QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

Si tal como anunciamos en este blog, la semana pasada se presentó queja ante el Justicia de Aragón por la falta de aprobación de la oferta anual de empleo público en 2012 y 2013, considerando que tal omisión supone un incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la consiguiente vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública, hoy la Asociación formulará una queja similar ante el Defensor del Pueblo, al entender que dicha Institución ha de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los españolas, como señala el artículo 54 de la Constitución.

Consideramos que el Defensor del Pueblo no solo ha de supervisar la actuación del Gobierno de Aragón, en lo relativo a la necesaria aprobación de Oferta de Empleo Público, sino que, sobre todo, ha de velar para que la Administración General del Estado, y en particular el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, asegure el respeto a la legislación básica estatal en materia de función pública, especialmente en aquellos aspectos que afectan al ejercicio de derechos fundamentales establecidos en la Constitución Española.

El desistimiento por parte de la Administración General del Estado en el ejercicio de sus funciones de control sobre las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales es una de las causas principales del alto grado de incumplimiento de la normativa de función pública, y de las enormes disparidades y desviaciones que se han producido en el conjunto de Administraciones, al haberse aprovechado la autonomía respectiva para alterar o inaplicar preceptos de la normativa básica. Una vez constatado que la Administración General del Estado se inhibía ante manifiestos incumplimiento o inaplicaciones, el proceso de incumplimiento no ha hecho sino incrementarse, de modo que la legalidad en materia de función pública se encuentra claramente desvirtuada.

Hace falta una decidida reacción por parte de las instituciones responsables de asegurar el cumplimiento de la Ley. No es posible que la restauración de la legalidad haya de pasar en todo caso por los Tribunales. Las instituciones de control han de desarrollar su papel, requiriendo el respeto de la Ley. También los Parlamentos, a través del control político sobre los Ejecutivos, recordándoles que su principal misión es proceder a la ejecución de las leyes. Por eso, esta Asociación se dirigirá en próximas fechas tanto a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón como a los existentes en las Cortes Generales –tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado- para trasladarles nuestra petición de que ejerzan un control activo sobre el cumplimiento del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.