EL ANÓMALO CICLO PRESUPUESTARIO EVIDENCIA LA INCAPACIDAD DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Coinciden prácticamente en el tiempo dos hechos que ponen de relieve la anómala gestión presupuestaria del Gobierno de Aragón. Por un lado, se incumple la obligación que marca el Estatuto de Autonomía de Aragón (artículo 111.4) de remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad a las Cortes de Aragón antes del último trimestre del ejercicio en curso. Por otro, este pasado lunes 6 de octubre se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 6 de octubre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de operaciones de cierre del ejercicio 2014, con la consiguiente imposibilidad de contraer nuevos compromisos de gasto, es decir, con la imposibilidad de que sigan ejecutándose durante el último trimestre los créditos presupuestarios autorizados, a salvo de las excepciones previstas.

 

Ambos datos –el incumplimiento de la presentación del proyecto de ley de presupuestos y el cierre del ejercicio a falta de tres meses de inevitable gestión presupuestaria- dan una clara muestra de la deficiente actuación del Departamento de Hacienda y Administración Pública y del clamoroso fracaso de la irregularmente constituida Unidad de Control de Gestión Pública, cuya actuación hubiera debido evitar acudir a soluciones tan drásticas como un cierre del ejercicio con tres meses de antelación.

 

Son muchas las voces que han criticado esta segunda medida, la relativa al cierre del ejercicio, por las repercusiones que conllevan en la demora de pagos a proveedores o pérdida de inversiones, pero no se ha oído ninguna voz que cuestione el incumplimiento de los plazos marcados por el Estatuto de Autonomía para la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos del ejercicio próximo. La quiebra del principio de legalidad, de sometimiento del Gobierno al ordenamiento jurídico, parece resultar secundaria al lado de la preocupación que suscita la incertidumbre de cobros por parte de empresas y particulares. Creemos, sin embargo, que ambos hechos son caras de una misma moneda, y muestran a un Ejecutivo incompetente, incapaz de cumplir las normas y de atender las obligaciones económicas contraídas con particulares.

 

No podemos dejar de relacionar toda esta pésima gestión con la irresponsabilidad que, a su vez, ha dejado patente el Consejero de Hacienda y Administración Pública, así como el resto del Gobierno de Aragón, al remitir a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de la Función Pública –en el que se regula un nuevo régimen retributivo para los empleados públicos y un modelo de carrera horizontal universal-, sin contar con la obligada evaluación del coste derivado de su ejecución y de la forma de financiación prevista para atender tales costes. En un contexto como el señalado, en el que los proveedores de la Administración pueden verse obligados a afrontar periodos de impago claramente abusivos, la falta de previsión sobre los impactos de la posible carrera horizontal de los funcionarios sobre el volumen del capítulo de gastos de personal y, consiguientemente, sobre el total del gasto público autonómico, constituye un ejercicio cualificado de irresponsabilidad política, que necesariamente ha de rechazarse desde las Cortes de Aragón.

 

La pésima gestión llevada a cabo desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública –tanto en lo que respecta a la gestión presupuestaria como en lo que toca a la función pública- ocasiona un daño enorme al conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma, en la que los principios de buen gobierno y buena administración resultan cada día más irreconocibles. Este daño no será fácil de superar sin medidas decididas, en las que hoy nadie parece estar pensando.