UN ESFUERZO INELUDIBLE.

La tarea de regeneración democrática e institucional que ha de preceder, acompañar y propiciar la recuperación del crecimiento económico y del empleo y la deseable corrección de las desigualdades sociales y de los fenómenos de empobrecimiento y exclusión que han provocado estos años de prolongada crisis y de políticas económicas antisociales, exige un esfuerzo colectivo intenso y sostenido en el tiempo, del que nadie debiera evadirse ni excluirse.

Es preciso dedicar tiempo y energías a analizar problemas y sopesar soluciones o alternativas, y para ello es necesario dotarse de herramientas válidas con las que poder identificar las causas que inciden de forma negativa en la calidad de nuestra vida democrática y que motivan la creciente crisis de legitimidad de buena parte de nuestras instituciones. Es necesario un amplio debate desde una actitud de diálogo y respeto y, por supuesto, de superación. Los servidores públicos debemos ser una parte activa en el proceso de reflexión y, sobre todo, en el de aplicación de soluciones a las carencias más manifiestas que hoy presenta nuestra vida institucional.

Es difícil actuar en las actuales condiciones –cuando la confianza escasea en todos los ámbitos de la acción pública-, pero, por duro que resulte, hemos de remontar la situación de sospecha y pérdida de legitimidad que atraviesan hoy, de forma justificada, las instituciones públicas. La mayor parte de ellas han desatendido el cumplimiento de sus deberes legales, contribuyendo de forma decisiva al agravamiento de la crisis económica, social y política en que se encuentra inmerso nuestro país, pero solo desde ellas, tras su oportuna regeneración, es posible reconstruir el necesario proyecto colectivo que siguen representando tanto España como Europa.

Los principales teóricos de la calidad democrática sostienen que la violación del imperio de la ley es el factor más corrosivo de la calidad democrática. El principio de legalidad, seña de identidad de todo Estado de Derecho, es básico también para la supervivencia del Estado democrático y del Estado social. El respeto a las leyes es la premisa fundamental para la convivencia y para el ejercicio de cualquier potestad pública. ¿De qué sirve que los Parlamentos aprueben leyes que luego no cumplen los poderes públicos ni los ciudadanos? ¿Qué porvenir puede tener una sociedad o un Estado en el que el menosprecio u olvido de las leyes ha pasado a ser parte de la cultura política de quienes gobiernan y también de parte de la ciudadanía? ¿Qué futuro cabe augurar a los derechos de los ciudadanos en un Estado donde la legalidad no queda garantizada?

Esta Asociación ha trabajado desde el primer momento de su creación por la defensa y reivindicación de la legalidad administrativa y constitucional, al entender que la quiebra de la cultura de la legalidad que se estaba produciendo en el seno de la Administración Pública era el fenómeno más nefasto que podía afectar a la función pública. ¿Qué valor se puede conceder a una función pública que ha olvidado su primera obligación institucional y se considera liberada de su compromiso con la legalidad? Cuando el aparato ejecutivo del Estado no garantiza la aplicación de las leyes, ¿qué es lo que ejecuta? Nos hemos comprometido a fondo con la defensa de ciertos derechos –el derecho de acceso a la función pública o el derecho de petición-, y hemos obtenido condenas de los más altos Tribunales –el Supremo y el Constitucional- al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón por su vulneración. La defensa de un solo derecho o de una sola ley es una contribución valiosa a la necesaria cultura de la legalidad, pero hay que propiciar una cultura general de legalidad, que permita el respeto de los derechos de todos, no solo de los propios, y que garantice el interés general de la sociedad, poniéndolo a salvo de la llamada “rapacidad oportunista del homo economicus”.

Desde este blog y desde los foros que esta Asociación tiene intención de promover queremos contribuir, de forma modesta pero efectiva, a la regeneración democrática que demanda la mayoría de los ciudadanos, ofreciendo un espacio de encuentro y de intercambio de ideas al conjunto de los servidores públicos. Esperemos que con ello podamos contribuir a recuperar la idea de servicio público y darle la centralidad que le corresponde en nuestra actividad diaria.