EL SENTIDO DE LOS CONTROLES.

El poder democrático se caracteriza por ser un poder limitado, sujeto a controles que lo limitan y, sobre todo, lo supervisan. El sistema democrático, como destacó el profesor Martín-Retortillo, se fundamenta en el principio confianza-desconfianza, operando el primero en la confianza que se deposita en nuestros representantes a través del sufragio y el segundo a través del sistema de controles establecido para evitar un abuso o uso inadecuado de las potestades públicas que ejercen los cargos públicos elegidos por los ciudadanos.

Observamos con preocupación, especialmente en nuestra Comunidad Autónoma, cómo los controles se vienen desactivando o cuestionando de forma permanente, como si fueran algo negativo, que viene a poner en cuestión, de forma inoportuna, la transparente y correcta gestión de la mayoría parlamentaria y el gobierno al que sostiene. Se llega, como llegó el portavoz socialista en la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón, con motivo de la comparecencia de los representantes de esta Asociación, a calificar las denuncias por actuaciones ilegales de meras opiniones, pues según su tesis no existiría ilegalidad en tanto no sea declarada por un juez. Estrecha visión del Estado de Derecho, que no resiste el menor análisis.

¿Acaso alguien desconoce el enorme número de infracciones de todo tipo que no llegan a ser sancionadas nunca? ¿Dejan acaso de ser infracciones por el hecho de no ser sancionadas? Dejan de haberse producido cuando los tribunales se limitan a apreciar su prescripción. Sólo esa filosofía de que la ilegalidad, para existir, ha tenido que ser declarada por los tribunales, justifica la cultura de la impunidad en la que se ha instalado nuestra clase política, confiada en la remota posibilidad de que alguna de sus actuaciones irregulares -es decir, ilegales- sean declaradas o sancionadas por los tribunales. Al servicio de tal impunidad juega, además, la restricción en la posibilidad de acceso a los tribunales. No hay rubor, por ejemplo, en alegar la falta de interés legítimo de esta asociación para velar por el respeto de la legalidad de función pública. Curiosamente, el poder, en dicha estrategia de blindaje procesal, recibe el entusiasta apoyo de algún sindicato llamado de clase, como es Comisiones Obreras. Los que anteponen su interés o estrategia al buen funcionamiento del Estado de Derecho acaban, lógicamente, haciendo causa común en los momentos decisivos.

Esta Asociación confía, no obstante, en que algunas de sus "opiniones" se transformen en sentencias, incluido el futuro pronunciamiento del Tribunal Constitucional por la vulneración que en nuestra opinión efectuó la Mesa de las Cortes de Aragón al derecho de petición ejercido ante dicha Cámara. La mera posiblidad de una sentencia condenatoria ha forzado a un claro cambio de actitud. Por eso, cuando nuestras tesis y peticiones, pese a su argumentación jurídica, no reciben respuesta alguna por parte del Gobierno de Aragón -como ocurre con la desvirtuación del deber de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual-, no nos queda otro remedio que trasladar la cuestión a los tribunales. No para que corrija una interpretación inadecuada de la ley, sino para que sancione su flagrante incumplimiento.

Hay quienes confían la calidad de la democracia a los mecanismos de participación ciudadana -acaso con la secreta aspiración de desactivar todavía más el control ciudadano sobre el poder político-, pero olvidan poner el énfasis necesario en el carácter básico e insustituible de los mecanismos de control. La calidad de la democracia, como todo, está en el control de calidad y en la voluntad de calidad.

¿En qué condiciones ejercen sus funciones de control tanto la Intervención General como la Inspección General de Servicios? ¿Alguien, tanto en el Gobierno como en la oposición parlamentaria, ha prestado alguna atención a esta cuestión? ¿Cuál es la eficacia de la actividad de tales órganos? ¿Acaso se preocupa alguien de atender alguna de las sugerencias llevadas a cabo por parte del Tribunal de Cuentas al examinar las cuentas de nuestra Comunidad Autónoma? ¿No preocupa que se juzgue débil el control interno de las cuentas públicas de la Administración autonómica? ¿En qué radica dicha debilidad? ¿Preocupa a alguien cuando se acuerda el cese de algún alto funcionario de la Intervención General, como ha sucedido en este año? ¿No hay que reclamar que se expongan públicamente las razones de tales ceses para despejar las posibles sospechas de que con ellos sólo se busque la eliminación de controladores incómodos, es decir, profesionales convencidos del papel que les corresponde desempeñar?

Convencidos de que los controles -los sistemas de alerta- son un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento de cualquier organización o actividad, cuya importancia cobra particular significación cuando lo que se haya en juego son los intereses generales, esta Asociación va a reforzar su actividad de propuesta y vigilancia en todo lo que concierne a la vigencia del principio de desconfianza, es decir, de control al poder político. No se olvide que la profesionalidad y la inamovilidad de la función pública son, precisamente, un factor de limitación a la actuación del poder político. Ahora bien, corresponde en buena parte a los servidores públicos el lograr que ello sea efectivamente así.