NO DESPEDIR INTERINOS O LA CONDENA A SER INTERINOS.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, en unas recientes declaraciones a la prensa, ha afirmado que el Ayuntamiento de Zaragoza no va a despedir a ningún interino de la función pública municipal, para a renglón seguido rechazar la convocatoria de las pruebas selectivas correspondientes a Ofertas de Empleo Público de hace más de cinco años, pendientes de ejecución, y a través de las cuales los sindicatos de la función pública municipal pretenden la consolidación de gran parte del empleo temporal existente.

Esta información no puede resultar más desconcertante sobre el funcionamiento del acceso al empleo público municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Puede que el alcalde de la ciudad considere que es un objetivo muy social mantener al personal interino del municipio, descartando cualquier despido, pero ese objetivo, que sería loable en un empresario privado en relación con su plantilla de personal temporal, es imposible en una Administración Pública.

En primer lugar, porque es un derecho de los interinos el participar en procesos selectivos que les permitan acceder a la condición de funcionarios de carrera o personal laboral fijo, como el resto de la plantilla del municipio. Y en segundo lugar, porque todas las Administraciones –está visto que nadie ha tomado nota de la sentencia del Tribunal Supremo en materia de acceso a la función pública- están obligadas a aprobar una oferta anual de empleo público –para ejecutarla, obviamente, lo que parece no ocurrir en Zaragoza y en otras muchas Administraciones- y a incluir en ella todas las plazas ocupadas por funcionarios interinos para que accedan a dichos puestos los candidatos con mayor mérito, tengan o no la condición previa de funcionarios interinos.

La tasa de temporalidad existente en las Administraciones constituye la evidencia del incumplimiento general del derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido como derecho fundamental en el artículo 23.2 de la Constitución Española, y revela además la grave distorsión existente en la función pública, ya que al no asegurarse la inamovilidad de un alto porcentaje del personal de las Administraciones Públicas, condición legalmente establecida como garantía de su imparcialidad, como expresamente señala el Estatuto Básico del Empleado Público,  se produce la quiebra del modelo constitucional de función pública, con un evidente quebranto de la legalidad y la profesionalidad.

Está claro que nadie es realmente consciente del alcance de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 del Gobierno de Aragón, cuyos argumentos, al afectar al contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública, es de aplicación a todas las Administraciones Públicas, incluido el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las declaraciones del alcalde Belloch son un síntoma de la voluntad de ilegalidad respecto a la situación de la función pública municipal, y por ello esta Asociación va a analizar las posibles acciones a adoptar frente a la situación, solicitando la intervención del Justicia de Aragón, así como de los órganos estatales y autonómicos de control de legalidad de la gestión municipal, ya que parece que todos ellos se han inhibido en su responsabilidad de garantizar el ejercicio del derecho fundamental de los ciudadanos al empleo público municipal.