UN MANIFIESTO SURGIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA.

Hace unos meses, un conjunto de profesionales de las diferentes Administraciones dirigieron a los partidos políticos españoles una serie de propuestas que esta Asociación comparte plenamente y que contempla en su Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración. El contenido de la propuesta lo reproducimos en esta nota de blog, así como el conjunto de firmas que la suscriben.

Es necesario que los servidores públicos tomen partido por la regeneración de la Administración y hagan públicas sus propuestas, tras un debate colectivo, pero es necesario también que esas propuestas se defiendan desde plataformas organizadas, para dar consistencia al compromiso con los principios y valores proclamados. Para demostrar que el servicio público no se agosta en el mero ejercicio de una actividad profesional, sino que conlleva también una defensa activa de los valores democráticos y de la calidad institucional que establece nuestra norma constitucional, cuya observancia es el referente fundamental de toda nuestra actividad.

Reproducimos a continuación el contenido del manifiesto:

 

Adopten medidas para regenerar la Administracion y ponerla al servicio de la gente.

Vivimos un período en el que la ciudadanía reclama una profunda renovación de nuestras instituciones. En este contexto, quienes suscribimos este documento –empleados públicos y funcionarios de diversos Cuerpos de las Administraciones- queremos contribuir al necesario debate público proponiendo las siguientes medidas estructurales de reforma de las Administraciones Públicas.
A nuestro juicio, estas propuestas son un buen punto de partida para poner las Administraciones al servicio del conjunto de la ciudadanía y establecer los cimientos de unas Administraciones de calidad, profesionales, transparentes, participativas y sometidas en todo momento al control de la gente.

Medidas para que la Administración sea un instrumento de calidad al servicio de los ciudadanos

1) Profesionalización de la dirección pública

• Limitación del personal político al Ministro y su Gabinete, a los Secretarios de Estado; Presidentes y Consejeros de Comunidades Autónomas; y Alcaldes y Concejales

• Extensión de la carrera administrativa, atendiendo estrictamente a criterios de mérito y capacidad, a los niveles directivos (p.e. actualmente en la AGE: Director General, Secretario General, Subsecretario, etc.)

• Establecimiento de mecanismos independientes de transparencia y control para asegurar el cumplimiento de estos principios en la designación de personal directivo

• Establecimiento de incentivos adecuados a las responsabilidades desempeñadas y prohibición efectiva y apropiada de “puertas giratorias” para altos cargos y niveles directivos

  2) Transparencia

• Aplicación de los estándares más elevados de información pública proactiva y mecanismos para que los ciudadanos puedan identificar la información relevante

• Política general de Apertura de Datos (“Open Data”)

• Limitación al mínimo de excepciones a facilitar información pública, sometiendo las negativas a un mecanismo expeditivo e independiente de recurso

• Transparencia, en especial, en procesos normativos, de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, de contratación y subvenciones

• Garantías de independencia de los órganos de control y órganos sancionadores de la Administración

• Control mediante un órgano independiente con participación ciudadana

  3) Participación ciudadana y acceso a la función pública

• Desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en procesos normativos, de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y del gasto público, haciendo uso del potencial de las tecnologías  

• Establecimiento de consejos independientes, formados por ciudadanos, para acompañar la actividad de los organismos administrativos

• Democratización del acceso de los ciudadanos a todos los niveles de la función pública atendiendo estrictamente a criterios de mérito y capacidad

• Evaluación, promoción y mantenimiento en la función pública de acuerdo con mecanismos objetivos y transparentes, que respeten estrictamente los principios de mérito, capacidad y desempeño

• Supresión de estructuras paralelas y externalizaciones 

  4) Control y rendición de cuentas

• Establecimiento de órganos independientes de control efectivo de la actividad administrativa con participación ciudadana 

• Sometimiento de la actividad administrativa a deberes públicos de rendición de cuentas y asunción de responsabilidades

   
Firman: Aleida Alcaide (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Juan Arana (Escala de Técnicos Superiores de Informática Universidad de Zaragoza), Irune Arratibel (C.S. Administradores Civiles del Estado), Ana Bajo (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Dionisio Barrantes (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Elena Benítez (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Bartolome Borrego (Cuerpo Técnico de la Hacienda Pública), María Jesús Cámara (C. G. Sistemas e Informática), Jorge Cancio (C.S. Administradores Civiles del Estado), Manuel Cancio (Catedrático de Universidad), Ángel Conde (C.S. Administradores Civiles del Estado), Henar Criado (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Patricia De La Cruz (C.S. Administradores Civiles del Estado), Maravillas Espín (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Maria Jesús Fernandez (Ayuntamiento de Zaragoza), Mercedes Fernández (C. S. de Técnicos de Tráfico), Rosa Fernández (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Santiago Gabaldón (C.S. Administradores Civiles del Estado), Antonio Galindo (Ayuntamiento de Lorca), Emilio García (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), José García (General del Ejército del Aire, retirado), José Antonio Garcia (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Mercedes García (Médico), Juan Gómez (C.S. Inspectores de Trabajo y Seguridad Social), Jesús Alberto González (C.S. de Administradores, Escala de Técnicos Estadísticos Superiores del Gobierno Canario), Antonio Ibañez (C. de Ingenieros Superiores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León), Víctor Lapuente (Profesor de Universidad, Universidad de Gotemburgo), Juan de Dios Llorens (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Pablo López (E.T. de Gestión de Organismos Autónomos), Mario Maraver (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Carlos Marcos (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Eduardo Melero (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Jaime de Mendoza (Conservador de Museos), Marta de Miguel (Escala de Técnicos Superiores de Informática Universidad de Zaragoza), Ventura de Miguel (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Gabriel Navarro (Funcionario de la Administración Local, Ayuntamiento de Murcia), Iñaki Ortiz (Cuerpo Superior de Administración del Gobierno Vasco), Andrés Pastor (C.S de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social), Rafael Pérez (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Mónica Redondo(Conservadora de Museos), Eloisa del Pino (Profesora, CSIC), David Rey (C. de Administración General de la Universidad Pablo de Olavide), José Luis Roda (Profesor Titular de Universidad), Antonio Miguel Rodríguez (Funcionario del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna), Miguel Ángel Rodríguez (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Pedro-Jesús Rodríguez (E. S. de Sistemas y Tecnologías de la Información de Castilla-La Mancha), Raúl Rodríguez (E.T. de Gestión de Organismos Autónomos), Juan Antonio Ruiz (Inspector de Servicios, Ayuntamiento de Madrid), Antonio Sedeño (Profesor Titular de Universidad), Ignacio Sola (C.S. Administradores Civiles del Estado), Pedro Solé (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Koldobike Uriarte (Cuerpo Superior de Administración del Gobierno Vasco)