UNA PRESIDENCIA MENOSCABADA.

El que los ciudadanos –y los miembros de las Cortes Generales y los propios magistrados del Tribunal- hayamos sabido de la militancia política del actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ocultada en todo el proceso de su nombramiento, por los documentos obrantes en uno de los más graves casos de corrupción sufridos por este país, conlleva un inevitable daño a la transparencia y credibilidad de nuestras instituciones, afectando en este caso al máximo garante del respeto a la Constitución.

Más allá de la discutida legalidad de la posible pertenencia a partidos políticos de los miembros del Tribunal Constitucional, visto el régimen de incompatibilidades que se establece en el artículo 159.4 de la Constitución Española y en la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y del hecho de que los miembros de dicho Tribunal no son, por sí mismos, miembros de la carrera judicial, y por ello no les es aplicable la prohibición general de afiliación a los partidos políticos, a nadie se le escapa que el enjuiciamiento de constitucionalidad de las leyes tiene muchísima más relevancia que la labor ordinaria de jueces y magistrados, y por ello cabe exigir de los miembros de dicho Tribunal una imparcialidad, objetividad e independencia igual o mayor a la exigida para los miembros de los órganos jurisdiccionales.

El caso del actual presidente del Tribunal Constitucional se agrava no tanto por el hecho de que dicha militancia existiera, sino por el hecho de que se haya ocultado por el interesado en el proceso de su nombramiento, y por el dato de que tal militancia no quedase en suspenso desde el mismo momento de su acceso a la condición de miembro del Tribunal. El que tal circunstancia salga a la luz como resultado de la instrucción del caso Bárcenas es un hecho particularmente lesivo para el crédito del interesado, que se podría y debería haber evitado con el deber de transparencia que incumbe a todo responsable institucional.

Cuando el Tribunal ha de pronunciarse en fechas próximas sobre recursos de inconstitucionalidad promovidos por diputados del propio Partido Popular o promovidos por el PSOE contra leyes aprobadas por el PP, la condición de militante de este partido que ha ostentado y ocultado el propio presidente del Tribunal Constitucional constituye un factor de menoscabo de la autoridad institucional del Tribunal, y acrecienta entre los ciudadanos la sensación de que los partidos políticos carecen del respeto debido a los órganos llamados a asegurar el respeto del Estado de Derecho, cuya máxima manifestación es precisamente el sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución.

Habrán de ser el interesado y el propio Tribunal Constitucional quienes valoren el daño que las circunstancias de su Presidente ocasionan a la credibilidad del Tribunal, pero lógicamente los Grupos Parlamentarios y los propios magistrados que, en su día, apoyaron su designación como magistrado y como presidente del órgano constitucional están en el derecho de retirar su apoyo y solicitar su dimisión.