NO PARECE BUENA IDEA SUPRIMIR LOS DEFENSORES DEL PUEBLO AUTONÓMICOS.

Si bien es cierto que resulta poco razonable que cada Comunidad Autónoma replique, en su organización interna, el completo diseño institucional del Estado, generando todo tipo de órganos de control, consulta y participación, además de un injustificado entramado empresarial, que en muchos casos hurta el ejercicio de competencias a la Administración y en otros practica una competencia desleal con las empresas privadas, generando en ocasiones ineficiencia económica y sospechas de corrupción, no es fácil admitir que lo que sobre, precisamente, sean las instituciones dirigidas a la defensa de los derechos de los ciudadanos y a la supervisión del buen funcionamiento de la Administración Pública.

Las duplicidades institucionales han de analizarse con indudable rigor, sobre todo cuando la existencia de dos instituciones con idéntica finalidad lleva al resultado de que ninguna ejerza de manera efectiva su función. Pensemos en el control de legalidad de las acuerdos de las entidades locales, muchas veces inaplicado tanto por los órganos responsables de la Administración General del Estado como por los correspondientes de la Comunidad Autónoma, permitiendo con ello la consolidación de situaciones claramente ilegales en materia urbanística o en materia de función pública.

Probablemente, ninguna de las instituciones autonómicas análogas al Defensor del Pueblo –como el Justicia de Aragón en nuestra Comunidad Autónoma- han ejercido un papel suficientemente efectivo en la garantía de los derechos de los ciudadanos, pero ello es consustancial a su configuración como instituciones mediadoras, con facultades de persuasión y sugerencia, cuyas resoluciones no resultan vinculantes para la Administración y cuyas demandas de información, en bastantes ocasiones, no son atendidas por los órganos supervisados, sin que de ello se derive otra consecuencia que la indicación de tal incumplimiento en el informe anual de la Institución.

El hecho de que los Defensores del Pueblo autonómicos no hayan sido plenamente efectivos –resultado, en gran medida, de la sordera institucional de los respectivos Gobiernos autonómicos, incapaces de incorporar o asumir la menor objeción a sus pautas de actuación, y ahí están todas las sugerencias en materia de función pública rechazadas o inaplicadas por el Gobierno de Aragón, empezando por la obligación de aprobación anual de Oferta de Empleo Público- no justifica en modo alguno la pretensión de eliminarlos, bajo la pobre argumentación del ahorro del gasto público. Hay mil partidas menos prioritarias que cabría y deberían eliminarse previamente, como por ejemplo el complemento de alto cargo que perciben cientos o miles de funcionarios públicos en todas las Administraciones Públicas españolas como resultado del desempeño de puestos de naturaleza política.

En un momento en el que los Gobiernos –central y autonómicos- parecen haber supeditado la legalidad y los derechos de los ciudadanos a una estricta lógica financiera, sin que ello venga acompañado de la ejemplaridad de los cargos públicos –muchos de ellos incursos en vergonzosos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito-, la propuesta de suprimir instituciones de garantía de los derechos de los ciudadanos, después de haber restringido el acceso al control judicial con el establecimiento de tasas, parece una idea rechazable. Los Defensores del Pueblo autonómicos dejarán de tener sentido cuando la Administración actúe de forma escrupulosa garantizando los derechos de los ciudadanos, de modo que el mínimo volumen de quejas existente por mal funcionamiento de los servicios públicos y lesión de derechos haga innecesaria su permanencia. No parece, sin embargo, que esa situación sea la existente en estos momentos.