GENTE DE MIRADA LEJANA.

La vida de las instituciones, a la cual contribuyen decisivamente las personas con su trabajo y su compromiso, trasciende normalmente la existencia de una generación, y por ello la calidad y fortaleza de las instituciones forma parte de la solidaridad y de la responsabilidad intergeneracional, como ocurre con el medio ambiente o el patrimonio cultural o con tantos otros bienes que, a lo largo del tiempo, se transmiten de generación en generación, y cuya conservación es una de las obligaciones de quienes los administran en cada momento. Cada generación, por lo tanto, ha de preservar y mejorar los bienes comunes de la sociedad, y ha de pensar que dicho bagaje político y cultural es la parte fundamental de su legado a la futura generación.

No es admisible sacrificar bienes colectivos llamados a perdurar en el tiempo a favor de intereses personales u objetivos políticos inmediatos, pues las decisiones personales o coyunturales sólo cobran su dimensión correcta al ser contempladas en el largo ciclo y apreciar su contribución al acrecentamiento o no del patrimonio político y cultural colectivo. Dentro de este patrimonio nos parece que ha de incluirse la fortaleza y la credibilidad de las instituciones públicas, como indicador de calidad democrática.

En momentos de grave tensión política y de descrédito institucional como el que vivimos, todos hemos de actuar con responsabilidad. En estos momentos, resulta extraordinariamente serio ver como órganos constitucionales de tanta relevancia para la vida pública del país como son el Gobierno de España, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, por razones diversas, se hallan con su imagen públicamente cuestionada.

Los problemas no pueden obviarse ni minimizarse cuando alcanzan a la organización de la vida colectiva, pero tampoco pueden magnificarse interesadamente para provocar u ocasionar el máximo desgaste a los titulares de las instituciones. Es evidente que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha de comparecer ante el Congreso de los Diputados para explicar a los ciudadanos las implicaciones del caso Bárcenas en la credibilidad y estabilidad del Gobierno, como parece razonable entender que el Presidente del Tribunal Constitucional está abocado a presentar su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional, para no dañar la imagen de dicho órgano. Ya lo hizo no hace mucho el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, cuando llegó a convencerse de que no existía alternativa. Hay instituciones no electivas, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, cuya legitimidad se fundamenta en gran medida sobre el prestigio y la credibilidad de sus titulares, de modo que una merma de éstos, por errores inexcusables, solo puede conducir a la dimisión o renuncia.

Es altamente preocupante que los titulares de las principales instituciones del Estado –incluida la Corona- hayan incurrido en conductas inadecuadas que han afectado al prestigio y al respeto de tales instituciones, pero también hemos de considerar como signo de fortaleza de nuestra democracia el nivel de exigencia reclamado por los ciudadanos a los titulares de los órganos constitucionales, y la necesidad de renuncia de quienes, con su conducta, no han sabido estar a la altura de la dignidad que reclaman sus funciones. La gente de mirada lejana sabe apreciar el valor permanente de las instituciones y es consciente de la necesidad de asegurar su capital de credibilidad, necesario para preservarlas y poderlas legar en condiciones de uso a las generaciones futuras.