NECESARIO CONTROL PARLAMENTARIO DEL IRREGULAR PROCESO DE EJECUCIÓN JUDICIAL.

La reciente petición realizada desde esta Asociación a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para que determine las responsabilidades administrativas y políticas en el falseamiento de la oferta de empleo público complementaria del personal docente no universitario -al alterar la naturaleza de las plazas que debían incluirse en la misma-, llevada a cabo en el proceso de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, queremos acompañarla de una petición de control por parte de los Grupos Parlamentarios en el seno de las Cortes de Aragón.

Cualquier actuación del Gobierno, si consideramos que el poder democrático es un poder limitado y sujeto a control, ha de ser objeto de fiscalización política por el Parlamento, de manera que quienes ejercen la capacidad de dirección política deban rendir cuenta de sus actuaciones ante los representantes de los ciudadanos. Si esto es así en cualquier caso, lo es mucho más cuando el Gobierno, como ha ocurrido en el proceso de ejecución de las sentencias judiciales en materia de oferta de empleo público, ha implicado institucionalmente al Parlamento en una toma de decisiones que pueden constituir un incumplimiento de sentencia judicial y, consecuentemente, una vulneración del ordenamiento constitucional, donde el respeto a las decisiones de Juzgados y Tribunales y el principio de separación de poderes son un elemento fundamental, como requiere la afirmación del Estado de Derecho.

El Gobierno de Aragón no solo ha alterado el sentido de la sentencia judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al anular la Oferta de Empleo Público de 2011, cuyas consecuencias fueron fijadas de forma precisa en el auto de ejecución forzosa adoptado en julio de 2013, sino que en dicho incumplimiento, al hacerlo mediante la aprobación injustificada de un Decreto-ley, vino a implicar al Parlamento, mediante el trámite de convalidación del mismo, en su estrategia de incumplimiento y falseamiento de la resolución judicial.

Dicha actuación, al margen de las consecuencias jurídicas que pueda determinar el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha de tener sus necesarias consecuencias políticas, que deben saldarse con ceses o dimisiones de los principales responsables de dicha vulneración y falseamiento, y de la consiguiente instrumentalización del Parlamento para convalidar una ilegalidad cometida por el Gobierno de Aragón. Dichos ceses han de producirse dentro del Departamento de Hacienda y Administración Pública y del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, con independencia de que el máximo responsable de todo ello, el entonces Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, ya haya cesado en sus funciones.

Debe aclararse la intervención de cada responsable público en la tramitación del Decreto-ley, para determinar quienes son los impulsores del falseamiento producido –indudablemente dentro del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte- y quienes, pese a su responsabilidad en el aseguramiento de la legalidad en materia de función pública, han desatendido sus obligaciones y han dado trámite y justificado la irregular propuesta del Departamento competente en educación. La irregular pretensión de los responsables de educación debiera haber decaído por la oposición del Departamento de Hacienda y Administración Pública, responsable directo de la ejecución correcta de las sentencias judiciales, pero al no haberse impedido dicha alteración del fallo resulta totalmente necesario constatar el grado de responsabilidad de cada uno de los responsables que han intervenido en la tramitación del Decreto-ley 1/2014, al ser esta la norma que vino a dar cobertura al ilegal proceder del Gobierno de Aragón.

Dicha aclaración ha de producirse en el ámbito de las Cortes de Aragón, y por ello esta Asociación se dirigirá a los diferentes Grupos Parlamentarios para solicitarles el impulso de iniciativas de control que permitan clarificar y exigir las responsabilidades políticas derivadas del irregular proceso de ejecución judicial.