PUNTO DE REFLEXIÓN Y DE INFLEXIÓN.

Luchar por el respeto de la legalidad y por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos no sólo es una opción posible y deseable, sino que, como hemos tenido ocasión de comprobar en materia de Oferta de Empleo Público, demuestra la capacidad de nuestro Estado de Derecho para corregir la arbitrariedad del poder político y reestablecer el respeto de los derechos vulnerados.

Debemos preguntarnos por qué hemos admitido durante años que se inaplicasen las leyes y se vulnerasen los derechos de miles de ciudadanos, deteriorando hasta grados inimaginables nuestra función pública, en un proceso creciente de banalización de la ilegalidad. Cuando se banaliza la ilegalidad, se está amparando la impunidad de quien gestiona al margen o en contra del ordenamiento jurídico.

Ilegalidad y corrupción son realidades que se retroalimentan, y debilitar el deber de sometimiento al ordenamiento jurídico –algo que creemos no ha interiorizado realmente ningún Gobierno ni ningún responsable público-, es siempre la antesala para el abuso y la arbitrariedad, y crea el caldo de cultivo propicio para el desarrollo de la corrupción, pues ésta es solamente una cuestión de escala dentro de la ilegalidad.

Las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en las que se recordaba al Gobierno de Aragón la necesidad de ajustar la aprobación de las Ofertas de Empleo Público a los términos establecidos en la ley -pues lo contrario constituía una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública-, y el reciente auto dictado en el incidente de ejecución forzosa de dichas sentencias, pueden ser un importante punto de inflexión en la deriva de ilegalidad que hemos sufrido –y seguimos sufriendo- en la mayor parte de las Administraciones Públicas.

Hemos de recobrar una conciencia clara de lo que supone contar con un Estado de Derecho, llamado a asegurar los derechos de los ciudadanos y a someter la actuación de los poderes públicos al principio de legalidad. Cumplir y aplicar las leyes no es tarea reservada a los Tribunales, como creen muchos de forma interesada, sino que es la primera obligación de todo funcionario y cargo público de cualquiera de nuestras Administraciones. Haberlo olvidado es una de las razones principales del deterioro institucional que vivimos en nuestro país.

No puede hablarse de verdadera función pública si ésta no se ajusta a los principios constitucionales que la definen y la legitiman como organización profesionalizada al servicio del interés general y sujeta a la dirección del Gobierno. Pero el Gobierno –en nuestro caso, el Gobierno de Aragón- es el primer responsable en asegurar el respeto de las reglas por las que ha de regirse la función pública, comenzando por las condiciones de acceso a ella conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad en los términos señalados por la ley. El importante pronunciamiento de los Tribunales para corregir el clamoroso incumplimiento del régimen de acceso a la función pública debiera servir como punto de reflexión para modificar pautas de comportamiento totalmente alejadas del respeto a la ley y devolver a las instituciones su pleno compromiso con los principios del Estado de Derecho, recobrando con ello la confianza de los ciudadanos.