¡ES NECESARIO MOVILIZARSE!

Esta Asociación está recibiendo un importante número de mensajes de opositores indignados con el desarrollo de los procesos selectivos convocados por el Gobierno de Aragón. En algunos de ellos nos reclaman la interposición de recursos judiciales para tratar de paralizar su desarrollo, considerando los posibles vicios de nulidad en los que se ha incurrido, como puede ser el caso del proceso de Administradores Superiores. Tales iniciativas, que supondrían asumir la carga de impugnación de los interesados por parte de una organización civil que promueve la legalidad al margen de intereses concretos, quedan en principio fuera de nuestras pautas de actuación y, también hay que decirlo, fuera de nuestras posibilidades, por los importantes costes que conllevan (comenzando por el pago de tasas judiciales).

Como Asociación, hemos luchado en solitario –sin apoyo de ningún tipo, más allá de la extraordinaria colaboración de los profesionales que han intervenido en los distintos procesos judiciales- por la defensa del derecho de acceso a la función pública, oponiéndonos a las insuficientes ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón, sin incluir la totalidad de las plazas ocupadas por funcionarios interinos, como exige el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Nuestras acciones judiciales han llevado a la anulación de las ofertas de empleo público de 2007 y 2011, mediante sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, obteniendo por vez primera pronunciamientos judiciales que hacen valer el derecho fundamental de acceso a la función pública frente a la arbitrariedad administrativa en que incurren la práctica totalidad de las ofertas de empleo público de las administraciones públicas españolas.

El largo y complicado proceso de ejecución judicial de las sentencias obtenidas, hasta el momento, ha supuesto la aprobación de ofertas complementarias con cerca de 3.000 plazas, correspondientes a los ámbitos de administración general, personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. Seguimos peleando ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por las plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros, que la Administración ha hurtado de manera deliberada en el proceso de ejecución de sentencia.

Pero el escenario actual –del que es claro ejemplo lo sucedido con la oferta de empleo público de 2014 de la Diputación Provincial de Huesca, o las numerosas irregularidades detectadas en los procesos selectivos de la Administración autonómica, habiéndose abierto una investigación sobre las pruebas de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud-, aconseja que los interesados en los procesos selectivos se movilicen y coordinen para ejercer una función de control sobre las debidas garantías que han de reunir los procesos selectivos.

Igual que el derecho de sufragio está garantizado por las Juntas Electorales, el derecho de acceso a la función pública ha de contar con garantías suficientes que permitan examinar y corregir todas las incidencias producidas, sin perjuicio del posterior control judicial. La judicialización de los procesos selectivos debiera evitarse mediante el establecimiento de mecanismos de garantía de actuación inmediata, vinculante para los órganos de selección, cuya pretensión de “soberanía” debe ser eliminada. Toda actuación ha de ajustarse de manera estricta a las bases de las convocatorias, y esa adecuación debería poder declararse por un órgano de control sin necesidad de acciones judiciales.

En tanto no logremos que la Administración ponga en marcha dichos órganos de garantía de los procesos selectivos –cada día más necesarios, a la vista de la enorme inseguridad jurídica que afecta hoy a los procesos selectivos-, debiera promoverse por los muchos interesados, como son los opositores y los centros de formación, una plataforma, coordinadora u observatorio de los procesos selectivos de la Administración, para ejercer un control ciudadano especializado sobre su convocatoria y su desarrollo, para demostrar que los interesados son capaces de organizarse para garantizar colectivamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, y para promover las acciones jurídicas que puedan resultar precisas en cada caso.

Hemos de avanzar en una cultura de defensa de la legalidad, y el ámbito de los procesos selectivos, en los que la arbitrariedad administrativa ha alcanzado cotas inaceptables, pudiera ser una prioridad para todos los interesados y también para quienes, de una manera u otra, defendemos los principios constitucionales a los que han de ajustar su actividad la función pública y las distintas administraciones públicas.

La movilización ciudadana para asegurar el derecho de acceso a la función pública tendría un enorme campo de trabajo, pero ese trabajo sería perfectamente abordable sumando esfuerzos, acumulando experiencia, articulando colaboraciones y apoyos. ¡Deberíamos avanzar en esa dirección!