ENCUENTRO CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: LUCES Y SOMBRAS.

Ayer tarde, a petición del Director General de la Función Pública, Ignacio Murillo, representantes de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, mantuvieron un encuentro en su despacho, en el Edificio Pignatelli, para recibir información sobre el desarrollo del proceso selectivo de ingreso a la Escala General Administrativa (Administrativos), sobre el que esta Asociación había solicitado aclaración respecto al desarrollo de su caso práctico, y abordar las condiciones de ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011.

Sin perjuicio de la respuesta escrita que desde la Dirección General de la Función Pública se remitirá a la Asociación, el Director General de la Función Pública quiso explicar las actuaciones llevadas a cabo para descartar cualquier actuación que pudiera haber viciado el desarrollo del proceso selectivo de Administrativos, demostrando con ello el especial interés del responsable de Función Pública en acreditar la correcta actuación del Tribunal de Selección actuante en dicho proceso. Esta Asociación, a falta de la notificación formal de la respuesta al escrito de petición de investigación, y sin perjuicio de las conclusiones a las que pueda llegar el Justicia de Aragón en la tramitación de su expediente de queja, da por buenas las explicaciones ofrecidas por el Director General y agradece el interés tomado en esclarecer las condiciones de desarrollo del segundo ejercicio de las pruebas selectivas, donde se constató una gran similitud entre el supuesto planteado y el visto en dos de las academias de preparación de opositores.

Menos satisfactorio fue el análisis del estado de ejecución de las sentencias firmes relativas a las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, al margen del hecho de la falta de aprobación de Oferta en 2012 y, ya con plena seguridad, en 2013. Pese a haberse solicitado la ejecución de las sentencias citadas al Consejero de Hacienda y Administración Pública en septiembre de 2012, y haberse carecido de la menor respuesta o contacto sobre ello hasta ayer tarde, después de haber transcurrido siete meses, cabe constatar la inercia de incumplimiento en la que se halla instalado el Gobierno de Aragón en cuanto al régimen de acceso a la función pública, ignorando de forma injustificable el derecho fundamental que reconoce a los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Nada se ha avanzado todavía para el cumplimiento de ambas sentencias, lo que demuestra la inexistente voluntad de restaurar el derecho vulnerado –un derecho fundamental- por el Gobierno de Aragón. Esta Asociación, como es lógico, no va a permitir que las sentencias queden sin ejecutar, lo cual no quiere decir que no esté dispuesta a acordar con la Administración condenada los términos de dicha ejecución, pues somos conscientes de los aspectos que es necesario considerar en la definición de una Oferta de Empleo Público, determinando no sólo los puestos para nuevo acceso, sino también los turnos de promoción interna y el cupo de plazas reservadas para el acceso de personas con discapacidad.

Seguimos creyendo, pese al creciente escepticismo hacia la política de personal impulsada por el actual Gobierno de Aragón, que la regeneración de la función pública pasa obligadamente por el restablecimiento del derecho de acceso a la función pública, para permitir el ingreso a quienes demuestren mérito y capacidad, asegurando el principio de igualdad de todos los ciudadanos para la incorporación al empleo público. Las actuales circunstancias del país no justifican la eliminación de las ofertas de empleo, sino justamente lo contrario, y la preservación de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes que regulan su ejercicio son el primer elemento de calidad democrática que cabe considerar. No puede haber calidad de los servicios, por muchas leyes que se promuevan para ello, sin la premisa fundamental de asegurar el derecho fundamental de acceso a la función pública, piedra angular de la administración profesional que diseña nuestra Constitución.

El encuentro con el Director General fue por lo tanto esclarecedor, mostrando las fortalezas y debilidades de la política de personal del Gobierno de Aragón, lo cual no hace sino reforzar la necesidad de seguir demandando, por todas las vías que permite nuestro ordenamiento jurídico, el respeto a la legalidad en materia de función pública.