SERVICIOS EXTERNALIZADOS EN HUELGA.

Cada día es un nuevo día de huelga del personal de limpieza de los hospitales del Servicio Aragonés de Salud, adscrito al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, y son frecuentes las concentraciones reivindicativas ante las sedes de dicho organismo y departamento, ruidosas, con silbatos y bombos, coreando consignas como  “Oliván, dimisión”, “Manos arriba, esto es un atraco” o “No somos terroristas, somos limpiadoras”. Pese al tiempo transcurrido, son muchos los empleados públicos de la Administración autonómica que siguen ignorando las causas de dicha huelga, y que ni siquiera se plantean la problemática que suscita una huelga prolongada como ésta en servicios públicos externalizados que afectan a áreas de la máxima sensibilidad ciudadana, como es la atención a la salud. ¿Qué se juega en situaciones como ésta la organización de un servicio público? ¿Cuál es la trascendencia de esta huelga? Son preguntas generalmente ignoradas por los empleados públicos.

Ese desinterés se debe, en gran parte, a que son personal externo, que no pertenece a la función pública. En este caso parece funcionar, aunque sea de forma inconsciente, la “cultura organizativa”, que marca una línea divisoria entre los que pertenecen a una organización y los que no. Pudiera ser que, en los procesos de externalización, dicha fractura entre el colectivo trabajador no sea un objetivo menor, pues se rompen los lazos esenciales de identidad y solidaridad entre personas que trabajan en un mismo servicio. Eso sí, queda claro quiénes son funcionarios públicos y quiénes no. Y de dicha diferencia no sólo toma nota la dirección, sino también los propios trabajadores.

Se nos ha hecho creer que la mejor fórmula para alcanzar la eficiencia en determinadas áreas de los servicios públicos no es sólo el someterlas al régimen laboral –al margen del régimen general de función pública-, sino incluso el llevar a cabo una gestión indirecta o externalizada, de manera que sean empresas privadas las que gestionen las relaciones laborales con el personal que las desempeña, liberándose de ese modo la Administración de la gestión de ciertos colectivos profesionales, de los que prefiere desentenderse.

Existe, sin duda, una manifestación de incapacidad del área de recursos humanos de la Administración autonómica para la gestión integral de ciertos ámbitos del Estado del Bienestar, como es el caso de los hospitales o de las residencias de personas mayores, donde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ya desde hace años, parece haber renunciado a la gestión directa de cualquier centro público de nueva apertura. Es un proceso paulatino de desapoderamiento, en el que los servicios públicos se van poniendo en manos de la iniciativa privada, sin suficientes controles ni garantías. Los nombramientos de algunos responsables de la dirección de centros públicos, pese a su inidoneidad manifiesta, son una muestra más del desprecio por el buen funcionamiento de los sistemas públicos de protección social.

Al margen de la solución cómoda en la gestión de ciertos servicios, y de la consiguiente apariencia de adelgazamiento de la función pública, pues dichos colectivos no cobran sus salarios del capítulo de gastos de personal del presupuesto, es evidente que la Administración pierde el control sobre el funcionamiento integral de los servicios, carece de políticas de recursos humanos orientadas al buen funcionamiento de los centros de atención directa a los ciudadanos –pues prefiere delegar esta función en empresas privadas- y hace posible que en los centros convivan colectivos profesionales con condiciones de trabajo y dependencia laboral distintas, haciendo difícil que alguien se pueda considerar “trabajador de un centro” y favoreciendo que los diferentes trabajadores de cada centro no se sientan miembros de una misma organización ni compartan unos mismos objetivos de servicio al ciudadano.

En esta prolongada huelga, como en toda huelga, nuestro respeto y apoyo a los trabajadores que la secundan, pues resulta meritorio ejercer el derecho fundamental de huelga en las actuales circunstancias, dadas las elevadas tasas de paro y la presión general a favor de la devaluación de los salarios, y en este caso, además, nos fuerza a reflexionar sobre la diversa condición de los trabajadores que conviven en los hospitales públicos de la Comunidad Autónoma.