Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han sido seriamente amonestados por el Tribunal Constitucional, que les acusa de no respetar la Constitución, al incumplir los plazos establecidos para la renovación de los magistrados de dicho Tribunal. El Pleno de este órgano constitucional acordó, el pasado día 21 de diciembre, recordar a los grupos parlamentarios su obligación de respetar los preceptos de la Constitución y dirigió tal recordatorio al Presidente del Congreso, José Bono, con el ruego de que diese traslado del mismo a los distintos grupos de la Cámara.
Con ello se evidencia al máximo nivel posible la tensión producida entre las instituciones que encarnan el principio democrático -el Congreso de los Diputados y el Senado- y el órgano que tiene encomendada la más relevante tarea de defensa del Estado de Derecho, como es la protección de la Constitución frente a la actuación de cualquier poder público, incluido el Parlamento.
En el presente caso, el Tribunal no está enjuiciando la constitucionalidad de una norma o acto emanado de las Cortes Generales, sino que está recordando al Parlamento español la obligación de atenerse a los preceptos constitucionales en lo que afecta a los plazos de renovación de los magistrados de dicho Tribunal. Con ello, recuerda a los Grupos Parlamentarios -presencia de los partidos políticos en las Cortes Generales- el deber común de poderes públicos y de ciudadanos de cumplir lo establecido en la Constitución Española. Mal ejemplo de respeto a la Constitución ofrecen los partidos políticos cuando sus grupos parlamentarios tienen que verse amonestados por el propio Tribunal Constitucional.
Los ciudadanos asistimos a este conflicto con evidente perplejidad y acaso olvidamos nuestra capacidad para hacer uso, también por nuestra parte, de los mecanismos que arbitra la propia Constitución para intervenir y hacer oir nuestra voz ante las instituciones, contribuyendo con ello a que los poderes públicos reciban la oportuna presión ciudadana y social para ajustar su conducta y sus competencias a las exigencias de nuestra Constitución, sirviendo tal intervención como necesario reproche social que ha de recibir toda institución que ignore sus preceptos o mandatos.
En tal sentido, esta Asociación estudiará la utilización del derecho de petición a las Cámaras que se reconoce en el artículo 77 de la Constitución Española, para dirigirse al Congreso de los Diputados y respaldar de forma expresa, como ciudadanos españoles comprometidos con el Estado de Derecho, la amonestación realizada por el Tribunal Constitucional.
Bien por el Tribunal.
ResponderEliminarMADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
ResponderEliminarEl Congreso ha prorrogado otra semana más, hasta final de mes, el plazo para proponer candidatos a las cuatro plazas del Tribunal Constitucional que debe renovar la Cámara baja, por lo que ese proceso ya no se podrá culminar al menos hasta el 25 de enero, fecha en que está prevista la próxima sesión plenaria.
La falta de acuerdo entre PSOE y PP, cuyo concurso es imprescindible dada la mayoría cualificada que se requiere en el Pleno del Congreso para aprobar los nombramientos, ha motivado esta segunda prórroga de un plazo que arrancó el 30 de noviembre.
¿De vacaciones parlamentarias sin resolver el tema del Tribunal?
ResponderEliminarEl escollo, según se reconoce en medios parlamentarios, es la decisión del PP, ratificada este lunes por Esteban González Pons, de mantener a Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como candidato pese al rechazo del PSOE.
ResponderEliminarLa candidatura de Enrique López, impulsada por el PP en todas las comunidades autónomas, fue desechada por el Senado al considerar que no cumplía los requisitos. El PP recurrió ese veto ante el Tribunal Constitucional, que inadmitió la impugnación alegando que los 'populares' no eran quienes debían recurrir.
Habida cuenta de que el Alto Tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión, si López cumple o no los requisitos para formar parte del TC, un sector del PP sigue manteniendo su candidatura, pese a que el PSOE no lo acepta.
La asociación de jueces Francisco de Vitoria ha acusado a PP y PSOE de irresponsabilidad “política y moral” por el retraso en la renovación del Tribunal Constitucional, que ha sobrepasado ya los tres años.
ResponderEliminarEl portavoz de la asociación, Marcelino Sexmero, señaló en declaraciones a Servimedia que si los partidos políticos, en este caso socialistas y populares, “no se ponen de acuerdo y no cumplen lo que la Constitución y la ley establecen, lógicamente incurren en una responsabilidad política y moral”.
Acusó además a Gobierno y oposición de haberse “cargado la mecánica de renovación por tercios” que la Carta Magna establece para el Tribunal Constitucional con el retraso en los nombramientos.
Aún así, Sexmero restó importancia al retraso en la publicación de los nombramientos de los cuatro nuevos magistrados del Constitucional designados por el Senado –Luis Ignacio Ortega, Adela Asúa, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos- en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
“Será cuestión de días, a nadie se le va a ocurrir esperar meses para publicarlo en el BOE, eso nunca ha ocurrido”, señaló el portavoz de la Francisco de Vitoria", quien dijo creer que si todavía no se ha publicado debe ser “porque falta algún requisito, una vez que se han nombrado no debería haber ningún problema”.
En este sentido, señaló que es el presidente del Senado, Javier Rojo, quien debe remitir el acuerdo para su publicación en el BOE y subrayó que legalmente este trámite se tiene que llevar a cabo en 20 días. El nombramiento de los magistrados designados por el Senado tuvo lugar el pasado 1 de diciembre.
“Si se está retrasando será porque a todos los grupos les conviene por razones de coincidencia en la renovación a los efectos de volver a establecer las ternas correspondientes”, señaló.