MALVERSACIÓN DE DINERO PÚBLICO EN PLAZA: LA DENUNCIA SURGIÓ DE DENTRO.

Las recientes actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción por la posible malversación de caudales públicos en el proyecto de la plataforma logística de Zaragoza –durante los años del anterior Gobierno de coalición PSOE-PAR-, hechos sobre los cuales demasiados ámbitos políticos, económicos y sociales de nuestra Comunidad Autónoma guardan riguroso silencio –un silencio que hace sospechar la enorme gravedad y trascendencia del caso- nos obligan a incidir en el origen de la denuncia de los hechos, que ha permitido la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

Nos encontramos ante un supuesto de whistleblowing o de denunciantes internos, pues según la información publicada en la prensa, fueron dos trabajadores –de la propia empresa pública “PLAZA, S.A.” y de la UTE “Acciona-MLN”- los que pusieron en conocimiento de la Fiscalía las graves irregularidades producidas en la ejecución de uno de los proyectos de mayor significación económica llevados a cabo en Aragón en el presente siglo. No fue ningún órgano de control, interno o externo de la administración, ni ningún directivo de las numerosas empresas instaladas en la plataforma, quien denunció las prácticas irregulares de la plataforma. Fueron dos trabajadores, cuya motivación desconocemos, pero cuya acción, sin duda, va a servir para liquidar la “cultura de impunidad” que ha imperado en la gestión pública aragonesa durante muchos años.

Como se indica en wikipedia, “un alertador —término cuyo uso no está extendido—, (en inglés whistleblower, persona que hace sonar un silbato o pito), es alguien que da a conocer el comportamiento erróneo que existe dentro de una organización o conjunto de personas. Generalmente, la persona pertenece a esa misma organización. La revelación de esta conducta puede ser de varios tipos: la violación de una ley, regla o regulación que puede ser una amenaza al interés público, como un fraude contra leyes de salud o seguridad y/o sobre corrupción política. Los whistleblowers, pueden hacer sus alegaciones internamente, con otras personas en la organización o externamente a reguladores, agencias, grupos mediáticos o grupos que tengan relación con el tema. Frecuentemente se ven obligados a afrontar represalias de las manos de la organización o grupo acusado o de organizaciones indirectamente relacionadas”.

El whistleblowing, como instrumento de prevención de la corrupción o funcionamiento indebido de las organizaciones –tanto públicas como privadas- requeriría que las mismas se dotasen de mecanismos para que las personas que trabajan en ellas puedan alertar sobre aquellas irregularidades detectadas, de manera que las propias organizaciones, comprometidas con sus códigos éticos de buen gobierno, pudieran corregir las situaciones denunciadas, evitando actuaciones ilícitas de directivos de la propia organización.

Este sistema, implantado en las Administraciones Públicas anglosajonas, es el que se propugna por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, cuyo artículo 8.4 señala: “Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones”. 

La verdadera voluntad de una organización de luchar contra la corrupción –sea un partido político, una empresa o una administración pública- está precisamente en dotar de capacidad a cada uno de sus miembros para que, con plenas garantías, pueda poner en conocimiento del órgano determinado –interno o externo- aquellas irregularidades graves contrarias al interés general que detecte en el ejercicio de su actividad.

Esta Asociación, en los primeros meses de este año, se dirigió a las Cortes Generales y al Gobierno de España, en ejercicio del derecho de petición, para solicitar el desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico de la previsión de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, sin que ninguna de dichas instituciones, hasta la fecha, se haya comprometido a impulsar medidas en tal sentido. Los hechos recientes de PLAZA vienen, sin embargo, a avalar la importancia de que la lucha contra la corrupción se asuma por el personal de las organizaciones públicas y privadas, con un régimen de garantías que impida futuras represalias.