernos que profesionalicen la función directiva para ganar en eficiencia y credibilidad en la acción pública.
Se trata de aplicar la idea de dirección pública profesional y sustituir los criterios de selección de altos cargos de diferente tipo, basados en la confianza personal o partidaria, por otros basados en competencias y valores. Así lo hacen los países más desarrollados desde hace mucho tiempo. España no ha llegado a desarrollar el artículo 13 de la Ley 7/2007 donde se creaba la figura. Algunas Comunidades y Ayuntamientos han regulado muy tímidamente en esa dirección.
Los directivos públicos profesionales son elegidos tras una convocatoria abierta y un proceso en el que han de acreditar formación, experiencia y competencias y adherirse a un exigente código de conducta.
Este es el texto del comunicado que han hecho público:
A los nuevos equipos de gobierno, para impulsar la profesionalización de la dirección pública.
La entidades abajo firmantes, organizaciones de profesionales del mundo local, del sanitario, de los servicios sociales, del de seguridad y de otros sectores, en línea con lo que vienen defendiendo en los últimos tres años, piden a los nuevos equipos de gobierno en las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos que basen sus criterios de selección del personal directivo - sustentados hasta ahora, principalmente, en la confianza partidaria o personal - en las competencias y en los valores, para hacer más eficiente el funcionamiento de los diferentes organismos públicos y aumentar la credibilidad de la acción pública.
Los requisitos de formación y experiencia necesaria, las competencias directivas - capacidad de dirigir equipos, orientación a resultados, gobernanza, transparencia, etc. - y los valores vinculados a la integridad y el comportamiento ético, han de ser los ejes de las decisiones de cobertura de los nuevos puestos directivos.
La profesionalización de esta importante parte de la estructura pública redundará en mejores desarrollos de las diferentes políticas, con resultados más visibles, y por lo tanto en la sociedad.
Una dirección pública profesional, como la que implementan los países más desarrollados, incrementará la cultura de la evaluación y la rendición de cuentas en las Administraciones y la garantía de buenas prácticas políticas y de gestión.
ResponderEliminarAmpliando lo anterior:
Ya está publicado el DIRECTIA Occasional Paper Nº5: Diez pasos para transitar hacia la dirección pública profesional en una Comunidad Autónoma.
Tras las próximas elecciones de mayo de 2015 accederán a los gobiernos de las Comunidades Autónomas nuevos equipos de gobierno comprometidos con el cambio y la innovación. Muchos de ellos saben que ya no es posible seguir haciendo las mismas cosas del mismo modo y que necesitarán nuevos perfiles profesionales para hacer posible el encargo político.
Este artículo ofrece un calendario de acciones en diez momentos: 1, el ajuste y rediseño de los planes ofertados en la campaña electoral; 2, hacer una evaluación del gobierno; 3, formalizar los rasgos generales del nuevo programa de gobierno; 4, pre asignar recursos económicos y humanos; 5, determinar el mapa de la dirección pública profesional; 6, definir los perfiles idóneos; 7, nombrar un tribunal, independiente de partidos políticos para la selección de directivos - referenciar el contrato programa y el compromiso ético del aspirante; 8, elegir / nombrar de acuerdo a una base de confianza directiva; 9, desarrollar la evaluación del desempeño en relación con su contrato programa y, 10, finalmente, a los dos años, realizar una evaluación de 360º del liderazgo.
Sus autores son: Fernando Monar, experto en Planificación y Gestión de la Calidad (UOC) y Evaluación de Políticas Públicas (UCM), Rodrigo Martin, ingeniero de Telecomunicación (UPM), experto en Tecnología y en Recursos Humanos (UOC), Lourdes Aguiló, letrada y licenciada en CC Políticas (UOC), Oscar Briones, profesor universitario en Grado Dirección y Gestión Pública (UVIGO), Alicia Corral, licenciada en derecho (UB) y CC Políticas (UOC), experta en Recursos Humanos, Iván Molina, experto en Gestión Aplicada a las Administraciones Públicas (UPM), Antonio G. Quintans, médico y experto en Gestión Sanitaria y en Gestión Hospitalaria (EADA), Enrique J. Varela, profesor universitario, director del Observatorio de Gobernanza G3 (UVIGO), Isabel Bermúdez, médico y experta Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud (UEM).
Empleados públicos, algunos de ellos han tenido o tienen importantes responsabilidades en CCAA y colaboran en las iniciativas del Plan de impulso a la DPP en España.
Puedes consultar el resto de Occasional Paper en este enlace: http://www.compromisosdecalidad.es/2015-02-25-20-07-04/op
ResponderEliminarLa juez Alaya imputa a 11 jefes de servicio:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/02/andalucia/1433255828_038709.html
ResponderEliminarhttps://heraldodeoregon.wordpress.com/2015/06/01/un-juez-anula-el-concurso-de-traslados-de-2013-al-que-optaron-mas-de-mil-enfermeros/
ResponderEliminarHay que avanzar en la medición de la calidad institucional, para analizar objetiva o científicamente la cuestión.
