LA ASOCIACIÓN RECABA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN ATENCIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se ha dirigido al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para darles traslado de la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón al Gobierno de Aragón, recordándole la obligación de aprobar anualmente la Oferta de Empleo Público, de acuerdo con lo que establece la ley.

Esta Asociación entiende que las Cortes de Aragón, en cuanto institución representativa de los ciudadanos que ejerce, entre otras funciones, la de control e impulso de la acción de gobierno, han de velar por el buen funcionamiento de la Administración autonómica y por la adecuada ordenación de la función pública aragonesa, evitando que por parte del Gobierno de Aragón se infrinjan las disposiciones legales establecidas para asegurar la profesionalidad de la función pública y el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.

Tres años sin aprobación de Oferta de Empleo Público en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de la Administración General, dentro de los últimos cinco años, es un dato que debiera preocupar a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, y creemos que los efectos de dicho incumplimiento son claramente visibles en la realidad que vive la Administración autonómica.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón:

“Zaragoza, 18 de diciembre de 2009.

Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería

Estimados señores:

El Justicia de Aragón ha informado a esta Asociación de la sugerencia formulada al Departamento de Presidencia, recordándole que el Gobierno de Aragón debe aprobar anualmente la Oferta de Empleo Público, tal y como prevé la legislación aplicable. Dicha sugerencia responde a la queja planteada en su día por esta Asociación, por la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público en 2008.

Con esta fecha, nos hemos dirigido a los responsables del Departamento de Presidencia para trasladarles nuestra petición de que tal sugerencia sea expresamente aceptada por el Gobierno de Aragón y, en coherencia con ello, se proceda al inicio de las actuaciones oportunas para asegurar la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2010 durante el primer trimestre de dicho ejercicio.

La condición de funcionario público cuenta con una garantía de inamovilidad establecida por la Ley para asegurar el deber de imparcialidad que conlleva el ejercicio de sus funciones, como expresamente se señala por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por ello, la falta de aprobación anual de Oferta de Empleo Público, además de un incumplimiento manifiesto de lo que establecen el Estatuto Básico del Empleado Público y la vigente Ley de Ordenación de la Función Püblica de la Comunidad Autónoma de Aragón, supone un factor de deterioro del modelo constitucional de función pública, al provocar que una gran parte de los puestos de trabajo de la Administración autonómica, en lugar de ser desempeñados por funcionarios de carrera, se encomienden a personal interino, con la consiguiente merma en la profesionalidad y en la imparcialidad de la función pública aragonesa.

La no aprobación de la oferta anual de empleo público –algo que, en los últimos cinco años, ha sucedido ya en tres ocasiones, en los ejercicios 2005, 2006 y 2008- no constituye, como puede apreciarse, un hecho aislado, sino un incumplimiento grave y reiterado por parte del Gobierno de Aragón, que no sólo redunda en la calidad de los servicios públicos, sino también, y de forma muy destacada, en la vulneración del derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, conforme a criterios de mérito y capacidad.

Una función pública profesional y seleccionada conforme a las exigencias legales es una garantía para el correcto ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma, y por ello no debieran ser indiferentes a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón los diferentes incumplimientos de la legislación de función pública en que incurre el Gobierno de Aragón, como es el caso de la necesaria aprobación de la Oferta de Empleo Público, pues sus efectos redundan directamente en un constante deterioro de la calidad y de la profesionalidad de la función pública.

Por ello, al tiempo que damos traslado a ese Grupo Parlamentario de la sugerencia efectuada por el Justicia de Aragón, nos permitimos insistirles en la necesidad de que el Parlamento aragonés sea una institución plenamente comprometida en la defensa de la legalidad en materia de función pública, ya que ésta constituye una pieza decisiva para la realización de todas las políticas públicas de nuestra Comunidad Autónoma y para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos aragoneses.

Agradeciéndoles de antemano la atención dispensada a nuestro escrito, reciban nuestro más atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.