ECLOSIÓN CIUDADANA.

Si la crisis económica está originando numerosas fórmulas de colaboración y solidaridad social, la crisis política e institucional que sufre nuestro país ha dado lugar también a numerosas iniciativas, de muy distinta naturaleza, a través de las cuales los ciudadanos deciden una participación directa en los asuntos públicos, sin negar la existencia y papel de los partidos políticos en el sistema de democracia representativa, pero con una clara voluntad de ejercer la participación política en primera persona –del singular o del plural-, algo que prevé de forma expresa la Constitución Española. Es posible que éste sea el punto de inflexión más relevante de nuestra vida democrática, al producirse tanto la vuelta del ciudadano al espacio público –convertido en protagonista directo- y registrarse un creciente protagonismo de la sociedad civil en la vida social.

Los ciudadanos no podemos permanecer impasibles ante el acelerado deterioro institucional provocado por el monopolio de la vida política por parte de los partidos y por la creciente corrupción pública y privada, que ha puesto en grave riesgo todos los valores sobre los que se sustenta nuestra convivencia democrática. No podemos quedar reducidos a mera opinión pública, que se expresa a través de sondeos, y que periódicamente acude a las urnas a elegir a sus representantes entre las opciones que se le presentan, sin capacidad de incidir en el proceso de determinación de los candidatos.

Parece llegado el momento de que los ciudadanos demanden buen gobierno y  se  comprometan individual y colectivamente en iniciativas que devuelvan a nuestras instituciones y vida pública vitalidad democrática y fortaleza ética. La Coalición Pro Acceso –en la que está integrada esta Asociación- demanda una Ley de Transparencia, cuya carencia es una clara anomalía de nuestro sistema político. Hace unos días se presentaba en sociedad la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS). Otra importante iniciativa es la plataforma de intelectuales y profesionales que ha lanzado el manifiesto “Por una nueva ley de partidos” reclamando una verdadera democratización de la vida interna de los partidos, y una apertura de nuestro sistema electoral.

Desde esta Asociación se ha barajado en diferentes ocasiones la oportunidad de promover una coalición de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil a favor del buen gobierno, y a la vista de la proliferación de iniciativas ciudadanas tal posibilidad resulta cada día más factible e, incluso, más necesaria. Esa alianza se forjará tarde o temprano en el seno de la sociedad civil española.

Hace unos días se dirigió a esta Asociación un colectivo de estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Salamanca para invitarnos a participar en el proceso de formación de una organización denominada Coordinadora Democrática, que agruparía a personas físicas y jurídicas y tendría como objetivos los de “desarrollar la democracia en términos generales, ampliar la transparencia pública y el acceso a la información, desarrollar la proporcionalidad electoral y ampliar el contenido actual del derecho de participación política de la ciudadanía recogido en el artículo 23.1 CE, de modo que todos los ciudadanos puedan voluntariamente participar directamente en los asuntos propios de los órganos políticos del Estado español”.

Celebramos que los universitarios y la juventud española en general asuman como tarea generacional propia la profundización de la democracia  y la participación directa en la vida política. Bien se ve que no estamos ante una generación perdida, como alguien se ha atrevido a afirmar, porque ninguna democracia que sea digna de tal nombre puede condenar a una generación de ciudadanos a la pérdida de horizonte y de futuro. Esta generación será una generación que no sólo ganará su propio futuro, sino que devolverá a España el vigor democrático del que nos ha privado en los últimos años una clase política y financiera carente de exigencia moral y de compromiso real con los valores que han de regir una sociedad democrática.