Así lo hacen en Europa distintas entidades, como se ve:
El más reciente indicador comparado de la calidad de gobierno en regiones europeas, el European Quality of Government Index (EQI) muestra que nuestras comunidades autónomas mejor puntuadas (Asturias, Cantabria, País Vasco o La Rioja) presentan unos resultados similares a la media Europea; es decir, al nivel de Francia; mientras que las que aparecen como peores (Canarias, Extremadura, Valencia o Galicia) están más cerca de las regiones polacas, en la zona media-baja. Dentro de Europa nuestras comunidades autónomas se mueven pues entre la media y la mediocridad.
Los datos en detalle del EQI correspondiente al año 2013 pueden ser consultados en la revista Social Indicators Research ( Charron, Dijkstra y Lapuente), donde acaban de ser publicados. El estudio explora las percepciones de calidad de gobierno en 206 regiones de 24 países europeos. El índice EQI agrega una multitud de preguntas a los ciudadanos sobre cuáles son sus percepciones sobre la calidad de los servicios públicos en su comunidad autónoma (que no “de” su comunidad), del grado de imparcialidad de las instituciones y del grado de corrupción (tanto la experiencia personal de los encuestados como su percepción sobre la misma en las instituciones políticas).
ResponderEliminarEl concepto de Gobierno Abierto (open Government) se vincula con tres grandes principios de transparencia, participación y colaboración desde que Barack Obama lanzó su Memorándum de Gobierno Abierto el 21-01-2009 .
Permitan que yo lo vincule a 4: el Buen Gobierno, la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración.
Los términos Governance y o Buen Gobierno (Good Governance) se utilizan indistintamente. El buen gobierno tiene relación directa con la legitimidad, la legalidad, la equidad y la responsabilidad. Asegura que la corrupción es mínima, durante el proceso de la toma de decisiones, pero también toma aquellas decisiones que benefician a la Sociedad y cubre sus necesidades presentes y futuras. Es un término que define la calidad de Gobierno. Y de calidad del
De calidad de Gobierno habla el estudio presentado ante la Comisión Europea se titula Regional Governance Matters: A Study on Regional Variation in Quality of Government within the EU. Propone un índice de la calidad del gobierno (llamado EQI) y han medido este índice en los gobiernos estatales y en los gobiernos regionales. Evalúa el nivel de corrupción política y social, la calidad del sistema sanitario, la calidad de la educación, varios índices de convivencia y respeto ciudadano, la igualdad ante la ley, etc. El índice indica la percepción de los ciudadanos ante distintos temas y para contarlo se han basado en 34.000 entrevistas en los 27 países de la Unión Europea y en una amplia documentación.
España se sitúa en la media europea, es decir, en el bloque de calidad regular. Y dentro de España la peor nota la lleva Cataluña
ResponderEliminarEspaña se sitúa en la media de calidad de gobierno regional de la Unión Europea, con la mayoría de las comunidades autónomas ligeramente por encima de la media, cuatro de ellas en la media –Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña- y sólo una claramente por debajo de la media –Galicia-, pero todavía muy lejos de los índices de otras regiones. En términos generales, la calidad de los gobiernos regionales de España está por debajo de los de Francia, Alemania o los países nórdicos, pero muy por encima de Italia, Grecia o los países del Este.
ResponderEliminarlos cambios o continuidades de gobiernos municipales y autonómicos que se plantearán durante 2015 no se darán en el vacío, sino en una sociedad con numerosos frentes abiertos y con un franco deterioro en los últimos años en materia de desarrollo humano y social. Votar es un ejercicio libre en el que los factores emocionales, racionales e irracionales se mezclan en combinaciones que sólo los expertos en marketing político son capaces de desentrañar. Pero si se hace campaña en poesía, se gobierna en prosa. Y el día después de las elecciones, quien gane y forme gobierno tendrá que hacer frente a estos retos de manera honesta, competente y eficaz. Esperemos que sea así.
ResponderEliminarAlgo ha de preverse en relación con los lobbys en materia de buen gobierno, para evitar ese fenómeno de la captura de políticas por alianzas de intereses económicos que tratan de imponer sus intereses por encima del interés general que ha de atender la política.
ResponderEliminarUn gobierno de (mala) calidad
¿Cómo se mide la calidad de un gobierno? ¡Buena pregunta! Son tantas las ideas que se me ocurren que no sabría decirles cómo: no sabría por dónde empezar. Pero uno de los documentos de trabajo de la Comisión Europea (concretamente, el WP 01/2012, publicado por la Dirección General de Política Regional) propone una respuesta.
