OMISIONES PREOCUPANTES.

En el resumen que publica el portal del Gobierno de Aragón de la comparencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, esta mañana ante las Cortes de Aragón –y a falta de la completa transcripción de la intervención-, llama enormemente la atención, dentro del breve pasaje dedicado a la función pública, la absoluta falta de referencia al cumplimiento de la legalidad en materia de acceso al empleo público –derecho fundamental que se ha venido desconociendo de forma reiterada por el Gobierno de Aragón-, y a la consiguiente aprobación anual de las ofertas de empleo público, obviando así la abultada tasa de interinidad existente y limitando la problemática de la provisión de puestos al alto número de comisiones de servicios existente. Queremos creer que se trata de una lamentable omisión y no de un silencio deliberado sobre uno de los problemas más destacados de la función pública: la injustificada e insoportable tasa de interinidad existente, que viene a lastrar y distorsionar el sistema de provisión de puestos de trabajo y, consiguientemente, la profesionalidad y calidad de la función pública.

Esta Asociación no puede pasar por alto tal omisión o silencio, dado que la defensa del derecho de los ciudadanos para acceder a la función pública ha sido una batalla constante –librada contra los responsables de la Administración y contra los propios sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO- y una seña de identidad de nuestra organización. Esta Asociación logró que el Tribunal Supremo anulase la Oferta de Empleo Público de 2007 por no incluir la totalidad de los puestos vacantes ocupados por personal interino, tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley aragonesa de Ordenación de la Función Pública. Dicha sentencia, que afecta a 2.400 puestos de trabajo, sigue sin ejecutarse por el Gobierno de Aragón. También se hallan pendientes de fallo judicial los recursos promovidos por esta Asociación contra las Ofertas de Empleo Público de 2010 y 2011, por iguales motivos que el planteado contra la de 2007. Pese a ello, la problemática del acceso a la función pública no ha merecido un compromiso del Consejero con el respeto a la legalidad, lo cual ha de calificarse, como mínimo, de decepcionante.

Que nadie dude que esta Asociación va a defender con la misma energía que hasta ahora el derecho de acceso a la función pública. El Gobierno de Aragón está sujeto a las leyes, como ha establecido con total rotundidad el Tribunal Supremo, y está obligado a garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, mediante la realización de los procesos selectivos que marca el ordenamiento jurídico. La actual tasa de interinidad, que alcanza a un tercio del total de efectivos de la Administración, es el indicio más claro de la vulneración e incumplimiento de dicho derecho.

Tampoco podemos dejar de destacar el hecho de que el Consejero no se ha comprometido de forma clara y pública a poner al alcance de todos los ciudadanos un boletín estadístico sobre la situación y evolución de la función pública aragonesa, una información que sirva para conocer el volumen y la complejidad de la Administración autonómica y, especialmente, para evaluar la gestión de las políticas de personal aplicadas por los direrentes equipos de gobierno. Carecemos en la actualidad de una correcta radiografía de la función pública aragonesa, lo cual no resulta justificable desde ningún punto de vista.