miércoles, 2 de julio de 2014

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN ARAGÓN: ¿UNA PRESIDENTA QUE NO SE ESTIMA COMPETENTE PARA DIRIGIR LA ACCIÓN DE GOBIERNO NI RESPONSABLE DE SUS INCUMPLIMIENTOS?



Recientemente nos dirigíamos a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para solicitarle la adopción de las medidas oportunas para que el Gobierno de Aragón que dirige proceda a la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2014. A dicha petición, en lugar de dar una adecuada respuesta a las alegaciones realizadas, la Secretaria General Técnica de la Presidencia, Cristina Moreno, opta por el fácil y criticable recurso de darle traslado al Departamento de Hacienda y Administración Pública “por ser el competente por razón de la materia”.

Acaso olvidan en la Presidencia del Gobierno dos datos que nos parecen relevantes: en primer lugar, que la Oferta de Empleo Público compete aprobarla al Gobierno de Aragón y que su no aprobación constituye una vulneración de un derecho fundamental de los ciudadanos (artículo 23.2 CE) directamente imputable al Ejecutivo autonómico, al no haber velado por el ejercicio adecuado de sus competencias, cuya dejación no se puede achacar a un concreto Departamento, al igual que sucedería si el Gobierno no aprobase el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para un ejercicio; y en segundo lugar, en la Presidencia del Gobierno no pueden disponer, como vienen haciendo, de las condiciones de ejercicio del derecho fundamental de petición, conforme al cual todo ciudadano puede dirigirse a una autoridad pública para plantear cuestiones respecto a materias de su competencia, entendiendo de manera injustificada que la petición puede reenviarse al Departamento que el destinatario (la Presidencia del Gobierno) considera competente por razón de la materia.

Se equivoca la Secretaria General Técnica de la Presidencia al calificar como “carta” un escrito de petición formulado al amparo del artículo 29 de la Constitución Española –una calificación indebida, en todo caso, no priva a nuestro escrito de su naturaleza jurídica, y de las obligaciones que la misma impone al destinatario de la petición- y se equivoca también al remitir sin más la cuestión al Departamento de Hacienda y Administración Pública, pues no compete a dicho Departamento aprobar la Oferta de Empleo Público –más allá de prepararla- ni la inactividad del Departamento eximirá al Gobierno de Aragón, incluida lógicamente su Presidenta, de incurrir en una vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos en el supuesto de no aprobar la Oferta de Empleo Público de 2014.

A la Presidenta del Gobierno de Aragón corresponde, por previsión expresa de la Ley, dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de sus miembros. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, tiene además la obligación de responder a las peticiones que le dirijan los ciudadanos en materias propias de su competencia. Como hemos señalado, no compete al Consejero de Hacienda y Administración Pública aprobar la Oferta de Empleo Público, ni siquiera la de asegurar su aprobación, pues la responsabilidad de que el Gobierno de Aragón cumpla con sus obligaciones legales ha de considerarse colegiada o propia de quien lo preside, quien entre sus funciones de coordinación ha de incluir precisamente asegurar el cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone al órgano ejecutivo.

Una mera remisión de la petición a autoridad distinta, como viene adoptando como práctica habitual la Secretaría General de la Presidencia, desentendiéndose por completo de la posible respuesta que se dé a la misma o incluso de la falta de respuesta a la petición –incurriendo con ello en vulneración del derecho fundamental ejercido- deja a la vista la manifiesta ausencia de voluntad de asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el escaso sentido de la responsabilidad institucional, algo que necesariamente debemos rechazar y poner de manifiesto.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito remitido por la Secretaría General Técnica de la Presidencia:

“Zaragoza, a 19 de junio de 2014.

Estimado Sr. Guiral:

Recibida en la Presidencia del Gobierno de Aragón su carta relativa a la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2014, por la presente le indico que, con esta misma fecha, ha sido remitida al Departamento de Hacienda y Administración Pública, por ser el competente por razón de la materia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Cristina Moreno Casado, Secretaria General Técnica de la Presidencia”

4 comentarios:

  1. ¿De verdad os sorprende? ¿No os suena de algo?
    Yo diría que unas entradas más abajo se repite exactamente lo mismo...

    el eterno retorno de lo mismo. Qué paciencia y qué tenacidad (o tozudez, o aburrimiento...)

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  2. Es como predicar en el desierto... Se quieren cargar la función pública porque seguro lo quieran privatizar todo... Y esto es solo el comienzo

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  3. Nueva sesión de las comisiones de investigación del caso Plaza y de CAI en las Cortes. Los comparecientes en la primera de ellas, como representantes del consejo de administración, reconocieron que actuaron convencidos de disponer de toda la información para el desempeño de sus cargos, y todavía insisten en ello. Sin embargo, las presuntas irregularidades no las detectaron; tampoco fueron informados de cuatro auditorías encargadas por la DGA. Pertenecer a un consejo de administración de una empresa pública con esa capacidad de inversión debería exigir mayores seguridades en el control de la misma. En el caso de la CAI, responsables de las comisiones de control, de riesgos y de auditorías, también reconocieron no poder ejercer eficazmente sus funciones por la influencia de la dirección general. ¿Para qué servían los controles?

    EPA.

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  4. Pienso, luego insisto.

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