TAL DÍA COMO HOY.

Un catorce de febrero, como hoy, hace cuatro años, en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza, se celebró la asamblea constitutiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, iniciándose una experiencia de compromiso con los valores de la función pública cuyos resultados podemos contemplar y evaluar en estos momentos.

El ejercicio del derecho de petición, ante el Gobierno de Aragón y ante el Parlamento autonómico, ante la Administración General del Estado y las Cortes Generales; la interposición de acciones judiciales ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y también de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; la realización de denuncias ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas; la presentación de escritos de queja ante el Justicia de Aragón y ante el Defensor del Pueblo; la formulación de recursos administrativos ante los órganos de la Administración autonómica; todo ello da idea del trabajo desplegado para intentar que la actividad de la Administración y la ordenación de la función pública se ajuste a las leyes, como exige el debido respeto al Estado de Derecho que proclama nuestra Constitución.

El mantenimiento de un blog accesible a todos los interesados en la labor de esta Asociación; la elaboración y difusión de numerosas notas de prensa para los medios de comunicación aragoneses y nacionales; las entrevistas realizadas en distintas televisiones y emisoras de radio; los actos públicos celebrados en las tres provincias aragonesas para dar a conocer la Asociación, para profundizar en el análisis crítico de nuestras instituciones públicas, o para celebrar el Día Internacional contra la Corrupción, como compromiso con un necesario programa de regeneración de la vida pública; todo ello refleja la clara intención de esta Asociación de llevar a la opinión pública –y también a los responsables institucionales- la necesidad de abordar un programa de medidas para avanzar en el buen gobierno y la buena administración.

Creemos que, cuatro años después de la fecha de constitución de esta Asociación, sus fines siguen plenamente vigentes y la oportunidad de su creación viene avalada por la realidad que hoy vivimos de deterioro en nuestras administraciones e instituciones públicas, frente a la cual no es posible la pasividad ni la indiferencia, mucho menos el cinismo, haciéndose cada día más necesario un compromiso activo con los valores democráticos y constitucionales que han de presidir la actuación del conjunto de servidores públicos que trabajan en la administración pública.

Reproducimos aquí los fines que se marcó esta Asociación en su momento de constitución y que, a nuestro juicio, el paso del tiempo no ha hecho más que acreditar su vigencia y oportunidad:

1. Compromiso público.

Compromiso pleno con los principios del Estado de Derecho y los valores constitucionales. Concepción de la Administración como organización al servicio de los ciudadanos y de la democracia. Papel esencial de la labor de los funcionarios y demás empleados públicos para el reforzamiento de la credibilidad de las instituciones públicas y el desarrollo de la cultura democrática.

2. Legalidad.

Defensa de la plena vigencia del bloque constitucional y de la legalidad administrativa, garantizando el sometimiento de la actuación de la Administración a la Ley y al Derecho y el respeto máximo a los derechos y libertades de los ciudadanos. Colaboración con los órganos de control internos y externos encargados de velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

3. Ética.

Defensa y promoción en el seno de la Administración de una ética de la responsabilidad y de un compromiso de integridad para el recto ejercicio de la función pública y la obtención de los fines de la actividad pública. Promoción de estándares de comportamiento exigibles para el conjunto de los funcionarios y demás empleados públicos.

4. Profesionalidad.

Defensa y promoción de la profesionalización de la Administración Pública, tanto de su función directiva como del conjunto de los funcionarios y demás empleados públicos, orientando a tal objetivo la política de formación y todos los instrumentos de desarrollo profesional y carrera administrativa.

5. Calidad y buena administración.

Defensa y promoción de una cultura de la calidad en los servicios públicos. Impulso de medidas de modernización, planificación y evaluación efectiva y de iniciativas tendentes a la mejora continua de la gestión pública y a la creciente satisfacción de los usuarios de los servicios públicos. Garantía del derecho de los ciudadanos a una buena administración.

6. Receptividad y participación.

Promoción de una gestión pública orientada al ciudadano, receptiva y sensible a sus demandas y necesidades, y dotada de instrumentos de participación y consulta que permita incorporar a los procedimientos de decisión el conjunto de los intereses y valores sociales afectados.

7. Gestión eficiente.

Defensa y promoción de una cultura de la eficiencia y del gasto racional y responsable, optimizando la utilización de recursos e impulsando técnicas modernas de gestión y control. Impulso de la Administración electrónica al servicio de una gestión ágil y eficiente. Utilización preferente y óptima de las capacidades del capital humano público, evitando la descapitalización de la función pública y la infrautilización de los recursos propios.

8. Cultura organizativa.

Defensa y promoción de una cultura organizativa que contribuya a consolidar en la Administración valores de respeto y colaboración, responsabilidad, transparencia, trabajo en equipo, dirección participativa e igualdad de oportunidades y no discriminación, así como un nítido compromiso de calidad en el conjunto de los servicios públicos.