EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO PRIORIDAD DEL BUEN GOBIERNO: UN NUEVO MARCO NORMATIVO.

El pasado 10 de diciembre de 2013, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Al margen de las insuficiencias que puedan achacarse a la norma aprobada –como se destacó desde la Coalición Pro Acceso, de la que forma parte esta Asociación-, ha de reconocerse que la misma abre posibilidades hasta ahora inéditas para avanzar en la transparencia de la gestión pública y en la exigencia de comportamientos éticos por parte de los altos cargos de todas las Administraciones Públicas.

Como cabe deducir del propio título de la Ley, el contenido de la misma desarrolla tres aspectos distintos, como son la publicidad activa que deben desarrollar las instituciones públicas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley y el derecho de acceso a la información pública que se reconoce a todo ciudadano –ambos aspectos vendrían a desarrollar el objetivo de transparencia de la actividad pública- y, junto a este, se situaría el objetivo de buen gobierno, a través de la fijación de los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

Como elementos especialmente concebidos para asegurar la aplicación de la Ley se incluyen el Portal de la Transparencia –como canal a través del cual acceder a toda la publicidad activa que las Administraciones deben poner a disposición de los ciudadanos- y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como órgano independiente al que se encomienda la promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, la garantía del derecho de acceso a la información pública y el control de la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Aunque gran parte de los contenidos de la Ley precisan de posteriores desarrollos reglamentarios, y la entrada en vigor del Título dedicado a la transparencia se producirá solo al año de la publicación de la Ley, es indudable que la sociedad –el conjunto de los ciudadanos- ha de hacer uso de los nuevos mecanismos establecidos para contribuir a que el ejercicio de las funciones públicas por quienes cuentan con responsabilidades de gobierno en las diferentes Administraciones Públicas sea acorde a las exigencias que imponen una democracia de calidad y un Estado de Derecho.

No podemos minusvalorar el hecho de que la vulneración de los derechos fundamentales –como contenido esencial de nuestro ordenamiento constitucional- o el acoso laboral se configuren como infracciones muy graves en las que pueden incurrir los altos cargos de las Administraciones, cuya sanción conllevará necesariamente la destitución del cargo que ocupen y la imposibilidad de que, durante un periodo de entre cinco y diez años, puedan ser nombrados para ocupar otro puesto de alto cargo o asimilado.  Previsiones como éstas abren unas posibilidades de control de la acción pública que pueden contribuir a corregir algunas de las graves disfunciones que hoy padecemos en las Administraciones Públicas y que inciden en la calidad de nuestras instituciones y servicios públicos y en la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Esta Asociación, por lo tanto, incorporará a sus prácticas de actuación las posibilidades que abre la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, si bien en sus disposiciones finales se otorga a las Comunidades Autónomas un plazo de dos años para adecuarse a sus previsiones. En próximas fechas, solicitaremos del Gobierno de Aragón el impulso de medidas de transparencia y buen gobierno en el marco de la nueva regulación, con el fin de impulsar una cultura democrática en el ejercicio del poder político.