¿HABRÁ INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA EN PLAZA?

El giro que ha ido adquiriendo la investigación judicial por las graves irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto logístico PLAZA, con la imputación de personas claves no solo en ese proyecto sino en otros ámbitos de la sociedad aragonesa, puede dejar al descubierto la peligrosa alianza de la política y ciertos grupos económicos y empresariales y el tráfico ilícito de favores entre unos y otros. Resulta saludable para la vida democrática que las sospechas generalizadas de los ciudadanos –ante indicios de prácticas indebidas o poco éticas- se vean confirmadas por actuaciones judiciales, devolviendo la credibilidad al Estado de Derecho –acabando con el espejismo de la impunidad en el que algunos creían estar resguardados durante tantos años- y la confianza a los ciudadanos que siguen considerando imprescindible respetar las normas de la convivencia social y de la honestidad pública.

El control de la vida pública no se reduce a la labor de los Tribunales. No todo comportamiento indebido resulta delito o queda suficientemente probado y no siempre existe o se identifica un responsable directo de un daño o resultado lesivo para el interés público. El control de la actividad del Gobierno y del desempeño de sus responsabilidades públicas es una tarea propia del Parlamentos, que cabe y debe ejercerse con independencia de la investigación desarrollada por los Tribunales. Son razones distintas y fines diferentes los que motivan la investigación judicial y la investigación parlamentaria, y la gravedad de lo sucedido en PLAZA, a la vista de la información hecha pública hasta el momento, no puede quedar por más tiempo al margen de la actividad del Parlamento autonómico.

Harían bien los Grupos Parlamentarios en acordar, con el mayor consenso posible, la creación de una comisión de investigación sobre lo sucedido en PLAZA, que permita esclarecer las responsabilidades políticas en que hayan podido incurrir los diferentes gestores públicos, y que, sobre todo, permita arrojar luz sobre la dinámica seguida por el anterior Gobierno de Aragón en la configuración de un desmesurado sector empresarial para el desarrollo de proyectos públicos –al margen de la Administración departamenta,l pero también de aquella iniciativa privada que no vive del favor político- en los que, finalmente, se han detectado actuaciones fraudulentas y corruptas, por parte de sus gestores, haciendo primar el enriquecimiento personal ilícito y la acumulación de poder sobre el interés público y la eficiente y honesta gestión empresarial.

PLAZA merece una comisión de investigación que entre a fondo en el desarrollo del proyecto y permita detectar todas las responsabilidades políticas y todas las disfunciones que se han producido, pero sería igualmente deseable que, a partir de esa investigación o de otra más amplia que abarque al conjunto del sector público empresarial, se revise el papel del conjunto de las empresas públicas, la justificación o no de su continuidad y se modifique radicalmente su modelo de gestión, evitando la presencia de responsables políticos –del Gobierno y de la oposición- en sus órganos de dirección, incorporando con ello los criterios de profesionalidad que propugnan las directrices de gobierno corporativo en las empresas públicas aprobadas por la OCDE. No es admisible que los políticos quieren hacer un papel distinto al que les corresponde, y que pretendan actuar como empresarios, jugando con el dinero de todos, sin asumir el riesgo consustancial a la labor empresarial, único factor que introduce racionalidad a la gestión y que impide que el lucro o beneficio perseguido pueda producirse a costa del interés general y de la propia viabilidad de la empresa.

Confiamos en que las Cortes de Aragón den luz verde, en fechas próximas, a una comisión parlamentaria de investigación sobre PLAZA, como ya pidió en su día esta Asociación, a raíz de las primeras actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción.