REUNIÓN PARA ANALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL SUPREMO.

Los representantes de esta Asociación han sido convocados por el Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, a una reunión en la que analizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que, recientemente, anuló la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón, por no incluir las plazas vacantes ocupadas por interinos, y vulnerar con ello el derecho de acceso a la función pública que establece el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Esta Asociación tiene claro lo que la sentencia exige y lo que excluye. Exige que se oferte el número de plazas ocupadas por interinos en el momento de aprobación de la Oferta de 2007 -deduciendo lógicamente las que se hayan podido cubrir con posterioridad, en procedimientos de acceso o promoción interna- y que esa oferta se haga en garantía del derecho de acceso de los ciudadanos. La sentencia no se ha dictado para asegurar la fijeza del personal interino ni para promover un proceso de consolidación de empleo -algo por lo que nunca ha abogado esta Asociación- sino para que los ciudadanos -interinos o no- puedan participar en igualdad de condiciones en los procesos selectivos a convocar para cubrir los puestos vacantes.

La batalla jurídica librada por esta Asociación ha tenido como finalidad restablecer el pleno ejercicio del derecho de acceso a la función pública para el conjunto de los ciudadanos -no sólo para los interinos, ni sólo para los que somos de aquí, sino para todos los ciudadanos a los que la Constitución Española reconoce el derecho de acceso en condiciones de igualdad-, acabando con las prácticas de patrimonialización de los puestos públicos que, de forma tácita o expresa, han venido propugnando los partidos políticos o los sindicatos de la función pública, suspendiendo de forma arbitraria y antijurídica el régimen legal y constitucional de acceso de los ciudadanos a ellos.

No corresponde a esta Asociación sino a los responsables de la función pública de la Administración aragonesa fijar las condiciones en que ha de ejecutarse la sentencia del Tribunal Supremo -haciendo ahora lo que no se quiso hacer en su momento-, pero esta Asociación, como parte actora en el recurso judicial cuyas tesis han sido avaladas por la sentencia del TS, evitará que el fallo sea desvirtudado por interpretaciones tendenciosas o infundadas. No se admitirá la aplicación de tasas de reposición, ya que las normas las excluyen expresamente para los puestos cubiertos por interinos, ni se aceptará que los procesos a realizar privilegien a quienes entonces u hoy ostenten la condición de interinos.

La regeneración ética de la función pública, a la que la sentencia del TS ha de contribuir, no se obtendrá con un proceso de consolidación -cediendo al interés coyuntural y exclusivamente electoralista de los sindicatos de la función pública- sino con la devolución de los puestos de trabajo a quienes legítimamente les corresponden: a los ciudadanos que acrediten mayor mérito y capacidad en procesos públicos, objetivos y con garantías, con unos tribunales cuyos miembros no sean libremente designados por los responsables políticos de turno.

La realidad se ha alejado tanto de la legalidad en estos años que a muchos pedir el respeto de la ley les puede parecer una utopía inalcanzable. Para esta Asociación, sin embargo, restablecer la legalidad es su única razón de ser y de actuar, y para ello no reclama el voto de nadie sino simplemente el amparo de los tribunales, único ámbito en el que de verdad es posible obtener la garantía eficaz del Estado de Derecho, es decir, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, esos que, vale la pena recordarlo, no pueden ser objeto de negociación colectiva pues son indisponibles para todos, incluido el legislador.