El estudio presentado ante la comisión se titula Regional Governance Matters: A Study on Regional Variation in Quality of Government within the EU y lo firman Nicholas Charron y Víctor Lapuente, los dos miembros del Quality of Government Institute de Gotemburgo, y Lewis Dijkstra, de la Dirección General de Política Regional (DG REGIO) de la Comisión Europea. No es un documento vinculante.
luis soravilla
ResponderEliminarLos autores han hecho un trabajo sólido y muy bien documentado, basado en 34.000 entrevistas en los 27 países de la Unión Europea y en una amplísima documentación. Han creado un índice de la calidad del gobierno (lo llaman EQI) y lo han aplicado a los gobiernos estatales y a los gobiernos regionales. Cuentan y evalúan el nivel de corrupción política y social, la calidad del sistema sanitario, la calidad de la educación, varios índices de convivencia y respeto ciudadano, la igualdad ante la ley, etc. El informe merece la pena leerse, porque plantea preguntas muy interesantes y sus conclusiones también lo son.
ResponderEliminarSe aprecia que los Estados europeos se agrupan en tres categorías: los que tienen una buena calidad de gobierno, los que se conforman con una calidad regular y los que sufren una mala calidad. También se aprecia que dentro de un mismo Estado puede darse una variabilidad muy notable: En España, por ejemplo, que tiene la EQI media europea (i.e., una calidad de gobierno mediocre), se dan regiones (Comunidades Autónomas) con una calidad de gobierno buena y otras con una calidad de gobierno mala. La mejor será el País Vasco; la peor, Cataluña.
ResponderEliminarUna de las intenciones del estudio era poner a prueba cinco hipótesis de partida supuestamente ciertas. Los autores se llevan una sorpresa mayúscula al probar que algunas de ellas son falsas. Veámoslas una a una.
ResponderEliminarLos niveles de desarrollo socio-político se asocian positivamente a la calidad del gobierno de regiones y Estados en la Unión Europea. CIERTO.
El 60% del peso del índice EQI tiene que ver con este nivel de desarrollo, que incluye: esperanza de vida saludable, parte de la renta familiar destinada a la vivienda; diferencia de la proporción de la población con niveles altos de estudios y de la población con niveles básicos o directamente sin estudios entre 25 y 64 años, etc. También, la corrupción. Se evalúa objetivamente, con datos estadísticos. Cuanto mejor sea el sistema sanitario y mejor funcione la salud pública, cuanto más accesible sea la vivienda, cuanto mejor sea la educación pública, mejor calidad de gobierno habrá. Cataluña es la peor Comunidad Autónoma española en el índice de desarrollo socio-político notablemente por debajo de la media española y europea.
ResponderEliminarLa segunda hipótesis que pusieron a prueba es que la calidad del gobierno depende del tamaño (o del número de habitantes) del Estado o región. Según esta hipótesis, es más fácil que la calidad de un gobierno regional sea mejor que la de un gobierno estatal; también será más fácil que un país pequeño tenga una mejor calidad de gobierno que uno grande; es mejor para la calidad tener que habérselas con pocas personas que con muchas. FALSO.
El estudio demuestra, de manera contundente, que la calidad del gobierno no depende en absoluto ni del número de habitantes ni del tamaño del país.
ResponderEliminarLa tercera hipótesis habla de un término llamado Social Trust. La confianza social (llámese así) es un índice que mide la igualdad de oportunidades y considera la posible segregación por razones nacionales, económicas, religiosas, ideológicas o de cualquier otro tipo. Más confianza social, mejor calidad de gobierno. La hipótesis es CIERTA.
Así, pues, a mayor confianza social, mejor calidad del gobierno. La peor confianza social española vuelve a ser la catalana. ¡Vamos bien! Racistas, clasistas, nacionalistas, intolerantes, segregacionistas y machistas por encima de la media. Bravo.
ResponderEliminarLa cuarta y la quinta hipótesis sostienen que un mayor nivel de descentralización provocará una variabilidad más alta en la calidad del gobierno en un mismo Estado y que a mayor descentralización, mejor calidad de gobierno. FALSO.
De hecho, el estudio demuestra que la calidad del gobierno regional no tiene nada que ver con eso. Un Estado centralizado puede tener una excelente o una pésima calidad de gobierno y sus regiones pueden tener unas una buena calidad de gobierno y otras, una mala calidad. Lo mismo sucede con los Estados federales o semi o pseudo-federales. España es el caso típico, con Comunidades Autónomas con una calidad de gobierno excelente (País Vasco, Galicia o Asturias, con un 75 sobre 100) y otras con una mala calidad de gobierno (Cataluña, con 52 sobre 100, en la zona mala, seguida de Madrid, con 60 sobre 100, en la zona mediocre). La principal conclusión del estudio es, repito, que la calidad del gobierno es independiente del sistema de organización territorial.
