En
la tarde del martes se celebró en los locales de la Junta Municipal Centro del
Ayuntamiento de Zaragoza la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, para
debatir los temas contenidos en la convocatoria hecha pública en este blog.
Tras
la aprobación de la convocatoria y del acta de la reunión anterior celebrada el
20 de noviembre de 2013, el Presidente hizo un resumen de las principales
actividades desarrolladas, destacando el cumplimiento de acuerdos adoptados en
la citada reunión, como la presentación de las alegaciones al proyecto de
modificación del Decreto regulador de las cartas de servicios y la realización
del acto público conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción, que
finalmente tuvo lugar el pasado día 15 de enero en el salón de actos de la Cámara de Comercio de
Zaragoza, en colaboración con la entidad ARARSE, asociación promotora de la
responsabilidad social empresarial en Aragón. Se repasó el conjunto de
iniciativas impulsadas dentro de la campaña emprendida para poner en cuestión
la constitucionalidad de las tasas de reposición de efectivos contempladas en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, en primer lugar ante los Grupos Parlamentarios de las Cortes
Generales y, posteriormente, tras la aprobación de la Ley sin modificar el contenido
del Proyecto de Ley remitido por el Gobierno, ante el Defensor del Pueblo y el
resto de instituciones análogas de las Comunidades Autónomas (entre ellas, el
Justicia de Aragón) con la petición de que se formule un recurso de
inconstitucionalidad contra su contenido, al entender que lesiona el contenido
esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública. Se destacó
igualmente la carencia total de información sobre el resultado del periodo de
consultas sobre el texto del Anteproyecto de Ley de Función Pública, sin que
tuviéramos constancia de las posibles modificaciones introducidas a la vista de
las alegaciones u observaciones realizadas, si bien la información difundida
por los sindicatos permitía augurar un resultado claramente insatisfactorio, al
mantenerse los aspectos más criticados por la Asociación en su
escrito de alegaciones. Finalmente, se informó del resultado del encuentro
mantenido con responsables de acción institucional de Unión Progreso y
Democracia (UPyD).
Tras
concluir el informe de actividad por parte del Presidente, se pasó a analizar
el contenido del Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón para llevar a
cabo la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de
2007 y 2011. Se coincidió en la inadecuación del Decreto-ley para llevar a cabo
tal ejecución y en el incumplimiento material en que se había incurrido por
parte del Gobierno, al no haber aprobado en el plazo concedido por el Tribunal
las Ofertas complementarias que marcaban las sentencias y los autos de ejecución,
ni marcarse plazo alguno para ello por parte del Decreto-ley aprobado. El
Presidente afirmó que esta misma semana la Asociación presentará
un escrito ante el Tribunal para manifestar nuestra oposición al Decreto-ley,
por entenderlo una burla a las sentencias judiciales, de manera que el Gobierno
se vea requerido nuevamente a la aprobación de los Decretos complementarios y
se adopten las medidas que correspondan frente al incumplimiento en que se ha
incurrido, con el agravante de la fórmula utilizada, pues el Decreto-ley no
solo busca la inatacabilidad de la decisión del Gobierno sino que conlleva la
apelación a las Cortes de Aragón para que convalide su arbitraria actuación, amplificando
y agravando con ello el desafío institucional a la justicia. Tras un largo e
intenso debate entre todos los asistentes, se acuerda dar traslado a
Presidente, Mesa y Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón de una copia
del escrito formulado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al
entender que en el mismo se expresan las razones por las cuales ha de
entenderse incumplidas las sentencias judiciales, lo que justificaría la no
convalidación del Decreto-ley por parte de las Cortes de Aragón. Se coincide en
la gravedad de las actuaciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de Aragón
y en la manifiesta voluntad de incumplir las sentencias, como se evidencia con
actuaciones como las del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, que baraja la convocatoria de un número de plazas inferior al señalado
en el propio Decreto-ley.
Posteriormente,
se abordó brevemente el estado de la campaña emprendida para cuestionar la
constitucionalidad de las tasas de reposición de efectivos previstas en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y se convino en la necesidad de
activar medidas tanto ante los responsables de las Administraciones –para recordar
la obligación de respetar lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público,
como desarrollo del derecho fundamental de acceso a la función pública- y ante
las instituciones que tienen como misión propia la defensa de los derechos de
los ciudadanos, en particular ante el Defensor del Pueblo. Debemos confiar en
las reacciones por parte del Defensor del Pueblo y demás Comisionados
Parlamentarios autonómicos dentro del plazo existente para la interposición del
recurso de inconstitucionalidad, así como aguardar a la decisión que pueda
adoptar el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre el solicitado planteamiento
de la cuestión de constitucionalidad dentro del recurso contra el Decreto
115/2013, relativo a la Oferta
de Empleo Público para el Cuerpo de Maestros.
A
continuación, se hizo una primera aproximación a las posibilidades de acción que
ofrece la reciente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, a pesar de los plazos que la propia ley prevé para la entrada
en vigor de buena parte de su contenido y, en especial, para la adaptación a
sus previsiones por parte de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Se
coincidió en la oportunidad de reclamar del Gobierno de Aragón la aprobación de
una norma que traslade al ámbito de la Comunidad Autónoma
el conjunto de exigencias previstas por la citada Ley, de manera que se aproveche
el nuevo marco para desarrollar en las Administraciones aragonesas una cultura de
la transparencia, de la legalidad y del buen gobierno, elementos necesarios de
una ética pública exigible tanto para los altos cargos de la Administración como
para el conjunto de los servidores públicos.
Finalmente,
y por unanimidad de todos los presentes se acordó reclamar de la Presidenta del Gobierno
de Aragón la eliminación del complemento de alto cargo consolidable por parte
de funcionarios públicos que se contempla en la normativa autonómica, al amparo
de la previsión del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la supresión
de las modificaciones que la Ley
10/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, introdujo
en materia de carrera administrativa, al reducir ésta a mera garantía salarial
y dejarla desprovista de todo contenido funcional o de responsabilidad
profesional, lo que implica un vaciamiento del derecho a la carrera profesional
que no puede quedar asimilado a una simple garantía retributiva.
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