UNA COMPARECENCIA ESPERADA.

En el transcurso de la semana próxima tendrán lugar las comparecencias de los nuevos Consejeros del Gobierno de Aragón ante las respectivas Comisiones de las Cortes de Aragón, para exponer ante los representantes de los ciudadanos -encargados de ejercer el control e impulso de la acción de Gobierno-, sus propuestas de orientación de cada una de las políticas públicas, su balance de situación del respectivo Departamento del que se han hecho cargo y sus objetivos y criterios de gestión, aportando con ello concreción y detalle al programa general expuesto por la nueva Presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, en el debate de investidura.

A los ciudadanos les interesan y preocupan, sin duda, la totalidad de las políticas públicas a las que afecta el conjunto de las comparecencias -en especial, las medidas de ajuste que haya que adoptar para contener el gasto público-, pero esta Asociación tiene centrado lógicamente su interés en el conjunto de medidas que puedan plantearse por el titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública, sobre los criterios con los que se van a reordenar la Administración y la Función Pública, es decir, la organización pública encargada de la ejecución del conjunto de las políticas públicas.

Esperamos que, por vez primera, el titular responsable del Departamento competente en materia de Función Pública sea capaz de formular, al inicio de la legislatura, objetivos claramente definidos que se dirijan a reforzar los valores y principios constitucionales de la función pública, como son la legalidad, la eficiencia, la transparencia y la ética pública.

Esta Asociación, desde su creación en 2007, ha venido abogando por una Administración radicalmente comprometida con el Estado de Derecho, es decir, con el respeto de la legalidad y el aseguramiento del interés general y de los derechos del conjunto de los ciudadanos. Avanzar hacia ese objetivo requiere un riguroso análisis de la situación existente y de las desviaciones que, a lo largo de los años, se han convertido en práctica habitual de los órganos directivos responsables en materia de organización y función pública. Pero junto a ese análisis, que no puede ser complaciente con la realidad actual, se requiere un claro compromiso de restablecer los valores propios del servicio público, que cabría concretar en una cultura administrativa orientada al respeto de las normas y al logro de los objetivos, con los máximos niveles posibles de profesionalidad y de eficiencia económica, de probidad y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.

Esta Asociación estará particularmente atenta a dos aspectos que consideramos clave para salir del actual estado de postración de la función pública, como son, por un lado, la manifiesta crisis del derecho de acceso de los ciudadanos al empleo público -por incumplimiento reiterado de la normativa en materia de oferta de empleo público-, cuya corrección pasa necesariamente por la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 por no incluir la totalidad de las vacantes ocupadas por personal interino; y, por otro, la puesta a disposición de los ciudadanos y de sus representantes -el Parlamento autonómico- de los datos sobre el estado real de la función pública autonómica, en lo que afecta a sus niveles de interinidad y provisionalidad, al personal de las empresas públicas y a la evolución de los costes de personal, como resultado de la política retributiva pactada en el ámbito de la negociación colectiva, sin respetar los límites exigidos por la legislación básica estatal.

No han de faltar otros muchos elementos, datos y análisis en la citada comparecencia, pero difícilmente cabrá entender coherente y creible un programa de acción que no parta de un reconocimiento explícito de los problemas de la situación actual de la función pública y que no contenga un compromiso inequívoco con la garantía del derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública, a través de las ofertas anuales de empleo público -en el volumen que se estime necesario, con sujeción a las exigencias legales-; con el deber de transparencia y de rendición de cuentas de la situación y evolución de la función pública, con el que se asegure el respeto a la legalidad administrativa y la sujeción a objetivos de eficiencia económica, particularmente en lo que afecta al régimen retributivo del conjunto de personal de la Administración Pública.