LA CORRUPCIÓN PÚBLICA, DE NUEVO PRIMERA PÁGINA DE LA PRENSA ARAGONESA.

La principal noticia de ayer en las portadas de la prensa aragonesa era la imputación de altos cargos del Gobierno de Marcelino Iglesias por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus responsabilidades dentro del sector público autonómico., de manera que la implicación en el "caso Plaza", que hasta ahora se había circunscrito al nivel técnico y de gestión del proyecto logístico, viene ahora a engrosarse y alcanzar un primer nivel de responsabilidad política, afectando a personas que ostentaron altos cargos en la etapa de gobierno de Marcelino Iglesias y que en todo momento se mantuvieron en el círculo de confianza más estricta del Presidente.

Sin pretensión de prejuzgar responsabilidades de nadie en las irregularidades detectadas en la ejecución de uno de los proyectos emblemáticos de la anterior etapa de gobierno, hay que reconocer que resultaba increíble que la responsabilidad por los fraudes detectados se limitase al nivel inicialmente señalado, de manera que los responsables políticos del proyecto pudiesen haber desconocido totalmente actuaciones irregulares del calibre de las presuntamente cometidas por el gerente de la empresa y por los técnicos responsables de la UTE adjudicataria de las obras de urbanización del polígono.

Los hechos que ahora salen a la luz –ya puestos de manifiesto por parte del Tribunal de Cuentas en su momento- vienen a arrojar nuevas sospechas de sobrecostes, mala gestión y desvío de fondos en un proyecto público.

Esta Asociación solicitó, a raíz de la acción de la Fiscalía Anticorrupción en este pasado verano que dio lugar al inicio de las actuaciones judiciales actualmente en marcha, la constitución de una Comisión de Investigación en las Cortes de Aragón para que la institución democrática que representa a los ciudadanos y tiene entre sus cometidos el control del gobierno pudiera analizar los defectos de gestión en que se había incurrido en la ejecución del proyecto y, a la vista de los mismos, promover reformas precisas en el sector público autonómico y reclamar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de las conclusiones alcanzadas. Tal petición fue rechazada por el Parlamento autonómico, apelando de manera cuestionable a la separación de poderes y a la no interferencia en la actuación judicial. Difícil demanda la planteada cuando los máximos responsables políticos del proyecto investigado se encuentran hoy ocupando puestos en la propia Mesa de las Cortes de Aragón.

Es triste constatar que el único margen con que contamos los ciudadanos para depurar la corrupción que anida en nuestras instituciones públicas es la confianza en la acción de la Administración de Justicia, en la labor de jueces y fiscales, haciendo frente a procesos complejos que se dilatan durante años –ahí está el caso de La Muela- y con partidos políticos remisos a aceptar cualquier error, aunque las evidencias sean incontestables. Algún responsable político, recientemente, se refería a la “gestión impecable” del proyecto PLAZA por parte de los principales responsables del anterior gobierno de Marcelino Iglesias. Resultará verdaderamente difícil sostener tal afirmación –y mantener la credibilidad de quien la hizo- si la noticia que ayer ocupaba las portadas de la prensa aragonesa viene a confirmar justamente lo contrario.