LEJOS DE LA INDIFERENCIA Y DEL FATALISMO.

Cuando se aproximan los últimos días del año, inevitable paréntesis en la actividad de muchas organizaciones, entre las que se cuenta esta Asociación, toca trascender la casuística de la actividad diaria -esa inevitable sujeción al afán de cada día- y recobrar la perspectiva amplia por la que se guía la actividad desplegada a favor del respeto a la legalidad en la función pública y del buen funcionamiento de las instituciones públicas, aspecto que resulta trascendental para la calidad de la democracia y para la efectividad de los derechos de los ciudadanos.

Corresponde volver a reafirmar los fundamentos de nuestro trabajo, mucho más reducido de lo que desearíamos -pues han de reconocerse las limitaciones propias, y sobre todo hacerlas conocer a quienes parecen exigirle a esta asociación una labor de titanes, como es la de ocuparse de todo lo que concierne a la función pública, a la administración, a la vida pública y a la defensa de los valores de la democracia, sin prestarle apoyo o colaboración alguna para semejante tarea-, y esos fundamentos, al margen del mayor o menor acierto en su formulación -ahí están los principios y fines que constan en nuestros Estatutos-, se encuentran en algo tan simple como es el no ceder a la indiferencia ante lo que sucede en nuestro entorno ni cultivar el fatalismo en el que tantos justifican su inactividad. Como no hay nada que hacer y las cosas que suceden no tienen remedio, se dicen a sí mismos, es preferible ocuparse de los intereses privados y no empeñarse en batallas perdidas de antemano.

Como, por suerte o por desgracia, los miembros de esta Asociación aún no hemos perdido la sensibilidad que como servidores públicos nos corresponde en todo lo que afecta a la organización y actividad de la administración y de la función pública, y a todo el entramado institucional del que la misma forma parte fundamental -nos referimos al Estado social y democrático de Derecho y al Estado autonómico en que se organiza constitucionalmente España, a nuestro sistema democrático y al proyecto de integración europea que hoy más que nunca hay que respaldar, a pesar de las dificultades crecientes que impone el actual contexto internacional-, seguimos convencidos de la necesidad de plantar batalla -lo consideramos incluso nuestra obligación-, estamos dispuestos a proseguir y profundizar en nuestra de defensa y reivindicación del buen gobierno y de la buena administración, objetivos irrenunciables para avanzar en nuestro proyecto democrático. No puede considerarse perdida la batalla que se libra del lado de la Constitución y de la legalidad, desde la ética pública. Y si estuviera perdida -cosa que en modo alguno creemos-, no quedaría otro remedio que librarla pese a todo, para no ser cómplices ni partícipes del asalto y saqueo a nuestra democracia.

Es posible que sorprenda a muchos el hecho de que los funcionarios públicos -o algunos de ellos- hagan un uso público de la razón como pretende realizar esta Asociación en su blog y en sus diferentes escritos -expresando sus puntos de vista sobre la realidad de nuestras instituciones públicas, que en modo alguno puede considerarse monopolio de la clase política- y que con ello se arriesguen o nos arriesguemos a quebrar la imagen de imparcialidad que impone el estatuto jurídico de la función pública. Creemos que el compromiso de los servidores públicos es precisamente el de ejercer una defensa activa de los principios del Estado de Derecho, tanto en el desempeño de sus puestos de trabajo como en el ejercicio de su ciudadanía, en la que hay que entender comprendidos el derecho de asociación o la libertad de expresión.

Estamos faltos de organizaciones comprometidas con los valores e intereses públicos -incluso, cuando ello pueda ir en contra de intereses personales o corporativos-, y creemos que los servidores públicos asumen una responsabilidad especialmente exigente en el servicio al interés general -que no se cumple cuando dejan de importar las condiciones en que se ejerce la función pública y no se reacciona frente a la desprofesionalización, politización y patrimonialización de lo público-, y observamos con esperanza que la idea que anima a esta Asociación prende en otras partes de nuestro país, como ocurre en Asturias o Andalucía. Ello no hace sino reforzar nuestro rechazo a la indiferencia y al fatalismo. No importa que tengamos ante nosotros una tarea infinita y que este compromiso hayan de formularlo otros individuos y otras generaciones en el futuro como otros lo hicieron en el pasado.

Nuestras circunstancias -pese a las dificultades que apreciemos- son enormemente favorables respecto a las que otros han tenido que afrontar para defender similares objetivos, por lo que no hay nada que pueda justificar el desistimiento o la entrega a la indiferencia o al fatalismo.