LA AVERSIÓN DEL PODER AL CONTROL: NO HABRÁ COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE PLAZA.

Las Cortes de Aragón y sus Grupos Parlamentarios, al dejar decaer la propuesta de creación de comisión de investigación promovida por el Grupo de Izquierda Unida, con una interpretación formal y rigorista del reglamento, que obvia el propio pronunciamiento de la Mesa de la Cámara, viene a darnos una muestra más de la aversión que tiene el poder político al control, a la rendición de cuentas y, sobre todo, a la investigación de irregularidades que puedan conllevar responsabilidades por parte de quienes han ejercido cargos públicos.

La mala gestión del dinero público –con una posible malversación de más de cincuenta millones de euros- y las posibles tramas corruptas que hayan podido funcionar en la ejecución de la plataforma logística de Zaragoza –a nivel empresarial o político- no parecen razones suficientes, al parecer, para que el Parlamento, que tiene entre sus funciones la del control de la acción del Gobierno –del cual dependen todas las empresas públicas de la Comunidad Autónoma-, ponga en marcha una comisión de investigación que trate de clarificar las fallas del funcionamiento de la empresa pública y los criterios de funcionamiento que hayan podido permitir actuaciones irregulares por parte de los gestores o directivos de la empresa pública y de las empresas ejecutoras del proyecto de urbanización de la plataforma.

La inhibición de los órganos de control político –con la excusa de que no debe interferirse en la actuación de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia- supone, sencillamente, la negación de la política. El control de la gestión pública no pueda quedar solo en manos de la jurisdicción penal, como se pretende por parte del Gobierno de Aragón y de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, a excepción de Izquierda Unida. La función de la Justicia se limita a tratar de comprobar –con las dificultades inherentes a toda investigación de actividades ilícitas- si se han producido infracciones penales y determinar los responsables de las mismas, como autores, cómplices o encubridores. La gestión pública, lógicamente, va más allá de la posible comisión de faltas o delitos penales.

Una mala dirección, que ha permitido la posibilidad de graves malversaciones de fondos públicos, constituye en sí misma una responsabilidad política, por mala gestión de los intereses públicos. No es posible, políticamente, que un Consejero o un miembro del Consejo de Administración de Plaza –sean Francisco Bono, Javier Velasco, Alfredo Boné, Eduardo Bandrés, Alfonso Vicente o Carlos Esco- digan que nada tienen que ver con las certificaciones de obra o que el Consejo de Administración no detectó ninguna irregularidad. Si las hubo y no se detectaron, la confesión de negligencia en el desempeño de su función resulta evidente.

Tampoco el entonces Ministro de Interior Antonio Asunción era quien custodiaba a Luis Roldán y su fuga fue causa inevitable de su dimisión, por estrictas razones de responsabilidad política. Parece, sin embargo, que en cuestión de asunción de responsabilidades políticas no hemos hecho más que retroceder. En muchas ocasiones, no dimiten ni los imputados en procesos penales, alegando que debe esperarse a la posible sentencia condenatoria, tratando así de equiparar equivocadamente la presunción de inocencia penal con la honestidad en la gestión pública y la debida confianza de los ciudadanos.

Posiblemente, el precedente de La Muela –casi olvidado para la opinión pública, por los años transcurridos, sin que se haya iniciado todavía el juicio de los imputados- anima al Gobierno de Aragón y a los Grupos Parlamentarios a circunscribir el tema de PLAZA al ámbito judicial, en el que las garantías procesales pueden permitir que muchos hechos quedan sin detectar o sin probar, posibilitando que la impunidad política que se persigue se vea acompañada, con un poco de fortuna, por la impunidad penal de algunos de los implicados en los hechos.

No obstante, debemos recordar que esta Asociación se dirigió días atrás, en ejercicio del derecho fundamental de petición, tanto a la Mesa de las Cortes de Aragón como a la Presidenta del Gobierno de Aragón, solicitando, al igual que Izquierda Unida, la creación de una comisión de investigación, informando de ambas peticiones al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón. Seguimos a la espera de las obligadas respuestas de ambas instituciones autonómicas.