SI ESO ES LA FUNCIÓN PÚBLICA.

El Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón señala en su artículo 1.2: “La función pública de Aragón está formado (sic) por el conjunto de empleados públicos que prestan servicios en las Administraciones Públicas aragonesas y en las demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, ya sea en régimen funcionarial, laboral o como personal eventual”.

Una Ley que aspira a regular una institución jurídica como es la función pública tiene como primera tarea, aunque pueda resultar ardua o compleja, definir el objeto de la regulación y hacerlo de forma adecuada, para que la regulación posterior se ajuste a sus diferentes rasgos o perfiles. Basta la lectura del artículo 1 del Anteproyecto elaborado por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para convencerse de que este proyecto normativo tiene su primera y definitiva falla en una defectuosa determinación del objeto que pretende regular.

Alguien ha pretendido, con un mero juego de palabras, poniendo función pública donde ponía empleo público (sin percatarse siquiera del cambio de género del sustantivo y de las consiguientes concordancias, lo que revela la notable desidia de los redactores del texto), presentar un modelo funcionarial, en torno a la noción de función pública y no de empleo público, pero el resultado es justamente el contrario, es decir, la absoluta desnaturalización de la noción de función pública, pues se la quiere reducir a un mero sinónimo de empleo público, cuando tal pretensión resulta del todo improcedente.

Si  “función pública” se utiliza como un sustantivo intercambiable con “empleo público” y aquélla “está formado (sic)” por el conjunto de empleados públicos que prestan servicios en las Administraciones Públicas aragonesas y en las demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de ley, ya sea en régimen funcionarial, laboral o como personal eventual, como se afirma en el anteproyecto de ley, difícilmente podrá hallarse en el texto de la Ley la menor coherencia con un verdadero modelo de función pública, como el que diseña nuestra Constitución.

Es evidente que no cabe definir una cosa por sus componentes, sino por su naturaleza, finalidad o utilidad. La función pública no puede definirse, sin más, por sus integrantes. La función pública no se identifica con la mera suma de funcionarios públicos –mucho menos de los empleados públicos, como afirma el Anteproyecto- que la integran, sino por su estructura, estatuto o reglas de funcionamiento y principios que rigen su ejercicio. La función pública es una organización que determina la relación de servicios del personal propio de las Administraciones Públicas, sujeta a un concreto régimen de derechos y obligaciones, a la que cabe acceder mediante unos determinados procesos selectivos que acrediten mérito y capacidad de los aspirantes. La función pública es, por lo tanto, una organización y es también una actividad profesional que se desarrolla en el seno de las organizaciones públicas, una actividad que se ejerce por quien ostenta la condición de funcionario público.

En suma, mal se puede regular aquello que no se ha acertado a definir, y mal se puede presentar como Ley de Función Pública de Aragón una Ley de Empleo Público maquillada, cuyo contenido y orientación permanece intacto más allá de la sustitución de unas palabras por otras, pero no cabe tal sustitución entre palabras que no son sinónimos sin la consiguiente pérdida de sentido y congruencia del texto presentado.