ResponderEliminarLos datos del estudio son de 2007 a 2010. Es muy posible que, después de la política de recortes auspiciada por Alemania y seguida con fanatismo por el Gobierno de los Mejores de Cataluña, incluso yendo más allá de las restricciones a las que nos somete el Gobierno de España (que ya es decir), haya empeorado notablemente los índices de calidad de nuestro gobierno en 2011 y 2012
ResponderEliminarLa calidad del gobierno de Cataluña no pinta bien, nada bien, y no saben cuánto me fastidia tener razón.
ResponderEliminar¿Alguien ha comentado este informe de la UE en Aragón?
ResponderEliminarLos gobiernos locales tendrán que dar contenido real a conceptos hoy devaluados, como sostenibilidad, transparencia o buen gobierno, y al propio tiempo impulsar una nueva agenda de innovaciones democráticas y de regeneración donde la integridad institucional, los códigos éticos y de conducta y el control ciudadano sean la norma.
Los resultados electorales del pasado domingo han supuesto un enorme cambio en el mapa municipal español. Los ciudadanos hemos optado por gobiernos plurales en la escala local y regional. Hemos decidido situar en el centro conceptos fundamentales como pacto, coordinación, cooperación, gobierno multinivel, transparencia, participación, inclusión y justicia social, ética pública y decencia. En definitiva, otra forma de entender el gobierno y la democracia. Una clara señal de querer dejar atrás patologías institucionales, actitudes prepotentes y episodios reiterados de corrupción política. Y el mejor antídoto, así lo hemos entendido de forma mayoritaria, es impedir mayorías absolutas.
El cambio ha sido de tal profundidad que en muchas grandes ciudades y en centenares de municipios los ciudadanos han otorgado la responsabilidad de gobernar a nuevas plataformas ciudadanas surgidas de movimientos sociales durante estos últimos años. Este nuevo panorama no sólo afecta a las mayorías, sino que también tiene que ver con las demandas de los ciudadanos y sus exigencias de una nueva representatividad. Frente a la constatación, cada vez sentida por más gente, de que «no nos representan», las elecciones han permitido elegir a personas nuevas más en sintonía con las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos. Unas preocupaciones que han de centrar el quehacer de los nuevos ayuntamientos como habrían de haberlo hecho también en el pasado, lo que desgraciadamente no ha sido el caso.
Las ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos y son por ello esenciales para garantizar un nivel de servicios públicos que asegure la equidad social y aspire a lograr una efectiva igualdad de oportunidades para todos, con independencia de su origen social, de su situación económica o de si vive en un entorno rural o urbano, más o menos poblado.
ResponderEliminarLa necesidad de cambio que latía en España y que los resultados electorales han visualizado con tanta claridad tiene mucho que ver con la insuficiencia de los mecanismos que hasta la fecha hemos construido para obligar a que la gestión pública mire hacia donde debe: a los ciudadanos. Tiene también mucho que ver con las insuficiencias objetivas de las políticas públicas que han estado desplegando los ayuntamientos estos últimos años. Es un deber de las nuevas corporaciones municipales atender cuanto antes, con toda la voluntad y recursos disponibles, con competencia y profesionalidad y con el soporte técnico de sus fantásticos trabajadores, a estas necesidades.
El cambio electoral refleja que no podemos esperar mucho más. Necesitamos ya mejores servicios sociales, ayuntamientos que intervengan intensamente en asegurar la educación y atención sanitaria de calidad para todos, políticas de cooperación económica y de despliegue territorial colaborativas que tengan en cuenta las necesidad económicas y sociales… Y lo necesitamos cuanto antes.
Joan Romero y Andrés Boix han coordinado la obra Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local (PUV, 2015) donde una veintena de expertos en políticas locales diseccionan los diversos ámbitos de competencia municipal para hacer propuestas de gestión a partir del ejemplo comparado y del marco legal existente. El resultado es de libre acceso y puede descargarse (en PDF) desde aquí.
ResponderEliminarEl IIDL pone a disposición de las personas interesadas de manera gratuita el último libro de la Colección Desarrollo Territorial, Serie Estudios y Documentos. El libro bajo el título de “Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local” ha sido editado por los profesores Joan Romero (miembro del IIDL y director de la colección) y Andrés Boix. El libro ha sido realizado por Publicacions de la Universitat de València.
En esta publicación además de los editores han participado diversos autores entre los que destacamos las aportaciones a distintos capítulos realizadas por los miembros del IIDL Javier Espacia, Lucía Martínez, Joan Noguera (director del IIDL), María Dolores Pitarch, José Vicente Sánchez, Josep Sorribes y Xavier Uceda.