LLEGAN LOS DECRETOS COMPLEMENTARIOS DE LAS OFERTAS DE 2007 Y 2011.

Aunque de forma tardía -y precedidos por un improcedente Decreto-ley, pues nada exigía la aprobación de una norma con rango de ley para ordenar una oferta de empleo público ni para proceder a la ejecución de unas sentencias judiciales-, llegan hoy al Boletín Oficial de Aragón los Decretos complementarios de las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, que fueron anuladas por sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al no contener la totalidad de los puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos como exigían el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma.

Más allá de las polémicas suscitadas por la indebida aprobación del citado Decreto-ley –cuya funcionalidad en este proceso está todavía por determinar- y por la incorrecta instrumentalización de las Cortes de Aragón -al forzar su convalidación, en un plazo y unas condiciones que suponía avalar al Gobierno de Aragón en una burda maniobra jurídica para aparentar el cumplimiento de unas sentencias judiciales firmes claramente incumplidas en dicho momento-, hemos de constatar, con todas las reservas que procedan, que esta Asociación no solo logró la aplicación de la normativa de acceso a la función pública, vulnerada por el anterior Gobierno de Aragón, sino que ha logrado también que las sentencias dictadas se ejecuten por al actual Gobierno, para lo que fue necesario instar la ejecución forzosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Aunque de manera obligada –nos gustaría ver algún día que un Gobierno aplique las leyes o cumpla las sentencias de manera voluntaria, sin tener que apelar para ello a los Tribunales-, y con una clara demora, en un proceso que nos ha llevado casi siete años de actuaciones judiciales, el Gobierno de Aragón ha tenido que completar las irregulares Ofertas de 2007 y 2011 aprobadas en su día, completándolas con 2.783 plazas adicionales. Estamos convencidos de que deberían salir muchas más plazas, pero creemos que esa cuestión ya es ajena a la ejecución de estos Decretos ahora aprobados, por elemental exigencia de seguridad jurídica para quienes concurran a los futuros procesos selectivos que habrán de convocarse.

No se explican los motivos por los que –apartándose de los autos de ejecución del TSJA- se han aprobado cuatro Decretos, diferenciando los diferentes sectores o ámbitos de la Administración, en lugar de dos Decretos complementarios a los dos que fueron anulados –el de 2007 y el de 2011-, opción que no se justifica en la exposición de motivos de los Decretos publicados hoy, ni tampoco se explica la razón para no haber agrupado ambos Decretos en uno, como posibilitaba expresamente el auto del TSJA, permitiendo con ello una ordenación más racional y económica de algunos procesos selectivos. Tal posibilidad se contempla, no obstante, en el propio articulado de los Decretos, pues carece de sentido realizar procesos selectivos consecutivos para seleccionar una sola plaza en cada uno de ellos, como ocurre en determinadas Clases de especialidad.

Ahora bien, y aunque celebremos la publicación de estos Decretos como una conquista del Estado de Derecho, resultado de un largo debate jurídico que ha modificado radicalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de acceso a la función pública, debemos insistir en que la aprobación de estos Decretos –que proceden de 2007 y 2011- no obsta para que el Gobierno de Aragón deba aprobar, asimismo, la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2014 –pues cumplir sentencias que vienen de años pasados no exime de cumplir las normas vigentes en 2014-, y debemos igualmente llamar la atención sobre la necesidad de que el Departamento de Hacienda y Administración Pública revise, sin más demora, los criterios aplicados para la designación de los miembros de los Tribunales de selección, para dar a los mismos las máximas garantías de objetividad e imparcialidad.