DESORIENTACIÓN INTERESADA.

Para avanzar en la buena dirección, ha de superarse la actual desorientación que unos y otros parecen sufrir y alimentar en relación con las ofertas de empleo público complementarias que ha de aprobar el Gobierno de Aragón –de hecho, ya tendrían que estar aprobadas- en ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por no incluir en ellas la totalidad de los puestos ocupados por personal interino, como exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En primer lugar, el Gobierno de Aragón ha introducido claros elementos de distorsión en este proceso, al aprobar un Decreto-ley injustificado a través del cual no se ha dado cumplimiento a las sentencias judiciales, sino que ha tratado de desvincularse de las exigencias marcadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. A día de hoy, debieran estar aprobados los Decretos complementarios con la determinación de las plazas correspondientes a los diferentes Cuerpos y Escalas de la función pública, cosa que no se ha producido, y el Decreto-ley no solo no prevé plazo concreto para ello, sino que se ha otorgado un plazo de tres años para el desarrollo de los procesos, excepcionando el régimen legal ordinario establecido por la Ley de la Función Pública aragonesa, establecido en nueve meses.

Por otra parte, el número de plazas incluidas, que sin duda suponen un número significativo, resulta ridículo a la vista de las cifras de interinidad que contiene el último Boletín estadístico sobre el empleo público autonómico hecho público por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, cifras que suponen el 35% de la plantilla de la Administración autonómica.

Además, los sindicatos de la función pública, que no tienen ahora empacho en afirmar que siempre han defendido la inclusión de todas las vacantes en las Ofertas de Empleo Público, no quieren darse por enterados de que quien ha obtenido estas sentencias no son ellos sino esta Asociación, y que esta Asociación no ha defendido nunca intereses de colectivos concretos –como los docentes interinos y el temor de algunos de ellos ante el llamado “efecto llamada”- sino derechos de los ciudadanos, y cuando hablamos de derechos constitucionales reconocidos a los ciudadanos, nos referimos a todos los ciudadanos y no solo a una parte de ellos. La función pública aragonesa no es patrimonio de los aragoneses -mucho menos de los interinos aragoneses-, aunque a muchos les cueste comprender algo tan básico.

El hecho de que nuestro campo de acción haya sido la función pública aragonesa lo que viene a subrayar es que aquellas otras organizaciones implantadas en todo el territorio y que debieran haber reclamado el respeto de la legalidad en todas las restantes Administraciones no lo han hecho, y por eso hoy nos encontramos con que Aragón es una adelantada en la reivindicación del derecho de acceso a la función pública, pero ese derecho ni puede ser nuevamente burlado por el Gobierno –como parece pretenderse con el Decreto-ley aprobado- ni puede ser nuevamente patrimonializado por unos pocos en perjuicio de los restantes ciudadanos titulares del mismo. Esta Asociación, por supuesto, no va a inhibirse ante todos aquellos intentos dirigidos a desnaturalizar los fallos judiciales obtenidos.