DE NUEVO, EN DEFENSA DEL DERECHO DE PETICIÓN.

La lógica de funcionamiento político y administrativo del Gobierno de Aragón y la mentalidad de quienes ejercen altos cargos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón sigue siendo reacia a aceptar controles de cualquier tipo o a dejar espacio a los ciudadanos y a la sociedad civil para intervenir, a través de los cauces constitucionalmente establecidos, en los asuntos públicos.

La falta de respeto al derecho fundamental de petición es el claro ejemplo de dicha actitud, algo que esta Asociación pudo constatar con los anteriores responsables del Gobierno de Aragón –sigue pendiente de sentencia el recurso contencioso-administrativo promovido contra el anterior Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulneración del derecho de petición- y que ahora se reproduce con el actual equipo de Gobierno, frente al cual desde esta Asociación se ha formulado ya la primera queja ante el Justicia de Aragón por no dar respuesta a las peticiones formuladas por esta Asociación, en ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española.

Ayer también nos dirigimos a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para solicitar su intervención en garantía del derecho de petición ejercido por los ciudadanos ante los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Creemos que los ciudadanos no deben admitir que los titulares de los poderes públicos desconozcan su obligación de respeto al ejercicio de los derechos de participación política que establece la Constitución, algo que comporta una vinculación especial para todos ellos, como se señala en el artículo 53.1 de la propia Constitución Española. Si la apelación a la Presidenta no surte el efecto deseado, y los Consejeros siguen sin dar la respuesta razonada que impone la Ley Orgánica 4/2001 a los escritos de petición que se les dirigen, no dudaremos en acudir a los Tribunales para exigir el respeto del derecho y la necesaria sanción a la autoridad pública que lo vulnera.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón:

“Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón

Edificio Pignatelli

Pº María Agustín, 36

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 26 de agosto de 2013.

Estimada señora:

Nos permitimos dirigirnos nuevamente a usted, en atención a sus responsabilidades de dirección y coordinación de la acción del Gobierno de Aragón, para solicitar su intervención a favor del respeto al derecho fundamental de petición ejercido por los ciudadanos ante los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, incluidos los miembros del Gobierno de Aragón y los altos cargos de la Administración autonómica.

No es inusual que las peticiones formuladas por esta Asociación, en materia de función pública, al Consejero de Hacienda y Administración Pública queden sin acuse de recibo ni respuesta, incumpliéndose con ello lo previsto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, y vulnerándose el derecho fundamental que reconoce el artículo 29 de la Constitución Española.

Dado que el artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que los poderes públicos aragoneses promoverán las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución y el Estatuto, entre los cuales se incluye el derecho fundamental de petición, como mecanismo de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, creemos necesario que desde la Presidencia del Gobierno de Aragón se recuerde a todos los miembros del Gobierno de Aragón la necesidad de tramitar las peticiones de los ciudadanos en la forma establecida por la citada Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.

Asimismo, le recordamos la necesidad de que el Gobierno de Aragón, a través del órgano directivo que estime oportuno –y que bien podría ser la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación- confeccione la memoria anual de actividades derivadas de las peticiones recibidas, tal y como exige el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 4/2001, petición que esta Asociación dirigió sin éxito a los responsables del anterior Gobierno de Aragón.

Consideramos que uno de los rasgos distintivos de un Estado de Derecho es el respeto efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el consiguiente sometimiento de los poderes públicos al principio de legalidad, elementos ambos que quedarían en entredicho de no respetarse el derecho de petición ejercido por los ciudadanos ante el Gobierno de Aragón, por lo que no dudamos de su decisiva intervención para corregir la situación señalada.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba nuestro respetuoso y atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”